Vivir y morir aspirando veneno

La
Legislatura debate una ley que fijará la distancia entre los
pueblos y las fumigaciones. Pese a las pruebas del impacto del glifosato en la
salud, es fuerte el lobby del agronegocio.

Por Juan Pascual

Antes de empezar: en 2014, las exportaciones de todo el
complejo sojero, de 37,09 millones de toneladas, produjeron el ingreso al país
de 20.037 millones de dólares.

La producción de soja domina absolutamente el paisaje rural,
a partir de la excepcional productividad que brinda el denominado “paquete
tecnológico”: la combinación entre semilla transgénica y glifosato. Los
agricultores siembran una semilla de laboratorio cuya virtud es ser el único
organismo que resiste a un herbicida que aniquila todo otro tipo de brote. Se
le dice Soja RR, Round Up Ready. Round Up es la marca comercial del glifosato,
que también es útil para un sinnúmero de otros transgénicos.

Los dos proyectos legislativos en danza autorizan la fumigación terrestre con glifosato, pero son significativas las diferencias respecto de la extensión de la zona en la que se lo prohíbe.

La ley de fitosanitarios, que regula la aplicación de estos
venenos en la provincia, es de 1995, anterior a la autorización del uso de
transgénicos en Argentina, que fue firmada en 1996 por el entonces Secretario
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Felipe Solá. El expediente
administrativo que fundamentaba la decisión constaba de 136 folios, 108 estaban
redactados en inglés bajo el título “Safety, Compositional, and Nutricional
Aspects of Glyphosayte-tolerant Soybeans” (Aspectos de seguridad, composición y
nutricionales de la semilla de soja resistente al glifosato). Ese informe fue
directamente redactado por la principal firma productora y comercializadora del
“paquete tecnológico” que transformó radicalmente el paisaje rural y la vida de
los campesinos: Monsanto.

Según la
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que
reúne a todas las grandes empresas de agroquímicos, en 1996 se usaban en la Argentina 11 millones de
litros de glifosato. En 2012 se vendieron 182 millones. Desde hace tres años
que Casafe no hace públicas las estadísticas de uso. La Red de Médicos de Pueblos
Fumigados afirma que se arrojan 320 millones de litros de glifosato por año y
que hay 13 millones de personas en riesgo de ser afectadas por el químico.

Desde 2009 –con la excepción de 2014– todos los años
ingresan a la Legislatura
diversos proyectos que intentan adecuar la normativa a la nueva realidad. El
eje de las discusiones, siempre, radica en cuántos metros deben dejarse libres
de fumigaciones entre el límite de los pueblos y el comienzo de las
explotaciones agropecuarias. Es decir: el eje está en la mayor o menor
posibilidad de estar en tu casa y dejarte (o no) fumigar con glifosato. En
todos los casos, los proyectos cayeron por no ser tratados en alguna de las dos
cámaras. El tema está en la agenda legislativa; este año tuvo preferencia para
ser tratado en la Cámara
de Diputados cuando se reanudaron las sesiones, después del receso de invierno,
pero se postergó dos veces. No hay acuerdo ni entre los bloques, ni al interior
de cada bloque, por eso aún no tuvo dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, paso necesario para que se discuta en el recinto. De la
comisión puede salir un proyecto consensuado o dos: uno de mayoría y otro de
minoría.

La última preferencia fue renovada para el 27 de agosto:
para ese día, las organizaciones que llevan adelante la campaña “Paren de
Fumigarnos” organizaron una marcha a la Legislatura con el objetivo de reclamar el
tratamiento de la ley.

De un lado, están quienes piden que los paren de fumigar.
Del otro, hay 20.037 millones de dólares.

