La guardia municipal, en la mira

A seis años de su creación, tras el escándalo por las
amenazas a periodistas, revisamos los puntos opacos de la historia y el
presente de la Guardia
de Seguridad Institucional.

Por Juan Pascual

Unas 15 cuadras al oeste de Blas Parera, a la altura de
Estanislao Zeballos, en el Centro de Salud del barrio Las Lomas, Jonatan y
Esteban (18 y 21 años), dos ex limpiavidrios hoy dedicados al cirujeo, narran
su experiencia con la Guardia
de Seguridad Institucional (GSI) de la Municipalidad de Santa Fe:

—La última vez que nos sacaron a éste le pegaron y a mí me
sacaron las monedas. Trabajábamos en el semáforo de Salvador del Carril y
Almirante Brown –dice Jonatan.

—Yo antes trabajaba en Alem. Nos trasladamos a Almirante
Brown cuando la Policía
y los municipales empezaron a sacar a los limpiavidrios. Los de la Primera nos sacaban la
plata. Los municipales a lo primero te hablaban re bien, pero a la segunda
vinieron re malos. A mí una vez me quisieron agarrar y me dijeron que si no me
iba, me iban a meter un 22, una pistola, para armarme una causa. Se sentían
como policías. Estaban con ellos, que nos daban cachetazos, y también nos
amenazaban. Te decían que si no nos íbamos nos iban a agarrar y a llevar. Así
no quedó nadie más.

—¿Tenían identificación?

—No, no tenían –señala Esteban–. “A nosotros nos mandó José
Corral”, decían. Y nosotros les respondíamos que teníamos que laburar.

—¿Van a volver a limpiar vidrios?

—No, no fuimos nunca más. De todos lados nos corrieron.
Ellos no quieren que haya limpiavidrios en Bulevar, en Alem y en Almirante
Brown. Te dejan en lugares donde no pasa ni el loro.

—¿Tenían a quien recurrir?

—No, nadie. Le contábamos a ella, no le contábamos a nadie.
Si vas a la comisaría te cagan a piñas.

La psicóloga Laura Delconte, integrante del equipo del
Centro de Salud, explica que los jóvenes le relataron cómo en agosto del año
pasado comenzó lo que ella caratula como “hostigamiento”. Y luego da cuenta de
cómo les fue en la inserción al programa que abrió la Municipalidad para
ellos: “Primero mantuvimos una reunión en Acción Social de la Municipalidad, para
convenir la inserción en el programa ‘Calles seguras, infancia y juventudes
protegidas’. Primero, calles seguras, después vemos lo otro”, rió Laura,
“Hicimos esa reunión, relevaron los datos de los chicos, se pensó cómo situar a
cada uno, por la edad y el perfil. De ahí nos mandaron a la oficina de empleo,
para que se registren. Eran cuatro los chicos, todos tenían actividad en el
semáforo. Dejé mi teléfono y después mandé un mail para saber qué pasaba con el
trámite. Nunca me contestaron. No es que fueron solos, la gente de la Municipalidad habló
conmigo. No pasó absolutamente nada, y yo no voy a insistir en una propuesta
precarizante, porque no iguala en absoluto el dinero que los chicos obtienen en
la actividad del semáforo. Y es algo que ellos eligen, en el tiempo que ellos
eligen y en el lugar que ellos eligen. Limpiar vidrios es un trabajo, y si vas
a decir que no se puede hacer un trabajo porque se muere una persona no se
puede hacer más ningún trabajo: no pueden haber albañiles ni nada. En vez de
proteger a los chicos, se los corre de hacer la actividad”. 

