Un largo camino hacia la igualdad

Las políticas públicas dirigidas al colectivo trans en la ciudad y en la provincia: voces de funcionarios y de integrantes de una población cuyo promedio de vida no supera los 45 años.

La lucha por la igualdad, la visibilidad, por los derechos más básicos y elementales, entre los que se encuentra el derecho a la identidad, no ha sido fácil ni para lesbianas, ni para gays, ni para bisexuales, pero sigue siendo aún más difícil para aquellos que, en su mayoría, a muy temprana edad, comenzaron a notar que había cierta diferencia entre esa percepción que tenían de sí mismos con lo esperado socialmente para su sexo biológico y la identidad de género asignada a ese sexo.

El 9 de mayo de 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Identidad de Género, con la que pareció abrirse todo un nuevo mundo de posibilidades para el colectivo trans. A tres años, analizamos estas transformaciones a nivel local, junto a representantes del colectivo y haciendo foco en las políticas públicas que desde la ciudad y la provincia se llevan adelante y que buscan garantizar y ampliar los derechos de este sector en ámbitos como la educación y el trabajo.

Formación y desarrollo laboral

La población de travestis trans constituye uno de los colectivos más vulnerabilizados en términos laborales, económicos y sociales. Todavía no existen a nivel país, ni a nivel provincia, estadísticas que den cuenta de la realidad concreta de esta población, pero los datos relevados por la Prueba Piloto de la Primera Encuesta sobre Población Trans, realizada en 2012 por el Indec y el Inadi, en La Matanza, permiten dar cuenta de algunos aspectos que ya en investigaciones previas venían siendo visibilizados en el resto del país respecto del acceso a derechos básicos. Las cifras dicen que el 93,8% de la población trans está o estuvo en situación de prostitución y que el 72% actualmente está buscando alguna otra forma de ingreso para dejar de prostituirse.

En Santa Fe, la información recabada por el Área Mujer y Diversidad del Gobierno de la Ciudad en el primer Encuentro de Empoderamiento en Salud, Capacitación y Empleo para la ciudadanía trans, realizado en diciembre de 2014, da cuenta de las similitudes en cuanto a necesidades básicas insatisfechas y vulneración de derechos.

Marta Fassino, coordinadora del área, comentaba que: “Asistieron alrededor de 30 mujeres y varones, de distintas ocupaciones y niveles socioeducativos, pero en general de condición humilde y con muchas necesidades insatisfechas. Escuchamos reclamos, inquietudes, propuestas y se asesoró sobre acceso a la atención específica en el sistema público de salud, y respecto a programas de capacitación e instancias de puestos de trabajo en espacios del Estado y de la sociedad civil. Asimismo, se corroboró el alto grado de vulnerabilidad en la población y que un porcentaje muy alto, mayoritario, se dedicaba a la prostitución”.

“Nosotros no entendemos a la prostitución como un trabajo”, definió la funcionaria municipal, “ya que creemos que se recurre a eso porque no hay posibilidades ni oportunidades de hacer otra cosa, por eso como Estado nos vemos en la obligación de dar esa respuesta primaria, las personas tienen que tener empleo que es lo que les da dignidad en su vida”.

La respuesta que en materia laboral se da desde la Municipalidad a la ciudadanía trans es la aplicación de un programa nacional a través de la Oficina de Empleo. Desde el año 2013, el Ministerio de Trabajo de la Nación, mediante la Secretaría de Empleo, implementó la Línea de Inclusión Laboral para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros. Este incentivo prevé la asignación de una prestación dineraria mensual para el trabajador desocupado y la participación en acciones de formación profesional, de certificación de estudios formales, de entrenamiento para el trabajo y de asistencia a la inserción laboral.

“Dentro del municipio tenemos trabajando cinco personas trans en diferentes áreas y dependencias, ya sea como pasantes o en entrenamiento laboral”, comenta Fassino. “Hemos acordado acciones con otras dependencias municipales, por ejemplo con Adultos Mayores, donde se hizo un curso para cuidadores domiciliarios de enfermos y ancianos. De ese curso participaron varias chicas trans, que fueron de las mejores según el comentario de sus docentes”.

Milagros Baroni Bustos es trans, tiene 38 años y desarrolla trabajos como auxiliar administrativa en el Área Mujer y Diversidad. “Yo fui una de las chicas que hizo el curso de Adultos Mayores, además tengo estudios secundarios y terciarios inconclusos. La presencia en estos lugares de trabajo es también lo que educa a la gente, y es algo que por ahí algunas personas trans no entienden, pero eso también es por el mismo trato que hemos recibido durante años. Venimos arrastrando culturalmente esta idea de que lo único que podemos hacer es la prostitución y eso ya nos configura para no animarnos a golpear otras puertas”.

