La legalización: una alternativa

Ante el horror de la violencia narco y la persecución
judicial, una nueva ley de drogas es el reclamo de los organizadores, en Santa
Fe, de la Marcha
Mundial de la
Marihuana.

Por Ezequiel Nieva

La prohibición fracasó. Está claro que no resuelve el
problema del narcotráfico ni el de las adicciones. A través del fallo Arriola,
el 25 de agosto de 2009, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó precedentes
para avanzar hacia una nueva legislación de drogas. Cinco años más tarde, el
tema parece instalarse, de a poco, en la agenda política, aunque no hay señales
de que se vayan a tomar decisiones importantes en lo inmediato.

Los activistas plantean la despenalización del cultivo y la
tenencia de marihuana para uso personal y señalan a Uruguay como modelo aseguir. Para ellos, la prioridad pasa por la ampliación de las libertades
individuales. Sostienen que el Estado debe enfocar su lucha contra el
narcotráfico en los eslabones principales de la cadena comercial y dejar de
perseguir al consumidor.

La marihuana es la droga ilegal más usada en el país, por
eso los grupos que trabajan por la legalización piden, al mismo tiempo, avanzar
hacia una política de reducción de daños. Se trata más de un tema de salud que
de una problemática policial, aunque la actual legislación borra la frontera
entre una y otra arista.

En la
Justicia Federal, de competencia exclusiva para el delito de
narcotráfico, se siguen concentrando la mayor parte de los recursos “en
perseguir los actos de consumo personal que no traen aparejado un peligro
concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”, sostienen desde Juventudes por la Despenalización,
las organizaciones políticas que organizaron la versión local de la Marcha Mundial de la Marihuana.

Según el documento suscripto por la mayoría de las
juventudes políticas –al que no adhirieron ni la Juventud Peronista
ni Franja Morada–, entre el 60  y 80% de
los casos de tenencia de drogas judicializados derivan, atentos a la
declaración de inconstitucionalidad de la Corte mediante el fallo  Arriola, en la absolución de los imputados:
un desperdicio de tiempo y recursos que podrían enfocarse a otros fines.

Por eso, piden que el sistema punitivo se concentre en la lucha
contra el crimen organizado en lugar de poner la lupa en los usuarios. Tras el ruidoso desembarco de las fuerzas federales en Rosario encabezadas por el
secretario de seguridad de la
Nación Sergio Berni, hubo un solo operativo importante, el
primer fin de semana de mayo, que incluyó 30 allanamientos simultáneos en
localidades del sur provincial y permitió desarticular a una banda narco con
cabecera en la ciudad de Pérez.

Crece la marcha

Por tercer año consecutivo, Santa Fe adhirió a la Marcha Mundial de la Marihuana, una actividad
global iniciada en 1999. En 2012 y 2013 fue mediante actividades en el Parque
del Sur; ahora hubo una movilización, la tarde del sábado 3 de mayo, que partió
de la explanada de la
Legislatura y terminó en Plaza de Mayo.

La principal demanda fue la despenalización de la marihuana
y un marco legal que garantice el autocultivo. En días previos a la marcha, y
con la situación de Rosario como trasfondo –donde sigue siendo moneda corriente
la destrucción de búnkeres de drogas por parte de las fuerzas de seguridad–, el
gobernador Antonio Bonfatti señaló la importancia de seguir de cerca la
experiencia de Uruguay como alternativa válida (ver aparte).

La consigna es absolutamente clara y compartida por los jóvenes de organizaciones políticas partidarias de muy diversas ideologías.

El tema comienza a salir del ámbito judicial; los activistas
tomaron nota y organizaron actividades en las principales ciudades del país. En
Santa Fe hubo más de 400 personas que marcharon a Plaza de Mayo en una colorida
columna por la avenida General López. En el acto se leyó un documento elaborado
por las juventudes políticas y organizaciones sociales, entre ellas el Cuter
Club, que promueve el autocultivo y el uso responsable.

La declaración de las juventudes políticas de Santa Fe está
firmada por la
Juventud CC-ARI, el Movimiento Evita, la agrupación Paco
Urondo, la Juventud
del partido Pares, la
Juventud Socialista, la Juventud del SI, la Juventud Radical
y los estudiantes del MNR Litoral. Franja Morada y la Juventud Peronista
no se sumaron a la movida.