Los múltiples cuestionamientos a la GSI comenzaron a tomar relevancia a partir de una serie de llamados telefónicos plagados de amenazas e insultos a un programa de la madrugada de la FM Sol 91.5, Sol de Noche, y una patoteada a uno de sus periodistas, Alejandro Paganelli, en la madrugada del 31 de julio. Luego, prácticamente todos los actores políticos y sociales de la ciudad se
pronunciaron respecto de este cuerpo creado en 2008 con el solo fin de proteger
los recursos humanos y materiales del municipio. Desde el Concejo, en
conferencias de prensa simultáneas el 6 de agosto, la oposición solicitó la
intervención del área y la interpelación de los funcionarios políticos
responsables, no sin recordar que ya en marzo de 2013 se pidieron al Ejecutivo
informes sobre el tema, sin respuesta alguna; el oficialismo destacó las
intervenciones de la GSI
a partir del trabajo del Centro de Monitoreo de Videovigilancia, repudió las
intimidaciones a los periodistas y recordó que el Ejecutivo inició una
investigación y sumario interno por los incidentes y que apartó a Federico Miranda, un agente de la GSI involucrado; el Inadi y varias organizaciones sociales denunciaron una retahíla
de abusos y pusieron en el tapete la directa disolución de la Guardia y la solicitud de
renuncia para su primer responsable directo, el subsecretario de Prevención y
Seguridad Ciudadana, Rubén Sebastián Montenotte.

Lo que era un rumor bastante elevado en los barrios había
terminado en una explosión.

Cuidar el coche

En la conferencia de prensa oficialista, se llegó a señalar
que la GSI
interviene con los limpiavidrios y cuidacoches para proteger a los “titulares
de los autos” de “situaciones de violencia”. En una nota de Hipólito Ruiz del 1de marzo para el diario Uno, la crónica periodística ya había reseñado qué
pasaba con los limpiaviadrios. Maximiliano, de 24 años, limpiavidrios en
Iturraspe y López y Planes, contó que “Venimos a la mañana y limpiamos hasta
las 10, que llega la guardia. Después podemos aprovechar un rato al mediodía,
cuando se van a comer. Y a la tarde también. Pero no nos quieren dejar
trabajar. Yo entiendo cuando me dicen que es su trabajo venir a sacarnos, pero
también les pedimos que nos entiendan. Tengo que darle de comer a mi familia”.
Uno de sus compañeros, César (16 años), agregó que la GSI le incautó sus elementos
de limpieza tres veces, en ese mes, mientras que Elías (17 años), de barrio
Cabal, también señaló que se anotó en “Calles seguras”, pero que “No me
llamaron nunca y yo tengo que tener un ingreso para poder ayudar a mi familia”.

El GSI Mario Martínez, durante la campaña para diputado nacional de Mario Barletta.

Por fuera de estos testimonios, que se suman a los de
Jonatan, Esteban y Laura, la fundación Ejercicio Ciudadano, de Rosario,
encargada de supervisar “Calles Seguras”, ofrece algunos datos. En su web se
notifica que en la cuenta corriente en la cual los santafesinos depositan sus
donaciones para sostener el plan, al 16 de enero de 2014 habían ingresado$68.670, de los cuales fueron erogados $46.931,29, fundamentalmente en remeras,
palas, horquillas y guantes. También se señala que en los primeros tres meses
un total de 155 personas ingresaron al programa, las cuales realizan diversas
tareas obteniendo su estipendio a partir de iniciativas solidarias de empresasy organizaciones civiles, el plan Más y Mejor Trabajo de la Nación y la construcción depavimento y cordones cuneta.

En diálogo con Pausa, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, María
Martín, explicó que después del fallecimiento del limpiavidrios Marcelo Giménez
el 13 de agosto de 2013, tras ser embestido por un camión en avenida Alem,
“Tomamos la determinación de ver qué programa podíamos implementar a fin de
evitar que esos chicos estén en esa situación de peligro y de riesgo”, en
referencia a “Calles seguras”. “Quizás es más sencillo invisibilizar el
problema y no hacerse cargo de una situación que es muy difícil para todas las
ciudades y que tiene complejidad porque son chicos en situación de riesgo
concreto. Queríamos que con la muerte de Marcelo Giménez hubiera un antes y un después. Quien ejecuta el programa ‘Calles Seguras’ es la Secretaría de
Desarrollo Social, y lo que hace la
GSI es evitar que vuelvan a esa situación de calle, que es
una situación que nosotros consideramos riesgosa. Por supuesto que hay
protocolos de actuación, en los cuales existe un deber de conversar y pedir por
favor que se reintegren al programa”, aclaró.

