La disputa por el Parque Alberdi

Un acampe y varias movilizaciones ponen en jaque un proyecto
privado-municipal para la construcción de cocheras en un espacio verde que es
patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Por Milagros Argenti

Comenzó la obra para la construcción de cocheras
semisoterradas en el espacio público situado frente a la API, y con ella la polémica.
Vecinos organizados en asamblea bajo el lema “El Parque Alberdi no se toca”
realizan desde el 14 de junio un acampe para impedir la continuidad de los
trabajos, y ya recurrieron a la Justicia para frenarlos. Mientras tanto, desde el Ejecutivo
local aseguran que se siguieron todos los pasos administrativos y legales
correspondientes.

Contrato y proyecto

El proyecto obtuvo el voto unánime del Concejo en diciembre
de 2012 y el gobierno de la ciudad avanzó entonces en el llamado a licitación
en los primeros meses de 2013.

Resultó ganadora una UTE conformada por Park Centro SA (CAM
SA y Ponce Construcciones SRL), con la cual se firmó el contrato el 10 de
febrero de 2014. El texto establece un plazo de concesión de 30 años (no
prorrogables) y un canon anual de $12.000. La inversión a realizar estaba
fijada en $33.065.498,07, pero el intendente José Corral aclaró que “a valores actualizados”
sería de $50 millones.

Según las explicaciones de funcionarios municipales, la
iniciativa prevé 295 dársenas para vehículos, que equivaldrían a 25 cuadras de
estacionamiento medido. De los 15.245 metros cuadrados que tiene el parque, las
cocheras ocuparían 7.280 de forma semisubterránea. En ese sector el terreno a
nivel de superficie será elevado y se le hará una cubierta vegetal.

Con respecto a los árboles, el subsecretario de Ambiente
local, Roberto Celano, indicó que de los 137 existentes se conservarán 65, los
más grandes y con un mayor valor ambiental. Otros 46, de una altura no superior
a los 3,5 metros y tallo de entre 15 y 20 centímetros, serán trasplantados en
el entorno. Los restantes serán extraídos. Por otra parte, el Monumento a la Madre será restaurado y
emplazado en un espejo de agua, y se instalarán nuevos juegos infantiles por
rangos de edades. También habrá algunos para niños discapacitados. Celano
remarcó especialmente: “la plaza no va a desaparecer”.

De hecho, el contrato rubricado establece que “la concesión
de obra pública no comprende el área libre a nivel de parque, la cual será
espacio de uso público general”.

Denuncias

“No se puede detener el progreso, querida”, espeta, con
desprecio, un señor de sobretodo que atraviesa el parque con la clara intención
de enrostrarle su posición a algún manifestante. No es la única provocación
visible. Los funcionarios de la
Guardia de Seguridad Institucional de la Municipalidad
también hacen lo propio. Observan de forma socarrona, susurran chicanas al
paso, amenazan sin argumentos cuando creen que los medios están ausentes.
Aparentemente, nada punible en lo penal. Dos veces acudió al parque el fiscal
regional Ricardo Fessia, citado por los acampantes, y no encontró delito
alguno. Algunos de ellos le aseguraron que habían sufrido lesiones y violencia,
pero no quisieron acompañarlo a la Seccional Primera de la Policía (sita a metros del
lugar) para hacer la denuncia. Poco puede hacer, entonces, el funcionario del
Ministerio Público de la
Acusación. 

De todas formas, el 19 de junio pasado los asambleístas
hicieron una presentación ante los Tribunales santafesinos por una medida
cautelar de no innovar para que no se avance con el estado de obra, y para que
luego se resuelva sobre el fondo de la cuestión.

Argumentos contrapuestos

La oposición de los asambleístas se basa en cuatro razones
principales. En principio, consideran que la ciudadanía no fue oportuna ni
correctamente informada sobre la modificación del Parque. El Municipio niega
esta acusación, arguyendo que todo está disponible en la página web oficial.
Luego, los vecinos autoconvocados advierten sobre el impacto ambiental y urbano
que podrían tener los trabajos. “Habitamos una ciudad con clima cálido y en
constante incremento de la polución, provocada justamente por la mayor cantidad
de automóviles y construcciones edilicias en la zona céntrica, por lo que es
necesario mantener e incrementar los pulmones verdes que aún existen”, dicen.
El Ejecutivo local responde que el estudio de impacto fue efectuado por la Secretaría de Medio
Ambiente de la provincia, que aprobó la iniciativa. Además, insiste en que el
espacio no se perderá y que se forestará la zona aledaña al Alberdi, pero que a
la vez no puede dejarse de lado el problema del tránsito y el estacionamiento
en ese sector; en tal sentido, afirman, la manera de reducir la contaminación
es que las cocheras sean soterradas y no en superficie. En este punto cabe
preguntarse por la decisión gubernamental de implementar el carril exclusivo en
calle Rivadavia, que no sólo ha demostrado hasta ahora cuestionables resultados
sino que obligó a la supresión de diez cuadras de estacionamiento.

Un acampe frenó la construcción privada de cocheras semisoterradas en el espacio verde. La protesta que pone en vilo los planes de la Municipalidad. Fotos: Bárbara Favant

En tercer lugar, la Asamblea recuerda que el Parque Alberdi es
Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la ciudad, pese a lo cual “el proyecto
elimina elementos identitarios de la ciudad (pérgola, mástil, mobiliario,
etc.), como si se tratara de un mero terreno a desmontar sin memoria ni otro
valor que el meramente económico”. Desde la Municipalidad
consideran que, por el contrario, se está avanzando en una “puesta en valor”
del lugar.

Finalmente, los acampantes reparan en una situación que
acaso sea la más controversial: “se está disponiendo de un espacio público para
un lucro privado” y “por un cánon de tan sólo $1.000 mensuales”. El secretario de la Producción Pablo Tabares afirmó que “la plaza no se privatiza, sigue
siendo pública y las cocheras también son públicas, son patrimonio del Estado”.

Lo cierto es que, en la práctica, esto último no sucederá
hasta que transcurran los 30 años previstos por el contrato de concesión. El
funcionario rebatió también las críticas hacia el canon previsto, al decir que
“la empresa debe recuperar la importante inversión que realizará, en un
contexto económico muy desfavorable”. Un cálculo rápido permite avizorar que
para eso le alcanzaría y sobraría con menos de un lustro.

“Se están esgrimiendo consignas incorrectas que preocupan a
la gente”, advirtió Tabares. “Yo le pido a la ciudadanía que se informe”,
remató. Y si bien es cierto que es obligación de los vecinos hacerlo, también
es deber del Estado suministrar a tiempo y claramente todos los elementos para
ello.

Publicada en Pausa #136, miércoles 25 de junio de 2014