Sobre la inutilidad de las razzias

Apenas el 3,44% de los trasladados por averiguación de antecedentes tiene pedido de captura. El debate sobre la seguridad y la violencia institucional crece a nivel nacional.

La barrita está parada en la esquina tomando cerveza. El kiosquero les hace la gamba: sabe que ninguno de ellos, tanto como él mismo, tiene la posibilidad de pagar un porrón al precio de un bar o de un boliche, si es que los dejan entrar, si es que una vez adentro no se tienen que bancar que los miren con terror y asco. No está preocupado: jamás un inspector municipal se va a hundir tan adentro del barrio. El patrullero, a veces sí. Pasa, llega a la esquina, dobla y se pierde. Algunos precavidos dejan unos pesos y se van, otros siguen empinando, confiados, y pierden: el móvil vuelve a aparecer, avanzando lento, y se detiene. Con paso cansino, los oficiales dejan caer su consigna: “Documentos...”.

Esta escena es conocida y repetida. Hay otras versiones. Por ejemplo: un pibe, de esos pibes que ya tienen el rótulo imborrable de estar “en conflicto con la ley”, le cuenta que le gusta la música a su acompañante terapéutica del centro de salud de su barrio, de esos barrios donde los senderos son de barro. La acompañante le consigue clases gratuitas con un profesor de guitarra. El profesor vive entre los bulevares. El pibe va una clase, dos, después no va más. La acompañante, cuando lo vuelve a ver, le pregunta por qué no asiste más. El pibe le dice que la policía lo ve y lo detiene. “Me piden los papeles de la guitarra”, explica con espesa naturalidad.

El artículo 10 bis de la ley orgánica de la Policía de la provincia de Santa Fe fue incorporado en 1997 y establece que la fuerza no puede detener, ni restringir la libertad sin orden de autoridad competente, y que sólo puede demorar a alguien para identificarlo cuando exista “sospecha o indicios que pudiera relacionarse a alguien con la preparación o comisión de un ilícito”. Para expresarlo con mayor claridad, el artículo 10 bis es el que ampara a los oficiales para detener por averiguación de antecedentes.

En respuesta a un pedido de informe, el 3 de julio de 2013 el ministro de Seguridad Raúl Lamberto le remitió al diputado provincial Eduardo Toniolli un listado sobre la cantidad de personas demoradas, en toda la provincia y en 2012, bajo esta modalidad.

Las personas con efectivo pedido de captura que fueron halladas con estas detenciones sumaron 1.088. Esto representa apenas el 3,44% del total de 31.622 que se comió al menos seis horas a disposición de la voluntad del comisario, ya que para la aplicación del artículo 10 bis no es necesaria orden judicial. La pregunta es sencilla: ¿para qué sirven estas detenciones?

Violencia institucional

Estas formas de acción de la gorra sobre la gorrita no son nuevas. La fuerza policial es una institución que prácticamente no fue modificada durante la democracia. O, para peor, fue cobrando autonomía y trabando lazos cada vez más finos con los delitos complejos, como la trata o el tráfico de drogas, cuando no fue envalentonada en sus prácticas violentas a partir de las leyes Blumberg y de la entronización mediática de cierto tipo de discurso reaccionario contra la inseguridad.

En el marco de un creciente debate a partir del recrudecimiento de la violencia urbana, los paros policiales y los linchamientos, el 8 de mayo se realizó en el Congreso de la Nación el Encuentro de Federal por una Seguridad Democrática y Popular, organizado por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, cuyo responsable provincial es el diputado Toniolli.

Los ejes del encuentro fueron la disputa del sentido de la seguridad a los voceros de la mano dura, la democratización de las fuerzas policiales federales y provinciales, la reforma de la Justicia y del Código Penal, la acción de los hombres de azul en los barrios más abandonados, la experiencia de los familiares de las víctimas del gatillo fácil, la estigmatización de la pobreza y la oposición a los proyectos de servicio militar obligatorio. Entre otros, hablaron el ministro de Defensa Agustín Rossi, el presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, Estela de Carlotto y el periodista Horacio Verbitsky. En el panel de apertura, el diputado nacional Leonardo Grosso, coordinador nacional de la Campaña, expresó un punto clave en la cuestión: “La seguridad es un tema muy complejo como para dejarlo sólo en manos de la policía”.