Un hombre fastidiado

Médico y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Rosario, Damián Verseñazzi coordina las prácticas finales de los estudiantes,
una última evaluación indispensable para recibir el título. Desde 2010, todos
los años, Verseñazzi viaja a distintos pueblos de la provincia con sus alumnos.
En las localidades despliegan los Campamentos Sanitarios donde hacen registros
epidemiológicos, exámenes físicos a los niños en las escuelas y talleres de
promoción de la salud. Cada tres meses parten los contingentes desde Rosario
hacia lugares como Santa Isabel, Murphy, María Teresa, San Gregorio, Villa
Cañás, Bouquet, Wheelwright, María Susana, Totoras, Elortondo, Hughes, Bigand,
entre otros. Entre 90 y 150 jóvenes pasan cinco días en cada destino; a cada
aspirante se le asigna una manzana y allí efectúan un cuestionario que
comprende una caracterización socioeconómica de la familia y de sus principales
problemas de salud en el año y en los últimos 15 años.

—Tiene rango de censo —explicó Verseñazzi—. Vamos al 100% de
las casas, pero no todos te responden: tenemos una cobertura efectiva que
oscila entre el 65% y el 89% de los domicilios de cada pueblo.

—¿Cuál es el resultado?

—Lo que nosotros hemos encontrado, para nuestra sorpresa,
porque nunca fuimos a buscar un problema en particular, fue que los perfiles
epidemiológicos de cada comunidad son muy similares entre sí y que tienen una
curva de modificación muy similar. No siempre la gente se enfermó y murió de
las mismas cosas. El cambio que ha habido en el tiempo y en las características
es parejo en cada una de las 22 localidades que visitamos. Empezaron a
incrementarse los problemas oncológicos: tenemos en los últimos cinco años la
misma cantidad de casos nuevos de cáncer que teníamos en los diez años
anteriores. Tenemos un crecimiento en la cantidad de abortos espontáneos y
niños nacidos con malformaciones. Tenemos una aparición de enfermedades en las
glándulas tiroideas, fundamentalmente hipotiroidismo, ya no sólo en mujeres
jóvenes sino en hombres y en niños: lo adquieren a los pocos años de vida.
Tenemos un aumento en las enfermedades respiratorias y dermatológicas.

Sir William Richard Shaboe Doll es reconocido como el padre
de la epidemiología moderna. Estudió la relación del asbesto y el alcohol con
el cáncer y de la radiación con la leucemia. Su trabajo pionero es de 1954. La
pregunta que lo inquietaba era sencilla, evidente. Un cáncer que era poco común
se había vuelto epidemia. Hombres y mujeres morían con los pulmones negros, sin
aire. Doll y su equipo entrevistaron a 700 pacientes y encontraron una
constante: el consumo de tabaco. Recién en 1996 el científico norteamericano
Gerd Pfeifer y su equipo pudieron probar en términos biológicos y genéticos el
vínculo directo entre el humo del pucho y el cáncer de pulmón. Durante todo el
período intermedio no faltaron los cientos de estudios financiados por las
tabacaleras para desmentir el hallazgo que Doll había espetado 42 años antes.

En 2008 en el país se contabilizaron 206 casos de cáncer
cada 100 mil habitantes. En algunos pueblos relevados por las Campañas
Sanitarias se encontraron hasta 2.000 casos cada 100 mil. Las malformaciones
normalmente se dan en un caso por millón de personas; se llega a seis niños en
algunos pueblos de 4.000 habitantes. Y además aparecen nuevos tipos de cáncer:
linfomas, leucemias y cáncer de tiroides, páncreas y mamas.

Verzeñassi establece una causal clara para las nuevas
epidemias: “Cuando uno observa las sustancias químicas que se usan en el modelo
de producción que se instaló en estas regiones, estos padecimientos aparecen
como posibles enfermedades en el caso de tener contacto con estas sustancias.
Hay otras, que no aparecían como posibles enfermedades, pero que a la luz de
los últimos estudios que se han hecho a nivel internacional sobre asociación
con malformaciones, asociación con neoplasias y asociación con trastornos
endócrinos, son coherentes con este tipo de exposiciones. Esto ha llevado a
preguntarnos si alguien puede decir que no tiene ningún peso el incremento del
848% del uso de agroquímicos en nuestra región con en el problema de salud más
importante que tenemos: el incremento del cáncer y de las enfermedades
endócrinas”.