Los argumentos

En el documento, los jóvenes sostienen que el objetivo
central es “poner fin a la criminalización, estigmatización y persecución de
los cultivadores y usuarios de marihuana” y explican que los resultados
logrados a partir de la aplicación de la Ley Penal de Estupefacientes 23.737 –más tráfico,
más adicciones, más delitos conexos– demuestran el fracaso del paradigma de la
prohibición y la penalización “que persigue y condena la simple tenencia para
consumo personal”.

Entre otros argumentos, citan un estudio de la Procuraduría de
Narcocriminalidad (Procunar) que indica que apenas el 3% del total de las
causas por infracción a la ley 23.737, del fuero federal, son para investigar
delitos conexos vinculados al narcotráfico e incluso el lavado de dinero, lo
que evidencia “una clara selectividad por parte del sistema penal en relación
al último eslabón de la criminalidad organizada y compleja: el consumidor”.

Además, denuncian que, a pesar del fallo Arriola, “las
fuerzas de seguridad nacionales y provinciales continúan realizando detenciones
por tenencia de estupefacientes para consumo, contribuyendo a la generación de
expedientes judiciales sobre los cuales fiscales y jueces terminarán
ajustándose al criterio antes mencionado”.

“En consecuencia”, prosigue el documento, “desde hace cinco
años nuestro sistema continúa concentrando la mayor parte de sus esfuerzos y
recursos económicos en perseguir los actos de consumo personal que no traen
aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.

Las organizaciones que trabajan por la despenalización
llamaron a debatir “responsablemente” el caso Uruguay como “posible camino” ya
que la legalización de la marihuana favorece “cuestiones conceptuales en
relación a las libertades individuales” y es, además, un “claro mensaje del
Estado en su lucha contra el narcotráfico”.

Fundamentos

“La penalización agrava los efectos de la droga”, dice Pablo
Ascolani, miembro de la
Asociación Rosarina de Estudios Culturales (Arec) y coautor
del libro Historia de la marihuana en la Argentina.

Para Ascolani, la inédita suma de posicionamientos de
“actores de máxima importancia y jerarquía”, desde el juez de la Corte Eugenio
Zaffaroni hasta el gobernador Antonio Bonfatti, en favor de un debate más
profundo indica que están dadas las condiciones para cambiar de plano la ley
vigente y reemplazarla por otro instrumento más eficaz.

Bonfatti encendió la mecha

El gobernador Antonio Bonfatti se mostró a favor de evaluar la despenalización del consumo de marihuana –una decisión que sólo puede
adoptar el Congreso de la
Nación– y desató un intenso debate político.

“No me cierro a ninguna posición o a tomar una decisión.
Quiero ver cómo le va a Uruguay. Y si en Uruguay es exitoso, lo compartiría
totalmente”, indicó el mandatario provincial.

“El problema del narcotráfico existe en todo el mundo. Hay
países que lo resuelven legalizando el consumo, otros con una prevención muy
fuerte y otros que todavía tenemos que acordarlo y discutirlo”, dijo Bonfatti y
agregó: “Mientras haya consumo, habrá venta. Aquel que cree que por eliminar
los búnkers va a terminar con la comercialización, se equivoca”.

El diputado nacional y presidente del PRO santafesino,
Miguel Torres del Sel, rechazó la idea del gobernador, dijo que no es el camino
adecuado y pidió que la provincia invierta más recursos en prevención de
adicciones. “La legalización de la marihuana, sin importar cómo comience,
abrirá la puerta al uso de otras drogas. Esto puede marcar una tendencia
peligrosa”, opinó Del Sel. También los concejales del PJ de la ciudad salieron
al cruce del mandatario, a quien le pidieron que rectifique sus dichos. Desde
el bloque integrado por Ignacio Martínez Kerz, Sebastián Pignata, Silvina Frana
y Juan José Saleme manifestaron que las palabras de Bonfatti “no hacen más que
explicar la inoperancia del gobierno frente al peor flagelo que enfrenta la
sociedad en general y la juventud en particular”.

“El mensaje de Bonfatti es altamente repudiable. Desde su
investidura de máxima autoridad provincial subestima un drama social, como es
el de la droga, que hoy se paga con la vida de vecinos inocentes en esta
escalada de violencia con la que se imprime el delito en nuestra provincia, con
muchos jóvenes presos de adicciones que pierden su vida”, expresaron los
concejales justicialistas.

Publicada en Pausa #133, miércoles 7 de mayo de 2014