Noelia Trujillo tiene 51 años, es militante trans y trabaja en la Municipalidad desde 2011, en la Dirección de Control. Al igual que muchas personas trans, tiene una larga historia de exclusión y discriminación. Desde muy joven encontró en la prostitución su forma de subsistencia, hasta que su trabajo de militancia dentro de la diversidad sexual la llevó a la Municipalidad, donde entró como pasante y hoy está contratada. “Las actuales gestiones provinciales y municipales han mostrado un mayor compromiso con respecto al colectivo, pero el trabajo no es muy fuerte. Ha habido avances en el tema salud y con la concientización en las escuelas, pero si no presionas no sos prioridad para los políticos”, comenta.

La situación en la provincia

Desde el Estado provincial, por un pedido del gobernador Bonfatti, comenzó a trabajarse desde principios de 2012 en una mesa interministerial desde la cual atender las demandas del colectivo trans. “A esta mesa, coordinada por el Ministerio de Desarrollo y, particularmente, por la Dirección de Políticas de Género, estuvieron convocadas organizaciones del colectivo LGBTI y los ministerios de Seguridad, Salud, Educación y Trabajo. Desde allí se planifican líneas de acción en diferentes sentidos”, comenta Mercedes Martorell, quien está al frente de la nombrada dirección.

La funcionaria remarcó, además, que Santa Fe es la primera provincia que cuenta con un Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, el cual busca que en el marco de las políticas públicas, cualquier acción de gobierno que se planifique, deba incorporar la dimensión de género de forma integral, para lograr la igualdad de las y los santafesinos. En este sentido, Martorell explicó que se llevaron adelante encuentros en los cinco nodos a los cuales se convocó a organizaciones del colectivo LGBTI para que dieran cuenta de las situaciones de igualdad y desigualdad en salud, educación, trabajo, tanto en el mundo público como en el privado, buscando así tener una mirada sobre lo que la comunidad reclama en materia de derechos e igualdad.

Por otro lado, en noviembre de 2013, la provincia aprobó y reglamentó la ley Nº 13.348 de Protección Integral para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la cual reconoce como mujer a aquellas personas que se sienten, perciben e identifican como mujeres, haya sido este el sexo asignado al momento del nacimiento o no. Más allá de que esta medida signifique un avance en cuanto a la erradicación de la violencia de género, alcanzado al colectivo trans, la realidad es que la ley todavía no se ha implementado en su totalidad, un escenario que se repite a lo largo del país.

En marzo de este año el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, junto a la ONG Mumala, presentaron el informe “Deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Argentina”, del cual se desprende que, en seis años, desde la aprobación de la ley nacional 26.485, el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres nunca llegó a representar un dígito del presupuesto total nacional, destinándose la ínfima cifra de 0,80 centavos por mujer para combatir la violencia de género. Según el mismo informe, en Santa Fe, la Dirección Provincial de Políticas de Género, tiene asignado un presupuesto de $2.993.208,00 y representa el 0,0056% del presupuesto total provincial.

“De esa mesa interministerial de la provincia salieron muchas resoluciones y dictámenes, pero lo mismo que pasa con la ley de Identidad de Género y muchas otras leyes, si no se reglamentan, por si solas no dicen nada, son letra muerta”, afirma Alejandra Ironici, una de las caras más visibles del colectivo trans en Santa Fe, que además viene marcando hitos en materia de derechos e igualdad: en 2012 se convirtió en la primera transexual en obtener su DNI y fue también la primera empleada provincial trans contratada; en 2013 se transformó en la primera santafesina que se sometió a una cirugía de cambio de sexo financiada por gobierno provincial, y ese mismo año fue electa con el 71% de los votos como presidenta de la vecinal de Pro Mejoras Barranquitas.

Al respecto de la situación del colectivo en la provincia, Ironici comenta que: “políticas públicas reales, no hay,  sólo tenemos algunos programas municipales y provinciales que apoyan al colectivo, pero son muy efímeros y casi siempre dependen del compromiso de un funcionario, no hay una continuidad a nivel estado. Un proyecto interesante era el de la ley de cupos, pero perdió estado parlamentario”. El proyecto al que se refiere Ironici es el que en 2012, y nuevamente el año pasado tras perder estado parlamentario, presentó el diputado Leandro Busatto (FPV), el cual obliga al Estado Provincial a ocupar laboralmente a personas trans que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad del personal por cada ente; además busca estimular la contratación también en el sector privado, a través de una deducción de
impuestos para la parte empleadora.

