La reforma penal ya tiene su fecha de parto

Tras siete años de discusiones, en 2014 la burocracia de la Justicia provincial será
suplantada por un nuevo sistema.

El gobierno y la Corte Suprema de Justicia de la provincia
acordaron poner en marcha la reforma penal el 10 de febrero de 2014. La
definición de la fecha en que se comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal
Penal despejó dudas sobre el avance del proceso iniciado en 2007, aunque
todavía falta que la
Legislatura termine de designar a los funcionarios que
ocuparán cargos en los nuevos órganos de la Justicia Penal: el
Ministerio Público de la
Acusación y el Servicio Provincial de Defensa Penal.

El nuevo sistema de enjuiciamiento oral se usará en toda la
provincia y para todos los delitos previstos en el Código Penal.

El gobernador Antonio Bonfatti celebró el acuerdo con la Corte: “Estamos satisfechos
porque a partir del diálogo entre poderes hemos avanzado en una definición que
no es sólo la de una fecha sino la de un día histórico para la provincia. Ahora
caminamos, sin dudas, hacia ese horizonte y le damos certidumbre a todos
quienes intervienen y forman parte del sistema de justicia penal”.

Durante una reunión celebrada el 25 de septiembre en la Casa Gris, todos los
actores que tuvieron responsabilidades en la transformación evaluaron las
tareas realizadas en materia normativa, de infraestructura, de capacitación,
entre otros ejes, y también las materias pendientes. Con ese esquema, acordaron
que la fecha de inicio del nuevo sistema: el lunes 10 de febrero de 2014.

El Ejecutivo pretendía aplicar el nuevo código en el último
trimestre de este año, no obstante lo cual se consideró oportuno recabar la
opinión de otros actores del Poder Judicial con responsabilidades
fundamentales. En ese marco se llevó a cabo la reunión y por muchas razones,
fundamentalmente organizativas, todos coincidieron en que culminada la feria
judicial es el momento más adecuado para que se ponga en vigencia en su
totalidad el nuevo sistema.

El ministro de Justicia Juan Lewis explicó que la decisión
se tomó por “prudencia”. Ya están todas las estructuras conformadas y están
reunidas las condiciones para la implementación integral del nuevo código. El
funcionario remarcó que la fecha no fue una decisión unilateral ni inopinada;
por eso se hizo la reunión entre el gobierno y la Corte, que forma parte de un
proceso de trabajo conjunto entre ambos poderes.

Los próximos pasos

El gobernador dictará un decreto con los términos centrales
del acuerdo, normativa donde constará la fecha en que entrará en vigencia
definitivamente el nuevo Código Procesal Penal de la provincia.

El Ejecutivo y la Justicia coincidieron en que las tareas para el
inicio del nuevo sistema están cumplidas. El cambio será profundo. Los delitos
comenzarán a investigarse y a juzgarse en consonancia con los postulados de la Constitución Nacional;
entre otros puntos, se pasará de un sistema escrito y secreto a uno oral y
público. Así, se pone fin a la etapa de implementación progresiva y a la vez
empezarán a participar los nuevos actores –fiscales y defensores– que aún están
siendo entrevistados por la
Legislatura.

El ministro Juan Lewis le dará fin a un proceso que tuvo mil idas, vueltas y resistencias.

El ministro Lewis explicó las principales diferencias entre
los sistemas: “Implica muchos cambios. Algunos son técnicos y a lo mejor a la
ciudadanía no les interesan. Pero hay tres cuestiones que van a redundar en una
diferencia respecto de cómo se está administrando la justicia penal
actualmente. Una es la posibilidad de que participen las víctimas como
querellantes, algo que ya estamos implementando gradualmente. La víctima ya no
es un mero testigo sino que puede presentarse, está considerada como parte
procesal, puede argumentar su propia hipótesis acerca de los hechos y puede
ofrecer pruebas. Otra gran diferencia es la modalidad de investigación y
persecución. Aparece un actor fundamental: el Ministerio Público de la Acusación. Antes
los roles de acusar y juzgar, en la etapa inicial del proceso penal –la
instrucción–, estaban confundidos en la figura del juez de instrucción. Ahora
estos roles están diferenciados: el juez es un tercero que no se compromete ni
con el acusado ni con el acusador. Y el tercer punto, lo que más va a percibir
la gente, es que en este sistema todas las decisiones trascendentes del proceso
–no solamente la sentencia– van a ser tomadas en audiencias públicas y orales,
ya no más en el despacho de un juez a puertas cerradas. Cualquier ciudadano va
a poder ver cómo trabajan los jueces, los fiscales y los defensores. En
definitiva, cómo se administra justicia”.

Menos burocracia

De ser implementado de forma eficaz, el nuevo sistema acerca
la Justicia
a la gente y busca una respuesta más eficiente frente al delito. La ciudadanía
ejercerá en forma plena sus derechos –aparece la figura del querellante, que
hoy no existe– y obtendrá contención y respuesta a sus requerimientos de parte
de fiscales y defensores. La reforma apunta a un proceso penal inclusivo e
igualitario y asegura un fácil acceso a la Justicia para toda la ciudadanía, en especial a
los sectores más vulnerables que no pueden contratar un abogado por falta de
recursos. La oralidad supone menos burocracia: se reemplaza al expediente, que
era clave en el sistema anterior, por las audiencias orales y públicas.

El nuevo sistema es menos complejo. Antes había procesos
escritos, burocráticos y con mucho papeleo; ahora, se ofrecería una Justicia
más cercana y comprensible, a la vez que apunta a descongestionar la actividad
en Tribunales.

Publicada en Pausa #123, miércoles 9 de octubre de 2013

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