La pericia que duerme en Tribunales

La única pericia oficial sobre el ingreso del río Salado a nuestra ciudad, durante la creciente de 2003, fue realizada por los ingenieros Jorge Daniel Bacchiega, Juan Carlos Bertoni y Jorge Adolfo Maza, sorteados para tal fin por quien fuera Juez de Instrucción de la causa, Diego de la Torre, el 29 de setiembre de 2004. Su objetivo fue “contestar a 17 preguntas formuladas por el Sr. Juez, 4 formuladas por el Sr. Fiscal y 5 por el Actor Civil”. Para ello, los peritos elaboraron un resumen ejecutivo de 30 páginas, quince anexos que recopilan todos los datos duros sobre el hecho y tres agregados para evacuar las inquietudes de los tres actores jurídicos mencionados.

A once años de la inundación, todavía hay quienes justifican la ruinosa acción del gobierno municipal y provincial –cuyas cabezas eran Marcelo Álvarez y Carlos Reutemann– en el carácter extraordinario del evento (cuya recurrencia, es cierto, es estimada en la pericia en lapsos de 800 años). Sin embargo, sobran los argumentos para señalar la responsabilidad de los funcionarios en el estudio que le da sustento jurídico y técnico a la causa, en la que sólo están imputados el ex intendente, el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex director de Obras Hidráulicas Ricardo Fratti, mientras que los ex gobernadores Reutemann y Jorge Obeid ni siquiera fueron procesados.

Aquí volveremos a resumir algunos de los resultados del informe.

La infraestructura

Dentro de las “causas básicas” del ingreso del agua a Santa Fe, los peritos identifican:

• “La inexistencia de un cierre integral de la región Oeste-Norte que permitiera cerrar el anillo de defensa con una cota tal que brindara un nivel de protección homogéneo a todos los sectores de la ciudad;
• la errónea concepción del proyecto de terminación del tramo II y la previsión de una medida de cierre de emergencia de difícil ejecución una vez configurada esta última;
• la existencia del terraplén de la autopista Rosario-Santa Fe con una luz libre insuficiente para situaciones de crecidas”.

Vale decir: la Circunvalación Oeste, que también debía fungir como defensa frente a las crecientes del Salado, no servía para nada. Al contrario, funcionó como una trampa, ya que embalsó el agua y provocó que hubiera mayor altura del río dentro de la ciudad que afuera.

Esta obra –proyectada y licitada durante el primer gobierno de Reutemann, inaugurada durante el primer gobierno de Obeid– debía comprender tres tramos, sólo se hicieron dos. El Tramo II culminaba a la altura de la calle Gorostiaga, cerca del Hipódromo, en una pared vertical. Durante 1998, en una creciente del Salado de menor magnitud, se hizo un cierre provisorio con bolsas de arena: tal es el principal antecedente de la peligrosa inutilidad de la defensa.

La pericia es lapidaria: “en caso de haberse culminado con el cierre de la defensa, no se hubiera producido el ingreso de las aguas de la forma abrupta e incontrolada como efectivamente ocurrió”.

En referencia a la autopista a Rosario, su puente tenía una luz de 155 metros para que pase todo el río “en un ancho del valle de inundación superior a 1.000 metros La presencia de su terraplén produjo sobreelevaciones en el nivel aguas arriba del orden de 0,70 a 0,80 metros”. Esa mayor altura elevó, a su vez, el nivel del agua que ingresaba cientos de metros más arriba, por Gorostiaga.

Pocas veces recordado, otro punto que reseñan los peritos son los canales rurales que desembocan en el arroyo Cululú, que vierte sus aguas en el Salado. A través de dichos canales, “se observaron aumentos de la magnitud de los caudales del orden del 30 % y reducciones del orden de 12 horas en el tiempo de llegada. La importancia de este último aspecto radica en la disminución del lapso disponible para la adopción de medidas emergenciales”.

Tres días

Más allá de las obras mal planeadas y peor ejecutadas, dentro de las “causas básicas” de la tragedia, los peritos también identifican:

• “La inexistencia de un sistema de alerta debidamente organizado y la falta de un Plan de Contingencia que hubiera asignado roles y medidas adecuadas a tomar una vez que el agua ingresó a la ciudad;
• los retrasos con los que se tomaron las medidas de emergencia preventivas y no estructurales durante el evento, vinculadas principalmente a la falta de planificación que dio lugar a una fuerte desorganización en el accionar de las autoridades”.

Estas consideraciones recaen fundamentalmente sobre el Comité de Emergencia Hídrica, que llevaba funcionado dos años y en el que revistaban varios funcionarios de primera plana del Ejecutivo local y provincial –Berli, Fratti y Álvarez entre ellos– como la secretaria de Promoción Comunitaria Adriana Cavuto, el secretario General y Técnico de la Gobernación Ricardo Spinozzi, el subsecretario de Municipios y Comunas Claudio Tibaldo y el administrador de Vialidad José D’ambrosio, por nombrar algunos.