—¿Qué le contesta a quienes dicen que el glifosato no
produce daño?

—Los invitaría a que vayan a estudiar un poco.

En 2009, el investigador del Conicet Andrés Carrasco había
establecido que el glifosato producía malformaciones en anfibios. En 2010
publicó su investigación en una revista internacional. Luego fue vapuleado por
empresarios, por otros académicos e incluso por el ministro de Ciencia y
Tecnología de la Nación,
Lino Barañao.

En una sola campaña sanitaria se relevan mucho más que los
700 casos que examinó Doll hace 60 años. La Agencia Internacional
para la Investigación
sobre el Cáncer de la OMS
estableció el 20 de marzo que “hay pruebas convincentes de que el glifosato
puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de
carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”, tras un año de trabajo en el
tema, con 17 expertos de once países. El herbicida “también causó daño del ADN
y los cromosomas en las células humanas”, dice el texto. El doctor Verzeñassi
se muestra fastidiado. Es lógico: puede hacerlo. Carrasco no. Murió en 2014.

El debate

Antonio Riestra, primero, y Juan Carlos Zabalza, después,
fueron los primeros en presentar modificaciones a la ley de fitosanitarios. La
puja de los agronegocios siempre hizo caer el tratamiento de las propuestas. En
2011 Zabalza reconoció sin más: “Hay muchas presiones alrededor del tema,
intereses económicos que quieren evitar que salga la nueva ley”.

En 2012, el Movimiento de Pueblos Fumigados de Santa Fe
solicitó, directamente y bajo el amparo de la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública,
que la Cámara
alta otorgara “la lista de senadores y senadoras con participación personal,
familiar o societaria en emprendimientos de carácter comercial con fines de
lucro relacionados con actividades agropecuarias o que pudieran verse afectadas
por la nueva ley regulatoria del uso de agroquímicos”. Es que en el Senado
siempre se abortaba el tratamiento de los proyectos. El dirigente del Centro de
Protección a la Naturaleza,
Carlos Manessi, recordó que, en una reunión privada, el vicegobernador Jorge
Henn fue claro en su respuesta “cuando nos dijo que si había que apartar a
todos los senadores vinculados al campo había que cerrar el Senado”.

Manessi, junto al enorme colectivo de organizaciones que
integra la
Multisectorial “Paren de Fumigarnos” y al diputado provincial
José María Tessa (Nuevo Encuentro) elaboraron en 2013 un nuevo proyecto, que se
basa en las restricciones establecidas por el célebre fallo de San Jorge de
2009: una de las restricciones más fuertes de la Justicia en favor de los
fumigados.

En su letra, establece una prohibición total de las
fumigaciones aéreas en toda la provincia. Las terrestres quedan prohibidas
hasta 800 metros de distancia de los centros urbanos y 1.000 de las escuelas
rurales. Desde esos límites hasta los 1.500 metros se autoriza el uso de
agroquímicos en la clase III y IV (el glifosato está allí), entre los 1.500 y
los 3.000 metros los de clase II y a partir de los 3.000 los de clase toxicológica
Ia y Ib (banda roja, los productos más peligrosos para la salud y el ambiente).
En el mismo año, la diputada socialista Inés Bertero ingresó otro proyecto, que
proponía la prohibición de la aspersión aérea de glifosato a 1.000 metros de
los centros poblados y de los cursos de agua y a 500 metros cuando la actividad
se realice de manera terrestre.

En Pausa #127, edición publicada el 4 de diciembre de 2013,
se informaba: “El 6 de noviembre, en la sede de Amsafe, los diputados
kirchneristas José María Tessa y Aliza Damiani y la socialista Inés Bertero
participaron de una charla-debate sobre la reforma a la ley de agroquímicos.
Luego avanzaron en un borrador de dictamen conjunto con la expectativa de
ponerlo a votación antes del 30 de noviembre, fin del período ordinario de
sesiones. El borrador disponía distancias de 3.000 y 800 metros –respecto de
las zonas pobladas– para las fumigaciones. A último momento, Bertero propuso
reducir los límites y así quedó abortada, una vez más, la posibilidad de
unificar un criterio transversal a los distintos bloques políticos y llevar la
discusión al recinto”.

