El noreste tiene proyecto propio

Vecinos y organizaciones de Playa Norte, Bajo Judiciales y
Bajo Gada presentaron al Concejo un plan urbano con el fin de afianzarse en el
lugar y detener los desalojos.

Por Marcela Perticarari

En el noreste de la ciudad hay 250 familias asentadas hace
30 años en terrenos que el mercado inmobiliario ve con ansias de amplios
réditos económicos. La propuesta oficial apunta a relocalizar las viviendas
bajo distintos argumentos –incluso algunas fueron trasladadas en condiciones
que rozan lo indigno–, pero los vecinos se organizaron y presentaron su propio
proyecto de urbanización. De esta manera, bajo la figura de Iniciativa Popular
(prevista en el artículo 89 bis del Reglamento Interno del Concejo Municipal),
representantes de los barrios Playa Norte, Bajo Judiciales, Los Quinchitos y
Bajo Gada dieron a conocer el proyecto de ordenanza que ingresaron al Concejo
Municipal junto al Anteproyecto de Urbanización de los barrios del Noreste. Los
vecinos cuentan con un amplio respaldo social, además son asesorados por el
Centro de Salud Setúbal y las organizaciones Manzanas Solidarias, Tramas, MOI y
Canoa.

Las tierras que habitan las familias pertenecen a distintos
dueños y están localizadas en un sector definido por el polígono limitado al
Este por la Laguna
Setúbal, al Oeste por la Avenida General
Paz hasta Callejón Funes, al Norte por el humedal de la laguna y al Sur por el
terraplén French.

Años de trabajo participativo, relevamientos y talleres
respaldan el anteproyecto, cuyo título es “La lucha por el derecho a la
radicación desde los procesos de producción social del hábitat”. Lidia Aranda,
vecina de Playa Norte, destacó que el trabajo “plantea una organización de
ciudad para que no nos saquen. Hace años que la Municipalidad nos
quiere mandar a otro lado y queremos mostrar que tenemos un proyecto de
urbanización y buscamos mejorar el barrio. Vinieron a querer sacarnos sin
ninguna justificación, dándonos dinero. El primer antecedente fue el traslado
de varias familias a barrio Las Lomas, luego llegó la construcción precaria de Los Quinchitos, adonde fueron a parar otras 18 familias en 2011”, recordó.
“Convivimos con terrenos inundables que fuimos rellenando y podemos seguir
viviendo ahí. Queremos quedarnos acá porque tenemos sentido de pertenencia,
además las opciones que nos ofrecen tampoco son buenas: no podemos ir a vivir a
una habitación de cuatro por tres sin baño, cuando en mi casa tengo dos
habitaciones, cocina y comedor”, añadió Lidia.

Desde 2005, cuando mediante la ordenanza 11.197 se aprueba
la propuesta de extender la costanera y “erradicar el asentamiento”, los
vecinos conviven con la incertidumbre que producen las amenazas de ser desterrados de su lugar, opacando los proyectos de progreso y mejora en la
calidad de vida. El simple y milenario acto de plantar un árbol se torna
estéril cuando regularizar la situación no depende de ellos sino del proyecto
urbanístico e inmobiliario que planea el gobierno de turno. La historia de amenazas, desalojos forzados y derribamientos de viviendas indica que prima la
erradicación como política persistente.

Los tres barrios –Bajo Judiciales, Playa Norte y Bajo Gada–
se ubican dentro de un anillo de defensa que los rodea y define la
desembocadura del agua tras el terraplén French, un sistema inconcluso de
desagües pluviales de Guadalupe. Esto hace que algunos vecinos sufran problemas
de inundación, en especial cuando se suman lluvias copiosas a la crecida del
Paraná. La manutención de casabomba ubicada en el último terraplén es
cuestionable, pero cuando funciona la situación de la zona mejora notablemente.
En tanto, la provisión de servicios domiciliarios es deficiente y el
denominador común es la informalidad con la que se resolvió cada caso. La red
de agua potable es precaria y algunos vecinos tienen perforaciones a napas
contaminadas.

“Acá hay relaciones sociales con los lugares de trabajo, con
el centro de salud, con las escuelas, parroquias, clubes e instituciones. Este
sector se fue construyendo con personas que necesitaban un lugar mejor para
vivir, venían desde Chaco y localidades como Alejandra y San Javier, buscaban
su sustento en la laguna Setúbal ya que muchos de ellos son pescadores. Otros
se dedican a la cría de animales y al cirujeo. Prima un derecho humano que
atraviesa todo tipo de solicitud: el derecho a la vivienda y al hábitat en un
lugar que la ciudad no veía. Después de muchos embates se llega a esta
instancia propositiva, con un proyecto que dice que todo es posible, sin
necesidad de que la gente se tenga que mover. Tras la presentación en el
Concejo, contamos con el apoyo verbal de ediles de todos los bloques”, sostuvo
Liliana Berraz, de Manzanas Solidarias.

