“Cada sociedad se tiene que hacer responsable de los detenidos que tiene”

Entrevista a Ariel Cejas Meliare, director
general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria
de la Nación.

La Procuración Penitenciaria de la Nación
es un organismo oficial pero autárquico, que si bien fue creado bajo la órbita
del Ejecutivo, desde diciembre de 2003 depende del Poder Legislativo, por
decisión del Congreso Nacional. Su objetivo es “proteger los derechos
fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y
controlar la actuación del Servicio Penitenciario Federal”, según consta en su
propia página web.

A raíz de la adjudicación de las obras para
la construcción de una prisión federal en Coronda, Pausa en el Aire (Radio EME,
miércoles de 22 a 24) dialogó con Ariel Cejas Meliare, director general de
Protección de Derechos Humanos de dicha Procuración, sobre ese acontecimiento,
pero también sobre la realidad carcelaria del país. “No es cuestión de meter a
todo el mundo preso”. “Las sociedades tienen los presos que se merecen”.
“Coronda, San Martín y Boulogne son de las peores cárceles que hay en el país”.
“Las cárceles nunca tienden a la reinserción”. Algunas de sus declaraciones más
resonantes.

“No hay ninguna cárcel federal que no esté
superada en su capacidad real”, comenzó Cejas Meliare, y continuó: “Esa es una
de las razones fundamentales para empezar a hacer nuevas cárceles en los
lugares donde hay muchos detenidos federales, como Santa Fe”. No obstante, para
el funcionario esos detenidos no se distinguen de aquellos alojados en
prisiones provinciales, con los que por ahora comparten celdas.

—¿Para usted no representa mayores
inconvenientes esto de que los presos federales compartan espacios con los
presos provinciales, que es algo de lo que los funcionarios  provinciales se quejan mucho, como si los
presos federales fueran distintos?

—No. La verdad que no se debería hacer
ninguna diferencia. Es una persona que está privada de su libertad y que debe
gozar de los mismos derechos, sea provincial o federal. Lo que también incide
mucho es que los detenidos federales se rigen por la ley 24.660, que es la ley
de ejecución de la pena, y muchas provincias tienen una ley propia. Y eso hace
que haya algunas diferencias en solturas anticipadas, en egresos o en salidas
transitorias. O lo que es muy fuerte, que es el tema del peculio. Es
vergonzoso, casi esclavista, lo que se paga en las provincias a una persona que
trabaja dentro de un establecimiento de detención. En el sistema federal, esto
hay que decirlo, eso es mucho mejor.  Al
menos un 35% de la población penal cobra el mínimo vital y móvil. El resto no,
pero cobra un sueldo que podría decirse que es medianamente digno para poder
tratar de mantener a su familia [que está] libre.

—Desde la experiencia que tienen desde la PPN, ¿hay en las provincias
una noción o una visión de políticas carcelarias?

—En algunas sí y en otras no. Hay
provincias que ni siquiera tienen un servicio penitenciario.  Hay algunas que tienen una infraestructura
muy básica. En el caso de Chubut, por ejemplo, que ni siquiera tenía una cárcel
y los presos están en comisarías; recién ahora se inauguró [el 18 de julio
pasado, y los reos aún no fueron trasladados al lugar]. En algunas provincias
sí hay una política más avanzada, o más estudiada, si se quiere, que en otras.
No es algo general de todo el país.

—¿Y a Santa Fe cómo la ve en ese sentido?

—Santa Fe es una provincia muy complicada,
en cuestión de infraestructura, en cuestión de sobrepoblación. Me consta que ha
tenido algunos intentos de planificación, pero la verdad que es muy difícil
planificar con una demanda de ingreso tan grande. Y acá también el poder
judicial tiene su responsabilidad. No es cuestión de meter a todo el mundo
preso. El Estado es una caja de herramientas, no puede ser que siempre utilice
la misma, que es el martillo. Hay distintos delitos que se pueden tratar de
distinta forma. El problema es que todos los delitos o conflictos sociales se
tratan de la misma forma, que es el encierro. Yo diría que al menos el 50% de
la población penal federal está por delitos que no son de peligrosidad, que
podrían trabajarse de otra forma. No es cuestión de que esté todo el mundo
preso. [Pensemos] en las mujeres que están con hijos en la cárcel: hay un
montón de colectivos que deberíamos trabajar y que no deberían ser medidos con
la misma vara todos.