En 2014, no hubo discusión sobre el tema ni en la Cámara de Diputados ni en
el Senado; el proyecto de Tessa apenas avanzó en la Comisión de Agricultura
de la Cámara
baja. Y en 2015, los tantos aparecieron un poco cambiados.

De 500 a 50, nunca 800

En 20 minutos de entrevista, la diputada socialista Inés
Bertero recurrió en seis ocasiones a la expresión “buenas prácticas”,
generalmente antecedida por la frase “no subestimemos”.

“Todos sabemos que cuando hablamos de fitosanitarios estamos
hablando de productos que no son inocuos, más allá de que no tengamos certeza
respecto del nivel de afectaciones y efectos negativos que esto tiene en la
salud humana, pero tenemos una serie de indicios o estudios que se vienen
realizando”, expresó Bertero.

—Usted conoce los estudios del doctor Verzeñassi de la UNR.

—Sí, sí, conozco, pero esos datos no se condicen con otros
datos de las denuncias por intoxicaciones del Hospital Centenario, que es de la Facultad de Ciencias
Médicas. Ese trabajo de campo es valioso pero no es tampoco la última palabra.
Además, las autoridades provinciales, ante la carencia de estadísticas, están
implementado un protocolo para que los médicos, cuando reciban estas denuncias
por intoxicación o malformación o cáncer, vuelquen esos datos. Y el Ministerio
de la Producción
está haciendo reuniones en toda la provincia con los aplicadores y los
operarios, que son muy interesantes porque si hay realmente alguien afectado
por estos productos son estos operarios. Muchas veces no toman los resguardos
necesarios, no tienen buenas prácticas. Los distintos ámbitos de donde se
recogen estas estadísticas o estos casos no son coincidentes, más allá de lo
que haya dicho la OMS
sobre el glifosato.

—La OMS
fue taxativa.

—Bueno, sí, por eso estamos trabajando y queremos que se
modifique la ley nacional. Nuestra propuesta, después de las reuniones, avanza
mucho.

Durante las últimas semanas, la Comisión de Asuntos
Constitucionales se vio agitada por una serie de encuentros entre Tessa y los
integrantes de “Paren de Fumigarnos” y Bertero y las agrupaciones que apoyan su
proyecto. Según informa la revista especializada en negocios PuntoBiz, el
proyecto de Bertero fue consensuado con Agricultores Federados Argentinos,
Asociación de Cooperativas Argentinas, Confederación de Asociaciones Rurales de
la Provincia
de Santa Fe, Cámara de Empresas Agroaéreas de la Provincia de Santa Fe,
Inta, Inti, Federación Agraria, entre otras entidades.

Naturalmente, para la diputada Bertero, “esto de los 800
metros sin aplicaciones para nosotros es imposible. Serían ocho manzanas
alrededor de los pueblos llenas de malezas. Son muchas hectáreas que
directamente no tendrían producción. Todavía no podemos pedir 800 metros de
producción agroecológica, porque nuestro pequeño productor no tiene capacidad
para eso. De modo que en el proyecto nuestro hay 50 metros de prohibición
donde, se supone, se van a instaurar barreras forestales o vegetales. Desde 50
metros hasta los 100, o 200 metros si no hay barrera forestal, solamente
productos aprobados por el Senasa para producciones agroecológicas. A partir de
los 100 o los 200, y hasta los 800, productos de clase III y IV. Pero siempre
con la presencia del veedor. Y esto es muy importante, y no hay que subestimar
las buenas prácticas. El veedor es un ingeniero agrónomo con el que debe contar
el municipio. Debe ser contratado por el propio municipio o entre varias
comunas, o por los propios productores. Eso va a estar en la reglamentación,
pero debe estar presente el veedor para corroborar los productos que se
aplican, y que se apliquen con la maquinaria adecuada, con los equipos
adecuados”.