Sobre el accionar del Comité, los peritos evalúan que “no estuvo signado por metodologías y orden, sino que muy por el contrario fue desordenado y falto de liderazgo en su coordinación. Varios de sus miembros desconocían sus roles” y también, prácticamente, ironizan al enumerar que realizaron “evacuaciones que no evitaron víctimas fatales; el cierre de la defensa con bolsas de arena y material pétreo cuando ya estaba entrando el agua por calle Gorostiaga; la rotura del terraplén de defensa en la zona suroeste de la ciudad cuando ya el agua había alcanzado la altura de 3 metros dentro de la ciudad”.

Pero quizá la afirmación más contundente es la que establece que el Comité contaba con un “pronóstico de la crecida, que hubiera permitido el accionar con 3 días de anticipación como mínimo”, fuera de que también reseñan que “Durante los meses de octubre de 2002 a marzo de 2003 se produjeron importantes precipitaciones en la cuenca del Salado santafesino. Estas precipitaciones, ampliamente documentadas en varias publicaciones, fueron muy superiores a la media de los registros y produjeron un aumento significativo del contenido de humedad en el suelo”.

Más allá de las advertencias públicas, los peritos consideran que la penetración de la crecida en la ciudad, el 27 de abril, “resulta un elemento de aviso importante como para encarar medidas preventivas de evacuación”, que no se hicieron. Incluso, “el día 28 se contaba con elementos suficientes como para disponer la evacuación masiva de la población ubicada al sur de la autopista, además de aquella que ya se encontraba anegada al norte de la misma”.

Como se recordará, en la mañana del 29 de abril el entonces intendente Marcelo Álvarez les avisaba a todos los vecinos de los barrios del suroeste que no corrían peligro, a través de una entrevista en vivo por LT10. Quizá confiaba –así lo declaró en sede judicial– en “la existencia de acciones en la zona de cruce de la autopista Santa Fe-Rosario, mediante las cuales se intentaba detener el agua con el cierre de alcantarillas de paso”. El torpe intento falló, el agua escurría por muchos más lugares que las alcantarillas, “no encontrándose evidencias de que dicho accionar estuviera respaldado por una evaluación técnica de los volúmenes que efectivamente ingresaban a la ciudad”.

Mientras tanto, el 29 por la mañana el Comité de Emergencia recibía de mano de los técnicos de Obras Hidráulicas una previsión exacta de hasta adónde llegaría el agua. Aún así, se movilizó a la ciudadanía para ir a defender el Hospital de Niños, si bien ya se sabía que era necesario un terraplén consolidado de dos metros de altura para salvarlo.

Lógicamente, a esa altura de los hechos una evacuación organizada era imposible. Otra vez con un estilo que roza el sarcasmo, los peritos afirman que las acciones del Comité fueron correctas, excepto que “se observa una demora de al menos un día en la oportunidad de ejecución de las mismas”.

Estas demoras fueron decisivas, sobre todo en lo que refiere a las voladuras en el terraplén para que escurra el río: había una diferencia de dos metros de altura entre el agua embalsada adentro de la ciudad y fuera de la letal Circunvalación. Por ello el Salado corrió de sur a norte entre la noche del 29 y la mañana del 30, llegando a la zona del puerto después de arrasar el Centenario. Como señalan los peritos, el mismo 29 “Según declaraciones que figuran en el Expediente Nº 1341/2003, existió la intencionalidad primaria de efectuar cortes en los terraplenes de defensa y en el terraplén de aproximación al puente de la Autopista”. De haberse realizado esas voladuras, el río no habría llegado al sur de la ciudad.

Fue la naturaleza

“Fue un terremoto”, “fue un aluvión”, “fue imprevisible”: las justificaciones ensayadas por los responsables de las 158 muertes que produjo la inundación –23 reconocidas oficialmente y apenas 18 incorporadas en la causa judicial– resultan insultantes frente a la solidez del informe técnico de Bacchiega, Bertoni y Maza. Es cierto que la creciente fue un fenómeno natural excepcional; la inundación de la ciudad, no obstante, fue causada por las obras que planearon y ejecutaron Reutemann y Obeid y por la desidia de los funcionarios que vieron venir el agua como si fueran simples espectadores.

La causa sigue su curso y todavía se espera sentencia, mientras los acusados interponen una y otra vez recursos para dilatar el fallo. Mientras la justicia se demora y se agiganta la impunidad, el ejercicio de la
memoria se vuelve imprescindible.

Nueva dilación en la Justicia

Marcelo Álvarez apeló la última decisión del juez Cristian Fiz –quien había rechazado su pedido de prescripción– y volvió a empantanar la causa que investiga las responsabilidades políticas de la inundación de 2003.

Fiz había resuelto el último 4 de abril no hacer lugar al planteo del ex intendente, para quien ya se superó el “plazo razonable” de la investigación. El juez giró el expediente a la Cámara de Apelaciones, que deberá sortear quiénes serán los magistrados que integren el tribunal que resolverá el nuevo planteo de Álvarez. Así, el avance de la causa penal vuelve a detenerse para dar lugar, otra vez, al debate sobre la prescripción: una treta de los imputados para ganar tiempo.

De fondo, el debate es entre el derecho de los acusados a tener un proceso dentro de los llamados “plazos razonables” y el derecho de las víctimas de lograr justicia también en un “plazo razonable”.

 

Publicada en Pausa #132, miércoles 23 de abril de 2014