Las mujeres en el desamparo

La sucesión de femicidios puso en la mira de la Legislatura a la Dirección Provincial
de Políticas de Género. Pedido de renuncia, ratificación y muy pocas
explicaciones.

Por Ezequiel Nieva

¿Quién protege a una mujer golpeada? ¿Qué hace el Estado
ante las denuncias? La ola de femicidios en la provincia –19 en lo que va del
año, cuatro de ellos el último mes– reactivó el debate y puso en la línea de
fuego a las autoridades, que dejaron más dudas que certezas al explicar las
políticas que llevan adelante para atacar la problemática.

Militantes sociales y dirigentes de todos los espacios
coinciden en que se trata de un problema cultural profundo. Pero difieren
cuando se trata de discutir el abordaje. Para las organizaciones que trabajan
por los derechos de las mujeres, el Estado sigue en mora mientras los
asesinatos se suceden: un fenómeno que fue definido por la periodista y
activista Ana Fiol como “una guerra de baja intensidad”.

Santa Fe es la segunda provincia con mayor cantidad de
femicidios, sólo superada por Buenos Aires. Un relevamiento de la concejala
rosarina Norma López (Frente para la Victoria) indica que en todos los casos la muerte
fue a consecuencia de las agresiones de hombres de su círculo íntimo: parejas,
ex parejas o parientes. Desde su espacio contabilizan 19 casos en los primeros
ocho meses de 2013; la provincia suma 18.

La concejala y militante feminista señaló que según los
datos registrados “sigue siendo la franja etaria de los entre 15 y los 50 años
donde se da la mayor cantidad de femicidios y el arma blanca es la más
utilizada”. La demanda principal es que se establezcan protocolos de atención y
que la sociedad, en su conjunto, se sume a la lucha contra la violencia de género.

Mucho ruido y pocas nueces

En agosto hubo cuatro femicidios: dos en Santa Fe, uno en
Rosario y otro en Venado Tuerto. La cercanía en el tiempo, la alevosía con que
ocurrieron, el patrón –fueron cometidos por parejas o ex parejas–, la
imposibilidad de previsión por parte del Estado, motivaron que el tema volviera
al tope de la agenda. Se debate la declaración legislativa de la “emergencia
por violencia de género”, pero las demoras en el tratamiento del proyecto
ratifican que la solución no pasa por allí. Las leyes están; algunas no se
cumplen y otras no se aplican.

En paralelo a la discusión en torno a la sanción de la
emergencia, la directora provincial de Políticas de Género de la provincia,
Mercedes Martorell, fue a la
Cámara de Diputados convocada por la oposición, que no quedó
conforme con sus explicaciones y le pidió al gobernador Antonio Bonfatti que
remueva a la funcionaria.

La directora de Políticas de Género, Mercedes Martorell, junto a los diputados, en una reunión abierta a la prensa pero no a las militantes.

Martorell expuso las políticas de su Dirección, tanto en lo
referido a prevención y concientización como en el acompañamiento a las
víctimas. Sus argumentos resultaron insuficientes para el PJ. No supo explicar
cuál es el protocolo que sigue la
Policía ante una denuncia por violencia realizada por una
mujer (dijo que esa respuesta debe darla el Ministerio de Seguridad). Tampoco
confirmó cuándo se comenzarán a elaborar estadísticas. También deslizó críticas
–compartidas por los legisladores– hacia el Poder Judicial.

A la reunión pudo ingresar la prensa pero no las militantes
que se habían acercado a la
Legislatura. De entrada, Martorell definió la problemática
como “compleja” y dijo que la violencia contra las mujeres es un emergente de
cuestiones sociales y culturales más profundas. El abordaje de los casos “no
puede ser rápido”, dijo. Y puso como ejemplo los tres meses que demandó lograr
una entrevista con una mujer que había hecho una denuncia.

Durante toda su exposición la directora de Políticas de
Género evitó plantear casos con nombre y apellido y, en cambio, trató de
señalar las conclusiones a las que arribó desde su asunción en diciembre de
2011. Mencionó la capacitación en materia de derechos de género para la Policía y los convenios
con municipios y comunas para abordar, de manera conjunta, el tema. En sus 20
meses de gestión, dijo que su oficina realizó 617 intervenciones; en el mismo
lapso hubo 45 mujeres asesinadas en la provincia.

No quedó claro cuál es el protocolo ante una denuncia.
“Varios”, respondió la funcionaria. “Estamos poniendo en crisis lo que existe
porque la realidad lo demanda”. Reiteró que se trata de un tema complejo, no
sólo por su esencia sino porque además requiere de un trabajo conjunto entre la Justicia, la Policía, la provincia y
las ciudades y comunas. Un “proceso de cambio cultural” que no se verá en el
corto plazo.