En diálogo con Pausa, Grosso indicó que la acción de la Campaña consiste en brindar “asesoría jurídica gratuita para construir la estrategias de litigio en casos de gatillo fácil, abusos policiales y demás, y por otro lado armar una red de promotores, voluntarios, y organizaciones para desarrollar actividades de formación ciudadana, de promoción de los derechos: qué hacer si te detienen, cómo abordar la violencia social cuando hay conflictos entre distintos grupos en el barrio, jornadas solidarias, charlas, debates, y hasta movilizaciones a la justicia o a las comisarías”.

Por su parte, Toniolli señaló que en Santa Fe “además de una campaña de difusión para instalar la problemática en la discusión publica, hemos presentado iniciativas legislativas que van desde la derogación de la figura de averiguación de antecedentes hasta la derogación de la potestad que hoy tiene la Policía de la provincia para tomar declaración indagatoria en sede policial. En el plano de la capacitación, estamos formando una red de promotores en contra de la violencia institucional para que cualquier persona pueda intervenir frente a casos de estas características. Hemos también repartido unos cuadernillos que se llaman ‘Si te detienen’, con información sobre qué hacer frente a una detención arbitraria, cómo reaccionar y ante quién se puede recurrir”.

Verdugueo variable

“Portación de rostro” es la carátula popular para designar la causa principal que justifica la detención por averiguación de antecedentes. La irrisoria eficacia de este procedimiento esconde, además, las realidades que viven los jóvenes pobres portadores de rostro en las comisarías: apremios, insultos y hasta torturas. Pero, además, el informe extendido por la Sección de Inteligencia Criminal revela la dispar actuación de las diferentes unidades regionales.

El departamento La Capital lidera en las cifras, con 12.511 trasladados en 2012, de los cuales 586 (el 4,6%) corresponden a personas con efectivos pedidos de captura. En Rosario, con mayor población, se registraron 11.844 demorados, de los cuales sólo el 1,88% era reclamado por la Justicia. Juntas dan cuenta del 77% de este tipo de detenciones.

Con muchos menos habitantes, son significativas las cifras en Castellanos (3016 traslados, apenas 4 tenían pedido de captura), San Lorenzo (799 traslados, 161 con pedido de captura), General López (704; 76) y San Jerónimo (699; 4).

Más allá de los ridículos guarismos de efectividad en Castellanos (0,13%) y San Jerónimo (0,57%), que evidencian que las razzias están completamente lejos de servirle a la Justicia y cerca de ahondar en la discriminación, cabe señalar que, sumadas, las unidades regionales de Belgrano, Caseros, Garay, 9 de Julio, Vera, San Javier, San Martín y San Cristóbal trasladaron a sede policial apenas a 238 personas (el 0,75% del total).

Así, se puede concluir que, además, cada unidad regional opera de acuerdo a su propio arbitrio. O, por decirlo de otro modo, que no hay una política de seguridad general para este accionar cotidiano, característico e inútil de la Policía.

Qué viene detrás de la Gendarmería

“Creemos que el resultado ha sido positivo en términos de correr a los narcovendedores de los territorios para frenar las hostilidades hacia los sectores populares. Después habría que ver cómo avanza la Justicia sobre las estructuras mas firmes de la narcocriminalidad, sobre el lavado de dinero. Ahora, la provincia tiene que avanzar en también en la reforma policial: esa fuerza quedó caduca y no pudo hacerse cargo de este problema”: así evaluó el diputado Leonardo Grosso la intervención de la Gendarmería en Rosario. “El socialismo no se ha hecho nunca cargo de esto”, continuó, en referencia a la ola de violencia en Rosario. “Nosotros estuvimos en el barrio Nuevo Alberdi después de que los narcos tirotearan a compañeros nuestros del Movimiento Evita, haciendo una jornada solidaria, tratando de acompañar a los vecinos que habían derribado un búnker, y la verdad es que el municipio no nos mandó ni los camiones para levantar la basura, y eso que habíamos hablado antes. No hay decisión política de acompañar esto”, agregó.