“En el tema laboral, las oportunidades son muy pocas, y las que estamos trabajando en el Estado, en una situación más estable, es porque la hemos peleado mucho. A nosotras todos nos cuesta el doble y lo que se consigue es a través de la pelea, de juicios, y eso desgasta”, afirma Ironici, quien desarrolla tareas administrativas en el Servicio Social del Hospital Iturraspe y que quiere postularse para integrar el Consejo de la Administración del hospital, “porque creo que debemos empezar a ocupar espacios de toma de decisiones, si no las cosas nunca van a cambiar”, concluye.

Proyecto de asignación

Desde la sanción de Ley de Identidad de Género, entre 300 y 400 personas trans cambiaron su DNI en Santa Fe. La prostitución como forma predominante de subsistencia, la falta de acceso a la salud y la violencia a la que se encuentra expuesto este colectivo, hace que la expectativa de vida para este grupo esté alrededor de los 40 años, cuando el promedio del resto de la población es de 75. “Yo tengo 51 años, las chicas de mi generación se han muerto la mayoría y en las peores condiciones de pobreza y desigualdad social, quedamos muy pocas de más de 40 y la mayoría está enferma”, dice Noelia Trujillo, dando cuenta de esta situación.

En noviembre del año pasado tuvo gran repercusión a nivel nacional un proyecto, que había sido presentado en 2012 en la ciudad de Buenos Aires, que buscaba otorgar una pensión a las personas trans mayores de 40 años, como una reparación económica y moral por los daños causados por el Estado y la sociedad a quienes han sufrido la exclusión, la discriminación y la violencia física y simbólica. Antes de la repercusión mediática de dicho proyecto, en el mes de julio, la diputada Alicia Gutiérrez (SI-FPCyS) había presentado una iniciativa similar en la provincia para otorgar una pensión a la población trans mayor de 35 años.

Respecto a esta iniciativa, Querelle Delage, reconocida artista trans de la ciudad, opina que: “el acceso a beneficios sociales debe ser equitativo para toda la población sin crear nichos de privilegio, aun con sectores muy marginados. Sin embargo es importante que se contemplen las particularidades de cada sector vulnerado. Las estadísticas del colectivo trans a nivel nacional hablan por sí solas: el promedio de vida es de entre 38 y 45 años. Los gastos que demandaría sostener apoyos a las personas trans son infinitamente menores a los que se dan a otros sectores por el simple porcentaje de la población que representamos. Por ejemplo, el Estado paga los sueldos y jubilaciones de privilegio de la curia; el arzobispo abusador Storni siguió cobrando su jubilación a pesar de estar procesado. Aunque usted no lo crea, los ecos del pasado para nuestra comunidad aún resuenan vigentes como en las épocas muy oscuras de este país: detenciones arbitrarias, violencia callejera e institucional, persecuciones, torturas, violaciones, desapariciones y crímenes de odio. Argentina Trans 2015 ¿de qué futuro nos hablan si no tenemos presente?”.

Una realidad compleja

La discriminación y el desarraigo que las personas trans han sufrido a lo largo de los años, las han expulsado tempranamente de sus hogares, de sus familias, de espacios de contención y desarrollo como la escuela, llevándolas a buscar en la calle una forma de sobrevivir. Sin educación ni asistencia de ningún tipo, la búsqueda de horizontes laborales ha sido casi imposible para la gran mayoría. Los relevamientos muestran que cuanto menor es el nivel educativo alcanzado, mayor es el porcentaje de estas mujeres y hombres cuya principal fuente de ingresos depende de la prostitución, y esta realidad nacional no le es ajena a Santa Fe.

Aunque desde el colectivo se reconocen algunos esfuerzos por incluir y visibilizar, el año electoral parece dejar en stand by el avance en materia de derechos que no pueden depender de colores partidarios ni de voluntades individuales sino que tienen que ser una política de Estado, a largo plazo y con acciones concretas. “Para nuestro colectivo históricamente vulnerado todo es poco cuando la urgencia y la necesidad de inclusión es mucha”, afirma Querelle. “En pleno siglo XXI parece que para lxs funcionarios/gestiones políticas de turno incluir al colectivo trans en sus agendas es de un gran pesar ejecutivo”.

Tanto desde la órbita municipal como provincial, las áreas encargadas de vehiculizar el trabajo con el colectivo de la diversidad sexual no tienen más de tres años de vida, lo que da cuenta de una voluntad política incipiente de las gestiones actuales por tratar las problemáticas, pero también deja al desnudo que para atrás hubo muchas décadas de abandono, por lo cual las políticas públicas deben ser rápidas y efectivas para asegurar una mejor calidad de vida en el presente y para comenzar a cambiar las condiciones materiales y simbólicas en función de que las próximas generaciones de personas trans estén en reales condiciones de igualdad con el resto de las y los ciudadanos.

Publicada en Pausa #154, miércoles 20 de mayo de 2015