Respecto de las fumigaciones aéreas, la diputada expresó que
“en el proyecto del diputado Tessa hay prohibición total, nosotros consideramos
que es de aplicación imposible porque hay muchos productores que no pueden hacer
otro tipo de aplicación que aérea, o algunos tipos de cultivos, como el arroz,
en los que sí o sí es aérea. Lo mismo sucede con las épocas de lluvias.
Entonces, a las fumigaciones aéreas nosotros las autorizamos a partir de los
1.500 metros hasta los 3.000, para productos III y IV, y se pueden hacer
solamente en casos de falta de piso, o que no se pueda hacer por medios
terrestres, también con la presencia del veedor. Después de los 3.000 metros ya
se pueden aplicar los otros productos”.

Otros puntos que establece el proyecto de Bertero apuntan al
registro absoluto de todos los equipos de fumigación y a la capacitación
obligatoria y presentación de protocolos de actuación por parte de los
operarios de estos equipos, más allá de la presencia del veedor. El proyecto de
Tessa, por su parte, también apunta a la regulación de la venta libre de
agroquímicos, su acopio, la restricción de las fumigaciones en las banquinas y
el destino final de los envases contaminados.

El debate en la
Comisión de Asuntos Constitucionales es intenso. Los
representantes de “Paren de Fumigarnos” hablan en nombre de la salud, los
representantes de la producción agropecuaria se preocupan por la aplicabilidad
de las normas y por sus propios negocios. Las posibilidades de un dictamen consensuado
parecen remotas; el tratamiento y la aprobación de una reforma a la ley
vigente, aún más. Mientras tanto, el mero hecho de vivir en los bordes de un
pueblo rural es una forma de estar destinado a la muerte. Y esto no está dicho
como un mero bolazo filosófico.

Otros estudios científicos

En un artículo de su autoría, el doctor Damián Verzeñassi ,
de la UNR, reseña
una larga serie de estudios epidemiológicos sobre los efectos de los
agroquímicos en la salud. Se destacan:

- Un estudio colaborativo de un equipo interdisciplinario de
ecólogos, epidemiólogos, agrónomos, endocrinólogos y sociólogos, dirigido por
el doctor Alejandro Oliva, realizado entre 2004 y 2007 en las localidades
santafesinas de Alcorta, Bigand, Carreras, Máximo Paz, Pérez Millán y Santa
Teresa, con el auspicio del Hospital Italiano de Rosario, el Centro de
Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional
de Rosario, la
Federación Agraria local y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria. Evidencia registros de incidencia de cáncer de
testículo, gástrico, de páncreas, hepático y de pulmón que superaban en 2 a
8,26 los valores de referencia en áreas no pulverizadas. Cifras similares se
encontraron en cánceres de ovario.

- La Tesis
de Maestría de la doctora Gladys Trombotto, “Tendencia de las Malformaciones en
el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la Ciudad de Córdoba en los
años 1972-2003. Un problema emergente en Salud Pública”, donde se establece
que  sobre 110 mil nacidos vivos en ese
período de tiempo, hasta el año 1991, el índice de nacidos vivos con
malformaciones congénitas era de 16,2 por mil, mientras que en el año 2003, esa
cifra había crecido a 37,1 por mil.

- El aporte de la delegada del Ministerio de Salud del
Chaco, doctora Ana Otaño, al Primer Informe de malformaciones congénitas en el
Servicio de Neonatología del Hospital Julio C. Perrando de Resistencia. Allí se
señala que dichas malformaciones pasaron de 19,1 por diez mil nacidos vivos en
el año 1997, a 85,3 por diez mil en el año 2008, hecho coincidente con el
incremento en el área de superficie destinada a la producción de soja
transgénica, que pasó de 110 mil hectáreas en el año 1997 a casi 750 mil en
2008.

Publicada en Pausa #160, miércoles 26 de agosto de 2015

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