Unidas para visibilizar reclamos

Se realizaron diversas actividades en el marco del Día
Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora
desde 1999 cada 25 de noviembre.

Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal,
rebeladas contra el régimen dictatorial y patriarcal de Rafael Trujillo, fueron
asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana. En
reconocimiento a la valentía de las tres mujeres, la Asamblea General
de las Naciones Unidas designó esa fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Las actividades de sensibilización para fomentar la reflexión con
perspectiva de género se replicaron en varios puntos de nuestro país y Santa Fe
no fue la excepción: una carta abierta al gobernador, movidas culturales y una
conferencia de prensa fueron parte de las iniciativas que se concretaron en
nuestra ciudad.

La
Asociación Generar realizó una jornada en la esquina de Juan
de Garay y San Martín para plantear sus reclamos. Allí se escuchó la radio
abierta Voces en alto, a cargo de Mujeres en Movimiento. La animación fue de
las murgas Las Musingas de Paraná y Las Callejeras de Santa Fe.

Por su parte, el Programa Género de la UNL lanzó la campaña “Yo amo
con buenos tratos. Con buenos tratos sí se llama amor” de prevención de
noviazgos violentos, elaborada junto al Ministerio Público de la Acusación. Se hizo
distribución de materiales comunicacionales y de la campaña en diversos ámbitos
de la universidad. Asimismo, se llevó a cabo un taller de empoderamiento donde
se anunció el nuevo programa de empleabilidad para mujeres que perciben el
seguro de capacitación y empleo. Además, se brindaron servicios de consultoría
y hubo un informe acerca del curso de reeducación emocional para varones.
También se exhibió una muestra de frases elaboradas por adolescentes y jóvenes.

Carta a Bonfatti

Una de las actividades más destacadas fue la organizada por
el Foro Santa Fe Contra la Trata,
que realizó una concentración en San Martín y Amenábar –y una intervención en
El Molino Fábrica Cultural, al día siguiente– para pedir al gobernador Antonio
Bonfatti  que dé respuesta a un pedido de
audiencia que aguardan desde hace 175 días. Mediante una carta abierta, se
mostraron preocupadas por las políticas públicas para proteger los derechos de
las mujeres. Las cuestiones fundamentales que apuntaron son la falta de
refugios o casas de amparo para albergar a mujeres en situación de riesgo, una
línea telefónica que funcione las 24 horas para hacer denuncias y recibir
asistencia, equipos interdisciplinarios capacitados y acompañamiento jurídico
gratuito para casos de abuso, violaciones, violencia física y psíquica. También
reclamaron estadísticas oficiales para visibilizar la problemática y sanciones
para los agentes públicos que vulneren los derechos de las mujeres.

“Entendemos que los derechos vulnerados de las mujeres no
están en la agenda de este gobierno. Violencia es que nos ignoren, que las
pibas desaparezcan de los barrios y la policía no las busque, que no le tomen
las denuncias a los familiares, que desestimen la palabra de las víctimas.
Violencia es que las víctimas de trata sean alojadas en hospitales sin criterio
de internación sólo porque no hay refugios. Violencia es que las víctimas de
trata no tengan asistencia y la única intervención consista en devolverlas a su
lugar de origen, aún en contra de su voluntad explícita. Violencia es otorgar
dentro del Presupuesto 2015 $10.091.000 a la Dirección de Políticas
de Género, es decir $840.000 por mes para que atienda los derechos vulnerados
de las mujeres de toda provincia”, apunta la misiva.

Wiskerías en la mira

Al cumplirse un nuevo aniversario de la firma del Convenio
para la Represión
de la Trata de
Personas y de la
Explotación de la Prostitución Ajena
–suscripto el 2 de diciembre de 1949 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas–, la delegación local de la Campaña Abolicionista
presentó una nota ante todos los bloques del Concejo Municipal para solicitar
la eliminación del Capítulo IV de de la Ordenanza Nº 9.139 referida a Espectáculos
Públicos. El objetivo es prohibir el funcionamiento de cabarets, wiskerías o de
cualquier otro local “que bajo cualquier forma permita la explotación sexual y
lucro de la prostitución ajena, sabiendo que estos locales, disfrazados con
otras denominaciones, son en realidad prostíbulos y el destino de las redes de
trata y explotación sexual”.

Cabe recordar que el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena
establece que toda forma de explotación ajena es punible, sin importar el
consentimiento de la víctima. Prohíbe la instalación de prostíbulos y la
reglamentación de la prostitución, plantea la prevención de la prostitución y
la trata, la protección de las víctimas y el control de las agencias de
empleos. “Se trata de una convención claramente abolicionista ratificada por
Argentina y en vigencia”, recordaron las integrantes de la campaña.

En otro orden, indicaron que en el marco de la Maestría en Criminología
de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
UNL tuvo lugar una actividad denominada “Perspectivas
críticas feministas y verdes. Problemas, intersecciones y desafíos”, que contó
con la presencia de investigadores nacionales e internacionales “que en  mayor o menor medida sostienen que la
prostitución es un trabajo que debe ser regulado; incluso algunos van más allá
al plantear que es necesario legalizar la prostitución para luchar contra la
trata”. En este sentido, también recordaron que el Programa de Género de la UNL invitó en el mes de
octubre a la secretaria general de Ammar como voz autorizada en representación
de las mujeres en situación de prostitución y no a otros colectivos como la Asociación de Mujeres
Argentinas por los Derechos Humanos. “La ausencia de otras voces en contenidos
de formación académica demuestra claramente la postura de la universidad en
relación a la prostitución. El derecho es uno de los sistemas normativos más
poderosos para el disciplinamiento a la vez que facilita el traspaso de un
determinado modelo político social y sexual a las futuras generaciones. Nos
preocupa que una universidad pública contraríe la postura abolicionista
sostenida por nuestro país y se posicione en defensa de la prostitución como
trabajo que hay que reglamentar o regular, convirtiéndolo en una opción laboral
aceptable para las mujeres. Creemos que legítimamente corresponde que esa casa
de estudios otorgue la misma jerarquía académica a investigadores, docentes y
funcionarios que sostienen la postura abolicionista”, solicitaron.

Publicada en Pausa #147. Pedí tu ejemplar en estos kioscos
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