Propuesta propia

Los ejes del anteproyecto apuntan, en primer término, al
reciclaje de suelo urbano. En este sentido, la propuesta se centra en la
conformación de manzanas según los agrupamientos de viviendas ya existentes y
en continuidad con el amanzanamiento consolidado del sector noreste; medición y
subdivisión de lotes con las medidas adecuadas para cada familia que ya habita
en el sector; definición y consolidación de un límite de crecimiento urbano en
sectores del barrio no adecuados para construir viviendas; relleno de terrenos
o elevación de las viviendas en las zonas de cotas más bajas.

En cuanto al suelo sin uso en tierras privadas, se propone
la creación de nuevos lotes y construcción de conjuntos de viviendas
colectivas, priorizando las familias con problemas de hacinamiento.

Respecto a la conectividad, se establece la apertura de
nuevas calles de acceso vehicular y mejoramiento de las existentes; adecuación
de calles peatonales de acceso común; iluminación, desagües pluviales y acceso
a los servicios públicos, además de consolidación de los frentes de vivienda
sobre caminos de acceso y como referencia de los domicilios particulares.

Finalmente, se busca acondicionar los espacios verdes para
la construcción de paseos y plazas protegiendo la biodiversidad. Se apunta a la
constitución de espacios comunes para el acopio y selección en beneficio de
quienes viven del reciclaje. También se destinarían espacios comunes para la
realización de huertas y cría de animales. Los espacios comunitarios para
actividades culturales, educativas y sociales también están previstos.

Desde la organización Tramas explicaron que “la propuesta
tiene tres componentes básicos: uno es el de regulación de la tenencia de la
tierra que los vecinos han ganado con su trabajo, amparados en diversos
elementos normativos que van desde leyes nacionales como la 24.374 para la Regularización
dominial, pasando por artículos de nuestro viejo Código Civil vinculados a la
usucapión, es decir la adquisición de la propiedad por el paso del tiempo,
ocupando de manera pacífica, de buena fe, abierta y pública, hasta derechos de
carácter constitucional y tratados internacionales. Hay un conglomerado de
derechos que respalda la legitimidad de la tenencia de la tierra por parte de
estos vecinos, por lo tanto se está vehiculizando la idea avanzar hacia una
regularización dominial previa expropiación, considerando que tiene un fin de
bien público. En segundo lugar, el proyecto de ordenanza tiene que ver con la
gestión de las mejoras que necesita el barrio, donde se plantea una
preeminencia del proyecto de urbanización elaborado por el propio barrio,
aprovechando los conocimientos locales de los habitantes. Un tercer momento es
la generación de una mesa de diálogo, una instancia participativa
institucionalizada generando una profundización en la evaluación de otras instancias
antes de poner en práctica, por ejemplo, las estrategias de relocalización. Las
situaciones son muy diversas y siempre hay otras alternativas posibles antes de
romper un proceso social que además tiene de un significado vivencial y
económico, un proceso social de construcción de la identidad de estos barrios
que merece ser respetado y evaluado en todas las alternativas antes de optar
por otras más violentas”.

Un “suelo apetitoso”

En un tramo del anteproyecto se reconstruyen los principales
perjuicios de la inseguridad de la tierra al que se ven sometidos hace décadas
los vecinos del sector, así como los principales aspectos de las políticas
expulsorias impulsadas desde el Estado a nivel local, desde que los terrenos
fueron acaparando atractivo para el negocio inmobiliario, hasta la presentación
del proyecto de ordenanza por parte del Ejecutivo Municipal bajo el mensaje
66/12.

María Paz Coniglio, del MOI, puntualizó que se estableció la
zona como ‘de urbanización futura’ con el indicador de Residencial 4. “Esto
datos de la realidad implican que ante la propuesta del municipio de
relocalizar a quienes estaban habitando la zona para que este suelo apetitoso
para el mercado inmobiliario fuera la excusa para expulsar, los vecinos y las
organizaciones plantean la factibilidad de urbanizar considerando la necesidad
de realizar obras públicas. En el anteproyecto ponemos conocimientos técnicos
específicos en términos de arquitectura y jurídicos, junto al conocimiento de
los vecinos, quienes habitan cotidianamente su barrio. Esto implica la
participación del Estado. Y nuestra idea es poner sobre la mesa otro proyecto
frente a ese planteo de un reservorio que no considera el derecho de
permanencia de vecinos que están hace 30 años, porque debería ingresar otro sector
social debido al valor inmobiliario que tiene la zona. Para ello, planteamos
constituir una mesa de diálogo con el Estado donde el anteproyecto sea el
elemento para poder pensar ese plan de mejoras y urbanización como eje para
garantizar la radicación y el mejoramiento del barrio y sus viviendas”.

En Pausa #137, miércoles 16 de julio de 2014. Conseguilo en estos kioscos.