Martínez en Playa Norte, en un día de demoliciones.

—¿La GSI
hace uso de la fuerza física?

—Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna situación de
abuso. La GSI
acompaña los procedimientos, pero de ninguna manera nosotros tenemos
conocimiento de que haya esas instancias de abusos. Es más, nos interesa que,
en caso de que así fuera, nos lo hagan llegar. Para nosotros es muy importante
porque son colaboradores en una problemática que es muy compleja: el abordaje
integral de la seguridad. Su trabajo está asociado a eso. El municipio ha tomado
acciones concretas para abordar el problema de la seguridad a partir del
desarrollo de políticas sociales: los programas urbanos integrales, que se
implementaron en Coronel Dorrego y en Barranquitas, pretenden una intervención
de Estado desde el desarrollo social, la jerarquización de los espacios
públicos, la accesibilidad, la regularización dominial. Se ha invertido mucha
plata en esos lugares. Lo mismo ha ocurrido con los Jardines Maternales, que se
ubican en el Oeste y el Norte. Y la
GSI tiene tareas específicas que tienen que ver con colaborar
desde las acciones concretas que desarrolla el municipio a partir de la
prevención con elementos tecnológicos, como el Centro de Monitoreo.

La concejala oficialista Adriana Molina hizo un fuerte
hincapié en la actividad de la GSI
en el Centro de Monitoreo, donde 30 efectivos continuamente escudriñan las 93
cámaras de seguridad del municipio, las alarmas y los botones de pánico para
mujeres víctimas de la violencia familiar. Enumeró para el primer semestre de 2014
unos 294 eventos registrados por las cámaras, que resultaron en 213 llamadas al
911, 74 activaciones de los botones de pánico, 95 activaciones de las alarmas
en colectivos monitoreados, 928 activaciones de alarmas en las 72 escuelas bajo
control, 3 en los centros de salud, 25 en las alarmas comunitarias y 120
requerimientos de imágenes por parte de la justicia, entre otras cifras.

La explosión

Respecto de las denuncias a la GSI, Molina señaló que “Lo
peor que podríamos hacer es deslegitimar, criminalizar, discriminar a los
trabajadores, hombres y mujeres municipales que están cumpliendo su función.
Creemos que estos no son temas electorales y que, en todo caso, aquellos que
quieran tomarlo así están largando una campaña política un año antes de lo que
debería ser: que se hagan cargo de esto. En un Estado de derecho, que defiende
los Derechos Humanos, no es posible discriminar, y se está discriminando. Los
términos que se utilizan para referirse a los trabajadores municipales llaman a
la reflexión. Discriminarlos al hablar de grupos amenazantes, oscuros, sin
decir exactamente a qué se refieren... ¡Estamos hablando de familias de
nuestras ciudad!”.

Al mismo tiempo pero en otra conferencia de prensa, el
concejal opositor Ignacio Martínez Kerz indicó que “Hace 370 días que no
contestan el pedido de informes sobre la
GSI que no solamente votaron los concejales de la oposición.
Los que están diciendo que esto es una cuestión política, que son concejales
del oficialismo, votaron a favor de este pedido de informes. Pedimos también el
desplazamiento del funcionario político que tiene a su cargo esta fuerza, que
hoy está actuando como una patota, esa es la pura verdad”.