Mientras crecen las voces demandando una intervención de las fuerzas federales en la ciudad de Santa Fe, con el intendente José Corral y el diputado Héctor Acuña a la cabeza, Eduardo Toniolli recordó que la intervención de Gendarmería se debió a un pedido del gobierno provincial, en el marco de la ley de Seguridad Interior, y a “requisitorias de la Justicia Federal para allanar búnkers en base a causas judiciales que habían empezado por arriba, por procesar al ex jefe de la Policía, Hugo Tognoli, y toda su estructura delictiva. En un primer momento la intervención cortó ciertos circuitos de las fuerzas de seguridad locales, imbricadísimos con el delito en el territorio. Pero es parte de una solución que incluye otro tipo de intervenciones necesarias: prevención social del delito y políticas que generen otros horizontes de vida en los pibes, que quizás ven en la participación en bandas ligadas al narcotráfico y al delito un lugar de prestigio,  reconocimiento, ascenso social y de posibilidad de consumo de un montón de productos que el mercado ofrece, legales o ilegales, a los que no todos tenemos la misma posibilidad de acceder. Dicho esto también hay que decir que hay algunos aspectos que son negativos, que tienen que ver con prácticas que son propias de las fuerzas federales y provinciales, a partir de prejuicios incorporados, tradiciones dentro de las fuerzas, que producen abusos contra determinados sectores de la población. Ya hubo denuncias de apremios y de malos tratos que no deben ser aceptados”. Y, luego, coincidió con Grosso al afirmar: “Si esta situación no genera que se lleve adelante la reforma de las fuerzas de seguridad provinciales, vamos a perder una oportunidad más. Esos son los desafíos que abre la intervención, que no va a resolver mágicamente la tasa de homicidios u otras situaciones”.

Sobre las cifras de la Correpi

Desde una vereda crítica, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denuncia que durante los últimos años la cantidad de muertos a manos de fuerzas del Estado ha aumentado notablemente. Hasta 2003 había 1.508 víctimas registradas; en 2012 aumentaron a 3.773: más del doble de las muertes se produjeron en los 10 años del kirchnerismo. El año con más casos registrados fue 2010 (282) y, luego, 2009 (281). Además, indican que el principal problema son las policías provinciales: 58% cae bajo esas fuerzas; 26% corresponde a los servicios penitenciarios; 10% a la Policía Federal.

Cifras de los muertos del Estado

Ante estas cifras, el diputado nacional Leonardo Grosso respondió a Pausa: “Siempre hubo un montón de casos de gatillo fácil, no creo que en estos últimos años hayan aumentado por una cuestión en particular referida a la política pública, que es lo que ellos intentan decir con esos informes. De lo que estoy seguro es de que en los últimos años se ha denunciado mucho más, se ha dado mayor visibilidad”.

Frente a la misma pregunta, el diputado provincial Eduardo Toniolli consideró que ese aumento tiene que ver con “una gran deuda de nuestra democracia, de nuestros gobiernos provinciales, en todo el país, que es la falta de reforma de las fuerzas de seguridad. Si bien hemos avanzado muchísimo en la recuperación y la generación de nuevos derechos, creo que en el marco de ese proceso lo que quizás no ha variado es la desigualdad. Se han recompuesto una serie enorme de indicadores sociales, se ha recuperado el trabajo, la producción, pero también han crecido enormemente los sectores más favorecidos. La desigualdad también es un factor que en determinados sectores genera maneras de pensar la cuestión de la seguridad desde una mirada represiva, de imposición de un sector social sobre otro. Eso genera muerte. A cada campaña de instalación del miedo la consecuencia inmediata es más muerte de pibes jóvenes en los barrios”.