La contrarreforma policial

Agentes retirados podrán reincorporarse con un plus de 3.000
pesos. También saldrán a la calle cadetes del Isep. En total: 2.200 nuevos
policías.

Por Ezequiel Nieva

A contramano de la reforma policial iniciada en 2012, el
gobierno resolvió reincorporar agentes retirados y sacar a la calle a los
cadetes de primer año del Instituto de Seguridad Pública, aún cuando –por
decisión del mismo gobierno– la carrera dura tres años.

La reforma había sido decidida en el marco del Plan de Seguridad
Democrática que lanzó la provincia a fines de 2012 y que, si bien es
consecuencia directa de la detención del ex jefe de Policía Hugo Tognoli, tiene
como antecedente los cambios implementados durante la breve gestión del ex ministro Leandro Corti, quien quitó de la órbita de la Policía las secciones de
narcotráfico y trata de personas.

El accionar de la Policía provincial se encuentra muy cuestionado por sus lazos con el delito.

El Plan de Seguridad Democrática apunta, entre otros
objetivos, a la profesionalización de las fuerzas de seguridad de tal forma de
lograr “una nueva estructura policial”, según el ministro de Seguridad Raúl
Lamberto: algo que se contradice con la decisión de sacar estudiantes a la
calle junto a policías jubilados.

Otras aristas del plan son la Policía Comunitaria
y la de Investigación, los Centros de Denuncias Territoriales, el Programa
Vínculos, las inversiones en equipamiento y la reestructuración de la fuerza en cinco regiones –igual que los nodos políticos en que se divide la provincia–
para que las jefaturas tengan una mayor proximidad con los territorios.

Las medidas fueron adoptadas siempre ante alguna de las
muchas crisis que golpearon a la administración del Frente Progresista: el caso
Tognoli, el brote de violencia narco, los procesos judiciales y las detenciones
de agentes –y personal jerárquico– de la Policía vinculados a redes delictivas.

En ese marco, la reincorporación es una respuesta política
de coyuntura a las demandas de Rosario y Santa Fe, que no logran mejorar sus
índices ni siquiera con la presencia de los agentes trasladados desde las
localidades más pequeñas de la provincia, aunque sí con la presencia de las
fuerzas federales, en el caso de Rosario.

El decreto

Antes de viajar a Nueva Zelanda, el viernes 6 de junio,
Bonfatti firmó el decreto que promulga la ley de reincorporación voluntaria de
policías retirados. La norma había sido sancionada dos semanas antes por la Legislatura, a pedido
del Ejecutivo, y habilita a retornar a la fuerza a los agentes retirados de
hasta 58 años que no hayan sido condenados por ningún delito ni se encuentren
bajo proceso judicial.

Es una de las medidas dispuestas por el gobierno para
enfrentar las olas delictivas que azotan a Rosario y Santa Fe; la otra se
comenzará a visibilizar el año próximo cuando se sumen a las tareas de
patrullaje y custodia los cadetes seleccionados de primer año de la carrera de
Técnico Superior en Seguridad Pública. Entre cadetes y reincorporados, el
Ministerio de Seguridad pretende sumar 2.200 agentes más a la Policía.

El personal reincorporado ingresará con la jerarquía que
tenía al momento del retiro. Esos agentes cobrarán el sueldo correspondiente al
de sus colegas en actividad según cada jerarquía, incluyendo los suplementos
por “riesgo profesional” y “dedicación especial”. Además, percibirán en forma
mensual una compensación monetaria de carácter remunerativo y no bonificable de
3.000 pesos, que quedará sujeta a las variaciones que se dispongan por política
salarial.

Además, el gobierno dispuso que el personal policial que
cumpla 18 meses de servicio efectivo a partir de su reincorporación y supere la
evaluación que se efectúe tramitará un ascenso extraordinario a la jerarquía
inmediata superior que reconozca “la valiosa actitud de colaboración demostrada
por el agente para con el plan de seguridad democrática en marcha”, según
sostiene el decreto.

Los agentes jubilados que vuelvan a la fuerza se irán
sumando en forma paulatina a las tareas en Santa Fe y Rosario, mientras que el
personal que fue enviado desde las pequeñas localidades del interior, para
reforzar la seguridad en las dos principales ciudades, volverá a sus anteriores
funciones. Las primeras incorporaciones –tanto de cadetes como de retirados– se
harán en dos o tres meses; el gobierno espera completar el proceso para fin de
año o principios de 2015.

Para el criminalista Máximo Sozzo, director del programa
“Delito y Sociedad” y docente de la
UNL, las medidas “son respuestas a coyunturas precisas. En
este caso, falta de personal policial en distintos lugares de la provincia.
Esto es un paso atrás en la reforma de la Policía porque largaría a la calle un personal
con una formación débil”.

La ciudad pide gendarmes

La semana pasada, el intendente José Corral encabezó un
nuevo encuentro del Consejo de Seguridad de la ciudad que reúne a autoridades del Ministerio de
Seguridad y de la Policía,
concejales, el senador departamental, funcionarios municipales y representantes
del Ministerio Público de la
Acusación. Se analizó el plan de trabajo que presentaron las
nuevas autoridades de la
Unidad Regional I de la Policía, se avanzó en la coordinación de acciones
y se reiteró el pedido de presencia permanente de la Gendarmería.

Los ejes del encuentro tuvieron que ver con el análisis de
la situación de la ciudad en materia de seguridad y el accionar de la Policía. Los
participantes del encuentro intercambiaron sus puntos de vista sobre las
acciones y subrayaron a importancia de avanzar en la articulación entre las
fuerzas policiales y el Ministerio Público de la Acusación, con una
atención especial de los menores en conflicto con la ley penal.

Se repasaron las acciones de prevención que se realizan en
el sistema de transporte público, en articulación entre la provincia y el
municipio, y se destacaron los buenos resultados de la conexión de los botones
de alerta del sistema GPS al Centro de Monitoreo Municipal.

También se hizo mención al buen funcionamiento del Centro de
Monitoreo por cámaras que tiene el Municipio y se destacó la incorporación de
nuevas cámaras que está instalando el gobierno provincial. Finalmente, se
reiteró la necesidad de gestionar la presencia permanente de la Gendarmería en la
ciudad.

Tognoli, a juicio

La
Justicia rechazó el último recurso interpuesto por el ex jefe
de Policía Hugo Tognoli, quien irá a juicio oral acusado de encubrir a un
presunto narco y de amenazar a Norma Castaño, titular de la ONG Madres Solidarias. La Cámara Federal de
Casación Penal rechazó un recurso de queja del abogado defensor de Tognoli,
Carlos Edwards, contra la decisión del mismo tribunal que le había denegado un
recurso de casación.

Tognoli está procesado como presunto “autor del delito de
encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por haberse cometido para
ocultar un delito especialmente grave, cuando ha existido ánimo de lucro y el
autor fuere funcionario público”, dice la resolución judicial.

La investigación le atribuye a Tognoli, cuando era jefe de la ex división Drogas Peligrosas, haber “auxiliado” al presunto narco Daniel
“Tuerto” Mendoza para realizar el video de un encuentro con Norma Castaño con
el fin de amenazarla con su difusión si la mujer no retiraba una denuncia
contra el jefe policial.

En el caso también están procesados otros dos policías: el
segundo de Tognoli en Drogas, José Luis Baella, y el agente Mauricio Otaduy.

El video presuntamente grabado para extorsionar a Castaño
fue realizado cuando la brigada a cargo de Tognoli estaba investigando a
Mendoza por tráfico de drogas.

Publicada en Pausa #135, miércoles 11 de junio de 2014