Pocos minutos después, en otra conferencia de prensa en la
delegación local del Inadi, ofrecieron su palabra la titular, Stella Vallejos,
junto a integrantes de la
Asamblea por el Derecho a lo Público, Proyecto Revuelta,
Manzanas Solidarias, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, el Centro
Cultural y Social El Birri y el Camco. Allí Vallejos narró cómo presenció una
serie de intimidaciones de integrantes de la GSI sobre dos limpiaviadrios. Luego, el abogado
Guillermo Munné y Liliana Berraz, de Manzanas Solidarias, describieron diversos
aprietes sufridos por los vecinos de Playa Norte y Bajo Judiciales, durante el
proceso de desalojos y demoliciones de viviendas que se inciara en 2008. Por su
parte, Erica Estalquer, de la
Asamblea, manifestó que la GSI amedrentó, junto a adicionales de la Policía, a los defensores
del Parque Alberdi y que por ello se realizaron denuncias penales con el
registro fotográfico pertinente. Juan Manuel Chuard, de Camco, denunció desde
su organización que “estos atropellos vienen pasando desde hace rato, desde
2008, en los distintos barrios de la ciudad. Algunos lugares fueron muy
afectados como Varadero Sarsotti, Centenario, Alto Verde, San Agustín II, Las
Lomas” además, agregó que hizo una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por
intimidación y abusos sobre personas de la Asamblea. Camila
Blanc, de Proyecto Revuelta, notificó que presentaron un pedido amparo ante la Justicia para poder
ingresar al campo de refugiados donde habitan los vecinos inundados de la Vuelta del Paraguayo, a la
vera de la ruta 168, que se encuentra custodiado por la GSI, que se arroga el derecho
de pedir identificación a quien quiera ingresar al predio cercado, así sea para
entregar donaciones. Todos coincidieron en un punto: el accionar de la GSI es antidemocrático, debe
ser disuelta y su conductor, Montenotte, debe renunciar.

—¿Por qué se producen estas denuncias?

—Muchas de ellas están en una instancia judicial, nosotros
siempre hemos colaborado con todo lo que tiene que ver con la clarificación
–respondió María Martín–. Tenemos protocolos de procedimientos claros por las
situaciones difíciles que tienen que atravesar las personas ante una
emergencia, como una crecida de río, que cambia el hábitat al que están
habituados. Es importante que haya un orden, porque sino también existen
situaciones de riesgo. Es necesaria la presencia de la GSI incluso por la propia
convivencia.

—¿Por qué no pueden ingresar los integrantes de Revuelta?

—Hay un procedimiento de actuación que determina si pueden
ingresar o no. Ellos si piden autorización pueden ingresar. No hay una orden
expresa de que no ingresen.

—Los inundados están rodeados con una reja. ¿Por qué?

—Eso es una cuestión de seguridad. Están en una zona
inmediata a la ruta 168. Y también para que no ingrese cualquier persona que
pueda generar algún disturbio o algún hecho.

—¿Por qué la
GSI rodeó el mástil de Parque Alberdi el 20 de junio, durante
un acto de los asambleístas?

—La GSI
tiene entre sus funciones cuidar el espacio público y tener presencia. En esto
hay que ser muy responsables respecto de la estigmatización. Son trabajadores
municipales, tienen una función que cumplir, respetar los protocolos, cuidar el
espacio público.

—¿Por qué no llevan identificación?

—Estamos trabajando para que próximamente lleven
identificación. No es una práctica común en todos los empleados municipales.

Camperas negras

Seis años de existencia tiene la GSI. Durante ese
lapso, sus funciones crecieron significativamente, y las denuncias también. De
ser poco más que custodios, según la reglamentación vigente, los guardias ahora
trabajan en tareas coordinadas con la Policía –casi en connivencia para el exceso,
según los testimonios– y son uno de los soportes de la amplia tarea del Centro
de Monitoreo en Videovigilancia. En el reverso, su presencia en los barrios del
noreste, en el intento del desalojo de El Birri, en las trifulcas en el Parque
Alberdi o en el Club Náutico Sur, en el predio de refugiados de la Vuelta del Paraguayo (ver
aparte) deja mucho que desear y abre un interrogante. En los incidentes, ¿se
trata de un grupo aislado cuya acción se corre de la raya –del protocolo y los
procedimientos–, tal como lo afirman los concejales oficialistas y opositores,
o estamos frente a un soterrado, aunque a veces indiscreto, método sistemático?
Cualquiera sea la respuesta, es claro que la actividad de estos agentes, sin
identificación, que suelen usar camperas negras y circular en vehículos
municipales sin numeración, requiere una revisión urgente. Mucho más veloz que
todo el tiempo que insumió el pasaje del silenciado murmullo en los barrios a la
explosión pública de las amenazas radiales.

