Hombres: nos están matando

En lo que va de 2015, se produjeron 140 femicidios en el
país. El andamiaje legal para combatir la violencia existe, pero falta
reglamentar, ejecutar y asignar prespuesto suficiente.

Por Ileana Manucci

Si hacemos el ejercicio de buscar noticias o artículos sobre
“femicidios” de hace 10 años, seguramente encontremos poco y nada. Y es que
hasta no hace mucho tiempo, que un novio, marido, amante o ex, padre, hermano,
tío, un hombre, matara a su compañera mujer, era un tema de pasiones, de celos,
de un amor desbordado; un caso aislado, un tema privado. Pero hoy, y cada vez
más, sabemos que estas muertes son muy públicas, muy de todos, que el Estado
debe actuar, que la cultura debe cambiar, que eso no es cariño ni amor.

El asesinato de Chiara Páez desató un repudio generalizado que se tradujo en la consigna Ni Una Menos y en marchas en todo el país.

La muerte de mujeres a manos de hombres que las matan por el
hecho de ser mujeres, eso es un femicidio. Estos asesinatos motivados por la
misoginia, el desprecio y el odio hacia las mujeres, ya se cobraron este año,
en el país, 140 víctimas, 28 por mes. En nuestra provincia, se registraron
durante los primeros cuatro meses de 2015, 10 femicidios: el mismo número que
en todo 2014.

La declaración de emergencia nacional sobre esta situación
es uno de los reclamos más fuertes que tienen hoy las organizaciones que luchan
por los derechos de la mujer. Este hecho implicaría que se destinen fondos y
recursos económicos inmediatos a las áreas que deben abordar la problemática,
tanto a nivel nacional, como provincial y municipal.

Las no políticas

En nuestro país, en 2009, fue sancionada la Ley 26.485 de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres. Además, y gracias a la lucha constante de diversas organizaciones, se
logró incorporar al Código Penal la figura de “homicidio agravado por violencia
de género”. Estas normativas hacen que Argentina sea uno de los países más
avanzados de la región, aunque la falta de implementación de las mismas hace
que su eficacia sea casi nula.

El informe “Deudas pendientes en la eliminación de la
violencia contra las mujeres en la
Argentina”, realizado por el Instituto de Investigación
Social, Económica y Política Ciudadana, junto a la ONG Mumala, y
presentado en marzo de este año, analizó la aplicación de la Ley 26.485 en 10 provincias,
entre ellas Santa Fe.

Allí se consigna, entre otras cosas, que:

– De las 10 provincias analizadas, incluida la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Santa Fe es una de las cuatro que ha creado un Observatorio de la Violencia contra las
Mujeres. El mismo depende de la Dirección Provincial de Políticas de Género, pero
no presenta informes ni estadísticas. El observatorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tampoco produce datos estadísticos y publica en su página los
informes de femicidios elaborados por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

– En Santa Fe, en febrero de 2014, se puso en marcha en
forma integral la reforma del sistema penal. Dentro del Ministerio Público de la Acusación, se creó una
unidad de investigación dirigida a delitos atravesados por la cuestión de
género, aunque aún no se han publicado datos. Un caso diferente es el de
Córdoba, que cuenta con el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Poder
Judicial de la Provincia,
el cual registra algunos datos con fines estadísticos, desde el año 2008. En su
página web oficial hay información acerca de cantidad de causas por violencia
que tuvieron intervención judicial, cuántas se elevaron a juicio en procesos
penales y cuántas tienen sentencia, entre otras cosas.

– En cuanto a áreas destinadas a la creación y ejecución de
políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, en todos los casos se pudo observar que las mismas ocupan un lugar
poco jerarquizado dentro de los organigramas provinciales y en general no
tienen ni siquiera presupuesto propio asignado. En aquellas áreas que sí tienen
recursos, es un porcentaje ínfimo del presupuesto total. Por ejemplo: en Santa
Fe, en 2014, para la
Dirección Provincial de Políticas de Género se destinó un
presupuesto de $2.993.208, lo que representó un 0,005% del total de gastos (54
mil millones).

– Respecto del patrocinio legal gratuito a las víctimas por
parte del Estado, contemplado en el artículo 16 de la ley, el mismo sólo existe
en seis de los 24 distritos argentinos; Santa Fe no está entre esos seis.

