Las debilidades de la reforma penal

La autarquía policial y la escasez de fiscales y de
investigadores limitan el avance del nuevo sistema que “puede entrar en colapso
hacia fin de año”, según advirtió De Olazábal.

Por Ezequiel Nieva

A cuatro meses de la implementación definitiva, en la
provincia, del nuevo Código Procesal Penal, el fiscal general Julio De Olazábal
dio su primer informe ante la
Legislatura, en el que remarcó tres aspectos necesarios para
que la reforma tenga éxito: la
Policía tiene que encuadrarse bajo la dirección del
Ministerio Público –que forma parte del Poder Judicial–, hacen falta más
fiscales porque el sistema penal “puede entrar en colapso hacia fin de año”, y
se tiene que sancionar una ley para la creación del Organismo de
Investigaciones que llevará adelante la persecución de los delitos complejos.

El 19 de junio el fiscal general hizo su primer informe
anual en el recinto del Senado. El vicegobernador Jorge Henn presidió la
audiencia y allí el titular del Ministerio Público de la Acusación estuvo
acompañado por el ministro de Seguridad Raúl Lamberto. De Olazábal le envió un
mensaje a la Policía:
“Deberán investigar bajo la dirección de los fiscales”. Y lanzó elogios a “la
clase política santafesina por la valentía para cambiar el sistema judicial”.

“La Policía deberá investigar bajo la dirección de los fiscales”, sostuvo Julio De Olazábal.

En los primeros cuatro meses desde la puesta en marcha de la
reforma penal, el Ministerio Público de la Acusación inició 47.326 legajos en todo el
territorio provincial: 376 por día. El titular del organismo hizo hincapié en
el cambio de paradigma que significó el nuevo Código Procesal Penal: “La nueva
Fiscalía no quiere reproducir errores del pasado. Una de las prácticas que se
debe desterrar es dar por esclarecido el hecho por el solo anuncio de la
detección de un sospechoso, abandonando la investigación”.

El fiscal general destacó “la valentía” de todos los
sectores políticos de la provincia por la reforma –sancionada por unanimidad en
2007– y dijo que “ya se están viendo los frutos” de su aplicación. No obstante,
reclamó a la Legislatura
y al Poder Ejecutivo los acuerdos necesarios para que se designe más personal
para el Ministerio Público, ya que funciona con la mitad de los fiscales que
debería tener. “Las expectativas despertadas a consecuencia de la eficaz actuación
de fiscales en muchos casos en que les fue posible intervenir tempranamente, no
pudieron ser satisfechas en otros, pero ello no fue fruto de la desidia”.

“La simple relación”, continuó De Olazábal, “entre el número
de hechos delictivos que ocurren y el de fiscales existentes, hasta ahora sólo
50% de los concebidos por ley, evidencia la imposibilidad material de los
fiscales para atender personalmente todos los casos”.

Ahora el desafío central, según el fiscal, es la creación de
un Organismo de Investigaciones especializado que funcione en la órbita del
Ministerio Público, un tema que ha generado varios contrapuntos entre la Legislatura y el
Ejecutivo.

Por último, el fiscal le envió un mensaje a las fuerzas de
seguridad: “No es cierto que el nuevo Código o la nueva Fiscalía hayan atado
las manos de la Policía,
sino que ella deberá investigar bajo la dirección de los fiscales”.

Faltan fiscales

“El sistema penal puede entrar en colapso hacia fin de año”,
había señalado unos días antes de su mensaje a la Legislatura el fiscal
general de la provincia, quien reclama la incorporación de 70 nuevos fiscales
en las distintas jurisdicciones de la provincia.

La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, el 10
de febrero, se hizo con estructuras mínimas en los diferentes organismos
creados a partir de la reforma: el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio
Provincial de la Defensa
Penal y la
Oficina de Gestión Judicial.

Durante los últimos años se incorporaron fiscales y
defensores para el nuevo sistema, pero una vez que se empezó a aplicar en forma
integral cesaron prácticamente los nombramientos. Al reclamo, que ya habían
planteado los defensores, se suma ahora la máxima autoridad del Ministerio
Público.

De Olazábal planteó que habrá “grietas” si no se suman
pronto 70 nuevos fiscales. “El sistema penal puede entrar en colapso. Estamos
viendo que dentro de tres o cuatro meses vamos a tener otras actividades que
cumplir. No sólo serán las investigaciones, sino que deberemos concurrir a las
audiencias en Tribunales. O se está en el juicio o se está en una
investigación. Es por eso que reclamamos”.

El fiscal explicó que los concursos para nombrar nuevos funcionarios
“están terminados”. Pero, de acuerdo a lo que especificó se trata de un
procedimiento de varios pasos que incluye la posibilidad de objeciones al
tiempo que debe ser avalado también por la Legislatura.

Desde la puesta en marcha de la reforma hasta ahora, hubo
una sola designación de funcionarios –22 cargos entre jueces, fiscales y
defensores– en la
Asamblea Legislativa realizada el 27 de febrero.