Entre las medidas que el gobierno implementó, Martorell
enumeró la habilitación de 12 casas de amparo o refugios –para mujeres y niños–
en distintas localidades de la provincia. Hay uno en la ciudad (por razones de
seguridad, no se informa su ubicación).

No obstante, para los protagonistas del encuentro quedó la
sensación de que la funcionaria a cargo de la Dirección de Políticas
de Género no sabe cómo trabaja la
Policía ante una denuncia. “Las mandan de vuelta a su casa”,
sostuvo María Claudia Albornoz, de la Coordinadora de Mujeres. Ante los diputados,
Martorell había dicho que su oficina –que depende del Ministerio de Desarrollo
Social– está “profundizando la articulación” con el Ministerio de Seguridad.

En un segundo plano quedó lo relacionado con el Poder
Judicial. Oficialistas y opositores coincidieron en reclamar medidas concretas
a jueces que no dictan medidas de restricción o que, si lo hacen, luego no
observan su cumplimiento. También Martorell deslizó algunas críticas, en
particular por “los tiempos”·, aunque prefirió remarcar la intención de
articular el trabajo entre ambos poderes del Estado.

Un caso testigo

Griselda Noemí Correa tenía 26 años y vivía con su pareja,
de la misma edad, y su beba de nueve meses. La mataron de seis balazos la noche
del martes 20 de agosto; el autor del crimen escapó de la escena con la beba,
que horas después fue entregada a su abuela materna. Griselda había alertado
sobre golpizas previas: hizo una denuncia una en una comisaría de Santo Tomé y
otra en la Seccional
1ª de Santa Fe. Martorell lo negó y dijo que se enteró por los medios de la
muerte de la joven.

El hecho ocurrió en barrio Cabal. La Policía divulgó el perfil
del asesino, apodado el “El gusano”: compra y venta de mujeres,
estupefacientes, armas de fuego y asaltos. La información es pública y apareció
en todos los medios. Por algunos episodios delictivos debió comparecer ante la Justicia, pero
“extrañamente”, como consigna El Litoral, siempre salió airoso.

Susana Montes, la madre de Griselda, hizo el relato: “Ella
hacía dos años que estaba juntada con este tipo. Él quería mandarla a trabajar
(de prostituta). Se habían conocido en un baile. Ya el año pasado, él la hizo
trabajar y ella quedó embarazada. Cuando él se enteró, le pegó tanto que
terminó internada en el Iturraspe. Allí perdió a su bebé como consecuencia de
la golpiza”.

“Ahora –sigue Susana– quería quitarle a su bebé porque la
quería vender para que trabaje ocho meses en Córdoba. Y ella no quería. La
semana pasada (antes del asesinato) la encerró y la quiso quemar. Ahora no
estaban viviendo juntos porque él tiene otra pareja. Él aparecía y le daba
palizas. Todo siguió así hasta que ella se escapó. Los vecinos la ayudaron a
escapar cuando le estaba pegando y la quería quemar”.

“Se fue a vivir a Santo Tomé, a la casa de mi nuera. Ella
radicó una denuncia allá en la comisaría de Santo Tomé por el miedo que tenía.
Porque él amenazaba que si ella se iba, entonces nos iba a matar a todos.
Además estaba muy golpeada. Los policías de Santo Tomé le dieron un papel para
que venga a la Seccional
1ª para que la vea el médico policial. Todo eso ocurrió el mismo día que la
mató, cuando este tipo supuestamente la levantó ahí, en la Seccional 1ª”.

“De ahí él la trajo en el auto hasta acá. Yo no pude ver
nada porque tiene vidrios polarizados. Entonces me metí adentro. Por ahí
escucho que me gritan: ‘¡Mamá, mamá, me quitó la bebé!’. No alcancé a
reaccionar cuando lo veo entrar a la casa con un arma. Primero le pegó tres
tiros a Griselda y se fue. Al rato volvió y le pegó tres tiros más cuando ella
estaba en el suelo. Yo estaba con mis dos nenitas, de 10 y 5 años”.

El debate en la campaña

La diputada justicialista Alejandra Obeid dijo tras el
encuentro con Martorell: “La
Policía no comunica las denuncias a la Dirección de Políticas
de Género. Griselda Correa hizo dos denuncias que no fueron comunicadas a
Martorell. Griselda Correa murió y la denuncia quedó en la Policía porque no se hizo
nada después. Entonces, ¿para qué tantos organismos?, ¿para qué tenemos tanta
gente si no somos capaces de salvarle la vida a una mujer?”.

En bloque, pese a sus disidencias internas –y acaso
alentados por la coyuntura electoral–, los diputados del PJ pidieron la
renuncia de la directora de Políticas de Género. El gobierno ni se molestó en
responder y Martorell quedó ratificada. Entre tanto, en el movimiento de
mujeres esperan mayor compromiso del Estado –en todos sus niveles– para ponerle
fin al flagelo.

Publicada en Pausa #121, miércoles 11 de septiembre de 2013

Disponible en estos kioscos