Nisman y los poderes

La muerte del fiscal desnuda la decadencia del Poder
Judicial y de su simulacro de independencia.

Por Juan Pascual

A casi dos meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman,
parece haberse aplacado el furor con el que se debatió la situación de la Justicia argentina, su
relación con la sociedad y con la política. Los encuentros familiares, las
mesas del bar y los foros digitales –la esfera pública real de la opinión
política cotidiana– también han dejado un poco de lado las cavilaciones sobre
la intriga negra respecto de las circunstancias del balazo a puertas cerradas
en el lujoso departamento de quien fuera el máximo responsable de llevar
adelante la investigación sobre atentado a la AMIA.

Ambos puntos van de la mano. A la primera cuestión le
corresponde toda una serie de posiciones que discurren sobre la valorada
independencia del Poder Judicial; a la segunda, el más entretenido intercambio
de variopintas hipótesis sobre la escena luctuosa, cada una apuntando a
diferentes culpables según cómo se entendiera el tablero político nacional.

Y allí está el eje de esta relación: si a Nisman lo mató la
presidenta (o el kirchnerismo, o un aliado internacional del kirchnerismo, tal
como versa la hipótesis del espía cubano/venezolano/iraní de letalidad
entrenada por la inteligencia cubana/venezolana/iraní), también ella meterá la
mano para que la investigación no llegue a buen puerto, ya que se da por
sentada la total intromisión del Ejecutivo en el poder de los tribunales. A la
inversa, si a Nisman no lo mató la presidenta (y se suicidó, o fue víctima de
un apriete de los aparatos secretos locales desplazados, léase del superagente
Antonio Jaime Stiuso), entonces el problema es la relación entre los abogados y
el poder tras bambalinas de las diferentes corporaciones entrelazadas entre sí:
servilletas y gerentes de transnacionales; el Mossad, la CIA y el Grupo Clarín.

Una cosa cierta y dos conclusiones se pueden extraer sobre
lo sucedido.

Lo cierto es que apenas se conoció la muerte de Nisman no
fue necesario esperar ningún dato duro para la toma de posición. Todas las
posturas estaban decididas previamente a los hechos. Y no se puede endilgar
irracionalidad a quienes de este modo obraron: durante 32 años de democracia el
extenso listado de “suicidados” en diferentes causas que afectaron a los
gobiernos es sobrada justificación para sumar al fiscal en la nómina de
atrocidades impunes, como el tráfico de armas y la explosión del polvorín de
Río Tercero o el extraño accidente del helicóptero del hijo de Carlos Menem. A
la inversa, quienes defienden al gobierno se llamaron a un resonante silencio,
apenas conocida la muerte de Nisman, y poco a poco comenzaron a desplegar sus
argumentos. En el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de
sesiones del Congreso fueron sintetizados: lo endeble de la acusación por
supuesto encubrimiento, que no se ajusta a tipo penal alguno ni se sustenta en
las pruebas que dice tener (las alertas rojas en Interpol que no fueron dadas
de baja, el intercambio comercial con Irán que no existió, como los puntos más
salientes) y los documentos a favor del gobierno que el fiscal había escrito
durante diciembre de 2014 se destacan por la defensa. Como sea, casi nadie
cambió su lugar: quienes detestan al kirchnerismo y quienes lo bancan en todas
ya tenían su veredicto antes de cualquier prueba.

Y así llegamos a la primera conclusión: la incapacidad e
impotencia del sistema judicial y sus prácticas investigativas. En el que
aparece como el caso policial más importante de la democracia reciente no sólo
hubo descuidos en el resguardo de la escena del crimen: hay dos pericias
forenses totalmente divergentes, todavía no se pudieron abrir ni los teléfonos
ni la computadora del fiscal y ni siquiera se ha precisado la hora de su
muerte. Todo esto sin recordar la claque de testigos en las primeras planas
(con la rolinga que verseó sobre la fiesta de medialunas al lado del occiso y
el cerrajero que dio el mal paso, al frente), las demoras en para tomar
declaración a los custodios de Nisman (el suboficial Armando Niz y del sargento
Luis Miño, de la
Policía Federal, fueron pasados a disponibilidad, mientras
que hay otros diez policías con sumario administrativo) o el hallazgo tardío de
la puerta de servicio. La actuación que el Poder Judicial ofreció hasta ahora
parece sacada de una peli titulada Locademia de fiscales.

Lo peor es que ni siquiera se puede decir que la actuación
de la fiscal Viviana Fein esté viciada por la injerencia de fuerzas externas,
si es que todavía se cree que la
Justicia puede dar siquiera un paso sin que la empujen
actores que están por fuera de los tribunales. Y así llegamos a la segunda
conclusión que se puede extraer de esta novela.

Es un lugar común y compartido por todos los hombres de la
república la afirmación de que el Poder Judicial ha de ser independiente. Si
algo prueba el caso Nisman es que el Poder Judicial es justamente eso, un poder
del Estado y que por tanto jamás es ni puede ser independiente. O, en todo
caso, hay que preguntarse seriamente qué significa el concepto de
independencia.

Tomemos por caso la Unidad Fiscal AMIA. Con Nisman al frente, tuvo un
presupuesto multimillonario desde 2004 y casi plena libertad de acción (así
terminó prácticamente en manos de la Secretaría de Inteligencia, tal como el propio
Nisman reconociera). Montos descomunales de dinero, influencia directa del
poder secreto... ¿Por qué algunas causas tienen más presupuesto que otras?
¿Quiénes deciden esas partidas? ¿Por qué algunas causas tiene el “aporte” de
los superagentes y otras no? ¿Cuáles son las causas en las que los superagentes
meten el dedo?

Todos los integrantes del Poder Judicial tienen un
pensamiento político propio y, en consecuencia, un posicionamiento partidario.
Dilaciones y apuros en fallos, recursos y zancadillas leguleyas dan cuenta casi
cotidiana de ello. Pero, además, todos los integrantes del Poder Judicial
también están expuestos (en verdad: relacionados) con el resto de los poderes:
¿cuánto tiempo se le resguardó la actividad bajo la sotana a Edgardo Storni?
¿Por qué las cárceles están llenas de pobres y vacías de ricos?

Empresarios y linyeras no transitan de la misma manera los
palacios de la ley. El Congreso tiene muy en claro de qué palo es cada juez que
se nombra en cada nivel de la
Justicia: ahí lo tenemos como muestra a Rafael Gutiérrez, el
primo de Carlos Reutemann que comanda la Justicia que dejó impune al responsable, según la
pericia oficial, de la trágica inundación de 2003. Y cuando en Santa Fe jurás
como abogado, lo hacés bajo la mirada vigilante de un enorme Jesús crucificado.

Si realmente no hay influencia del poder partidario –algo
imposible–, pues será otro grupo, el económico, el religioso, el que fuere,
quien ocupará ese lugar vacante. Porque esa es la naturaleza del poder: es un
sistema de relaciones donde no hay vacío. Así, el punto de partida para una
reforma de la Justicia
sería, en todo caso, otro. Si la defensa de una ilusoria y virginal
independencia obra como un señuelo para mantener dentro del  coto restringido del palacio el manejo
absoluto y cerrado de sus dependencias reales y concretas, es necesario
entonces exponer a este poder al único actor que queda por fuera del asunto: el
elector.

Publicada en Pausa #149, miércoles 11 de marzo de 2015.

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