Buscando a Martínez

Los empleados de la
GSI son 200. Durante la jornada rotan: 30 están en el Centro
de Monitoreo y 60 en las calles. Para su actividad, el municipio asignó este
año $3.092.500, destinados a la compra de diez camionetas.

Como coordinador de la GSI reviste Mario Juan Manuel Martínez,
denunciado junto a Montenotte por su accionar en Playa Norte y Bajo Judiciales.
Martínez tiene además un don, el de la ubicuidad. En casi todos los hechos en
los que se apunta a la GSI
está presente (y de ello damos varios registros fotográficos).

–Playa Norte y Bajo Judiciales, 2013: junto a Montenotte fue
denunciado penalmente por abuso de la autoridad, amenazas agravadas y violación
de los deberes de funcionario público, una vez agotadas las vías
administrativas de reclamos en la
Dirección de Derechos Ciudadanos municipal. Los vecinos
aseguraron que se los instigó a demoler sus casas para desalojarlos y mudarlos al barrio Los Quinchitos y que también, como incentivo, se les ofreció dinero,
sin ningún tipo de registro o documento que avale. También, que manifestó tener
control sobre la realización de arrestos por parte de la Policía

–El Birri, 2013: también junto a Montenotte, y a un nutrido
grupo de integrantes de la GSI,
Martínez participó del violento intento de desalojo ocurrido en la Estación Mitre. En
esa ocasión actuó mientras Montenotte circulaba por el lugar fungiendo de
coordinador de las acciones de la
Policía de la
Provincia, tal como se evidencia en diversos videos y notas
periodísticas de la época.

–Parque Alberdi, 2014: Martínez fue identificado por
asambleístas, y periodistas de Pausa, realizando amenazas y generandoprovocaciones sobre los acampantes. Un cuidacoches del lugar, en un video depública circulación, denunció explícitamente que le entregó $200 para que
realice disturbios con el fin de deslegitimar a los manifestantes. En diálogo
con Pausa, los cuidacoches de la zona ratificaron la versión, de la que también
se hicieron coro los asambleístas en la conferencia de prensa del Inadi.

–Campo de refugiados de la Vuelta del Paraguayo, 2014: Martínez fue
reconocido por periodistas de Pausa solicitando identificación para poder
ingresar al predio.

–Club Náutico Sur, 2014: Víctor Haimovich, socio del club,
señaló a la FM Sol
91.5 diversos aprietes y amenazas por parte de Martínez y la GSI, quienes dentro del predio
del club le propinaron “puntapiés y cortitos en las costillas”. Los hechos
ocurrieron en una turbamulta que se produjo el 5 de junio durante una disputa
judicializada por los límites entre el Parque de la Constitución y el
club.

Más allá de que desde el municipio se asegure que el ingreso
a la GSI se hace
por medio de un riguroso concurso, y que luego los integrantes cursan diversas
capacitaciones que pasan, entre otras, por la formación en Derechos Humanos,
recursos lúdicos y trata de personas, en el caso de Martínez también se puede
indicar otra virtud: su inquietud cívica y política, que se expresa en su
compromiso con la
Juventud Radical de Entre Ríos y sus fotos junto a Mario
Barletta durante sus recorridas de campaña, cuando fue candidato a diputado
nacional.

En Pausa #139, miércoles 13 de agosto de 2014. Pedí tu
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