La reforma penal contempla la creación de 144 cargos de
fiscales en toda la provincia, pero el sistema funciona con la mitad. “Los
concursos están hechos, a fin de mes (junio) se estarán dando los resultados,
pero falta el acuerdo legislativo. Las nuevas designaciones demandarán algunos
meses”, estimó el fiscal general.

Tiempos modernos

El vicegobernador Jorge Henn destacó que “Santa Fe ha dado
un paso más que importante al reformar su sistema penal y ya estamos viendo sus
primeros frutos. La agilidad que tanto se le reclamaba a la Justicia hoy es algo
concreto. Los tiempos de los procesos se han acelerado: por ejemplo en el
término de 72 horas ya se puede dictar una prisión preventiva, en tanto que
antes se requerían aproximadamente 20 días”.

Durante la presentación del informe, El vicegobernador
afirmó que “el nuevo Código Procesal tiene consecuencias directas en la vida
cotidiana de la gente, da mayor participación y protección, pero por sobre
todas las cosas una visión integral de la justicia que pone el foco en todos
los estamentos sociales, realizando acciones que corrijan el funcionamiento
desigual y persecutorio penal. Podemos decir que Santa Fe hoy camina firmemente
hacia una Justicia penal verdaderamente democrática y eficaz”.

Primeros datos

- Entre el 10 de febrero y el 16 de junio se crearon en toda la provincia 47.326 legajos: 376 por día.

- En las sedes de las Oficinas de Gestión Judicial de toda la provincia se realizaron 2.961 audiencias, de las cuales 1.334 fueron imputativas.

- Se registraron 1.549 pedidos de allanamientos; se hicieron efectivos el 68%.

¿Quién investiga? ¿Y quién dirige?

La incidencia real del nuevo sistema penal en el
funcionamiento de la Justicia
es, todavía, una incógnita. Una buena parte de su éxito tiene que ver con la
investigación del delito complejo, para lo cual se necesita una nueva
estructura profesional (Organismo de Investigaciones o Policía Judicial) que
lleve adelante esas tareas. El otro desafío es reducir los índices de impunidad
en la provincia.

La creación del Organismo de Investigaciones fue sancionada
por la Legislatura
el año pasado. El gobernador Antonio Bonfatti vetó 40 de los 57 artículos de
esa ley y puso en marcha, por decreto, una Policía Investigaciones que depende
del Ministerio de Seguridad. La
Legislatura rechazó el veto de Bonfatti con el argumento de
que el cuerpo tiene que estar en poder de los fiscales y no del Ejecutivo
porque, entre otros asuntos, tiene competencia en la investigación de delitos
cometidos por funcionarios públicos.

Los legisladores del justicialismo reingresaron el proyecto
que se había votado en 2013, elaborado por el diputado Eduardo Toniolli y el
senador Armando Traferri con el visto bueno del Ministerio Público de la Acusación. “No
aceptamos el veto porque el Organismo de Investigaciones quedaría raquítico y
colonizado por la Policía,
que depende del Ejecutivo”, explicó Toniolli. “Queremos crear un organismo
nuevo, bajo un nuevo paradigma, que vaya en consonancia con la reforma procesal
en marcha, de investigadores civiles que dependan administrativa y
funcionalmente del fiscal general y que sean los auxiliares exclusivos de los
fiscales a la hora de investigar determinados tipos de delitos que podemos
caracterizar como complejos, incluidos los delitos cometidos por funcionarios
de los distintos poderes del Estado”.

También los legisladores radicales tienen su proyecto para
la creación del Organismo de Investigaciones, similar al del PJ. Al mismo
tiempo, pretenden que el gobierno modifique el decreto por el cual se puso en
marcha –en el ámbito del Ejecutivo– la Policía Investigaciones,
ya que consideran que debe estar en órbita del Ministerio Público de la Acusación.

“Planteamos un Organismo de Investigaciones que sea fuerte,
con amplias competencias, más amplias de lo que se planteó originalmente en la Legislatura y que, a
su vez, implique también una reforma policial”, explicó el senador Hugo
Marcucci. “Que la investigación pase a ser parte del Ministerio Público de la Acusación. Esto
es: concentrar más a la
Policía en su función de prevención”.

El Ministerio Público no puede tener “capacidad plena” para
actuar si no es con un Organismo de Investigaciones como instrumento en manos
de los fiscales y con una estructura acorde a sus necesidades, explicó
Marcucci.

La creación del Organismo de Investigaciones ya estaba
prevista en la ley provincial 13.013 (Orgánica del Ministerio Público de la Acusación), que en su
artículo 30 indica que se trata de “un órgano técnico que asiste al Ministerio
Público de la Acusación
en la investigación de los hechos que se afirman delictivos”. Esa norma aclara
que su creación debe hacerse por ley y que transitoriamente tiene que ser
regulado por el fiscal general de la provincia, encargado también de dictar su
reglamento.

El veto y la creación, por decreto, de la Policía Investigaciones
generaron cortocircuitos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los radicales
–principales aliados del socialismo en el Frente Progresista– quieren que
Bonfatti dé marcha atrás con sus medidas. “Si sale la ley, tiene que haber una
profunda modificación en el decreto de creación de la Policía de
Investigaciones”, opinó Marcucci.

Publicada en Pausa #136, miércoles 25 de junio de 2014