– Organismos que brinden asistencia integral, bajo la órbita
del poder ejecutivo de cada provincia, existen en siete de las 10 provincias
relevadas. En Santa Fe, sólo existe a nivel municipal, en Rosario, un Área de
Atención de Violencia de Género que posee un equipo interdisciplinario y una
línea gratuita de atención las 24 horas.

– Otro de los puntos vitales, urgentes y que está en el
centro de los reclamos, es el que tiene que ver con la existencia de refugios para las mujeres y, en muchos casos, sus hijos. De las 10 provincias
analizadas, ocho poseen casas de refugio, y de éstas, sólo cinco dependen y
fueron creadas por los Ejecutivos Provinciales. La provincia de Santa Fe posee
dos casas de refugio en Rosario (dependen del municipio) y un convenio con
cuatro municipios y tres ONG a través de los cuales se cuenta con 83 plazas
disponibles para los casos de violencia de género. Ante situaciones de suma
urgencia, se cuenta con plazas especiales en el sistema de protección de
adultos mayores en tres ciudades.

– El Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) creó, en
septiembre del año 2013, la línea telefónica 144 de consulta, orientación y
asesoramiento ante situaciones de violencia de género a nivel nacional. En todas
las provincias analizadas se manifestó que la misma está en vigencia aunque en
algunas, como Santa Fe, se encontró que la derivación realizada desde allí no
fue correcta, ya que se recomendó realizar la denuncia por violencia en la
comisaría local, cuando lo preferente es derivar a la Comisaría de la Mujer o a la Fiscalía. Además,
se brindó un teléfono fijo de la
Dirección de la
Mujer con el no se pudieron comunicar dado el horario, y no
brindaron el 0-800 de dicha Dirección que funciona las 24 horas.

Ni un peso por mujer

El órgano nacional de aplicación de la ley es el Consejo
Nacional de las Mujeres, de existencia previa a la sanción de la norma. El
presupuesto asignado a dicho órgano ha ido en aumento desde el año 2008, pero
las subas han respondido al incremento porcentual propio del presupuesto
nacional total para cada año.

Para graficar lo gravemente insuficiente que resulta el
presupuesto asignado al CNM: si se divide el presupuesto correspondiente al año
2014 sobre la cantidad de mujeres censadas por el INDEC en el último censo
poblacional del año 2010, esta cuenta devela que el Estado Nacional invirtió
ese año tan sólo $0,80 por mujer para erradicar la violencia de género.

Este cálculo ayuda a entender donde está parado hoy nuestro
país a la hora de proteger a las mujeres víctimas de violencia. Las leyes
están, como también está el órgano de aplicación y las líneas telefónicas. Pero
destinar $0,80 por mujer, está lejos de ser un política pública seria para
frenar esta epidemia que hoy son los femicidios.

Una red de violencias

La situación se agrava si, además, se toman en consideración
los “femicidios vinculados”, una categoría que toma la Asociación Civil La Casa del Encuentro, quienes
llevan adelante el único registro estadístico de femicidios del país, y que
hace referencia a la muerte de mujeres y/u hombres que fueron asesinados por el
femicida, al intentar impedir el crimen, o que quedaron atrapados “en la línea
de fuego”; y a las personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron
asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a
la mujer. A esto se suman otro tipo de víctimas colaterales: las hijas e hijos
que quedaron sin madre asesinada por violencia sexista.

Siguiendo estas categorías, en todo 2014 se registraron 277
femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas (uno cada 30 horas); y 29
femicidios vinculados de hombres y niños. El registro que lleva adelante esta
asociación, también permite visualizar que el femicidio atraviesa todas las
clases socioeconómicas y edades, que entre un 10 y un 12 % de los agresores
pertenecían a fuerzas de seguridad, que en 9 de cada 10 casos, el femicida era
pareja o ex pareja de la víctima; y que se encuentra en aumento el crimen
contra mujeres embarazadas y niñas.

Datos y claves

– En 2014 hubo 277 muertes por femicidios, una cada 30
horas.

– El tema no estaba en la agenda del Estado y tampoco en la
de los candidatos, fue puesto por la sociedad civil.

– “Ni una menos” es una consigna que apela a un cambio
socio-político profundo. Es intolerable toda muerte por violencia de género.

– Los presupuestos asignados para las áreas que deberían
ocuparse del tema son ínfimos: la
Nación destina 80 centavos por mujer; en la provincia, la Dirección de Políticas
de Género apenas cuenta con el 0,005% del total de gastos y recursos.

– La clave es educar a los niños en otro paradigma cultural.

Publicada en Pausa #155, miércoles 3 de junio de 2015

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