—¿Cómo se debe trabajar la vinculación con
la comunidad que aloja a los presos y cárceles federales? En el caso de Coronda
surgió la oposición de muchos vecinos a la instalación de la prisión federal.
¿Esto se trabaja desde la PPN?

—No. No es una cuestión que sea
responsabilidad de la
Procuración. La Procuración es un organismo de control de
violaciones a los derechos de las personas privadas de su libertad. Pero es una
discusión que no sólo se da en Santa Fe, sino en todas las provincias; se está
dando también en Neuquén. Claro, antes se tenía la idea del destierro, entonces
las cárceles iban alejadas de las grandes ciudades, pero bueno, la población ha
crecido muchísimo y las cárceles han quedado en el medio de las ciudades. En la Capital Federal
también, el gobierno de la ciudad quiere sacar la cárcel de Devoto, y nosotros
consideramos que es un error. Las sociedades tienen los presos que se merecen,
entonces no tienen por qué sacar de la jurisdicción donde viven a las personas.

—Ahora, ¿hay riesgo concreto para la
localidad? Porque los vecinos de Coronda están un poco alarmados.

—No, no tendría que haber ningún riesgo. Me
parece que hay que hacerse cargo de las personas que uno tiene detenidas. Los
presos salen de la sociedad, no salen de Marte. Entonces a nadie se le ocurre
que un detenido de Córdoba venga a estar en Devoto. ¿Por qué los habitantes de
la ciudad no deberían tener una cárcel? ¿Qué es…? ¡Sacamos la basura y la
mandamos a la provincia de Buenos Aires, los presos a la provincia de Buenos
Aires, los locos a la provincia de Buenos Aires! No es así. Hay que hacerse
cargo y responsable. Cada sociedad se tiene que hacer responsable de los
detenidos que tiene. Me parece que es un error querer sacar fuera de la
jurisdicción los detenidos de cada provincia.

—¿Nos podría explicar cómo es eso de que
“las sociedades tienen los presos que se merecen”?

—No lo quise decir peyorativamente. Quiero
decir que así como en las sociedades permanentemente hay una demanda de querer
encerrar, encerrar, y encerrar, también hay que hacerse cargo de ese encierro.
Hay que hacerse cargo de las personas que uno lleva a la cárcel. Y después no
decir “demanda de cárcel, demanda de cárcel, pero no en mi jurisdicción, ¿eh?
Mandémoslos a otro lado”. Eso es lo que quise decir. Se tienen que hacer cargo
de esa demanda que están pidiendo todo el tiempo.

—Claro, el planteo normalmente tiene que
ver con “¿por qué en mi ciudad?”, ¿no?

—Exactamente. ¿Qué es esto? “¡Presos,
presos!…  ¡pero no en mi ciudad!”. Hay
provincias por ejemplo que se enorgullecen de su desmanicomialización.
“Nosotros no tenemos ningún neuropsiquiátrico”, dicen. Claro, ¡así cualquiera!
Esto pasa sobre todo en el sur (del país). Están todos en lo que era en su
momento la Unidad
20 (el Hospital Borda) o en el anexo del Complejo N°1 (Ezeiza). Y hay seis
detenidos que están hace más de 25 años presos. Porque están con una medida de
seguridad. Pero tenemos detenidos que son de Esquel (provincia de Chubut), con
los que estamos trabajando y tratando de revincularlos con sus familias. No
tienen por qué estar acá (en Buenos Aires). Para esa persona sería mucho más
fácil una reinserción en la sociedad estando en su localidad, con su gente, con
sus vecinos, con su familia. No se puede encerrar a una persona y mandarla al
destierro, dejarla 25 años, en una localidad que no es la suya.

—Aquí en las cárceles santafesinas en los
últimos años se han dado situaciones muy conflictivas, enfrentamientos entre
internos y bandas de internos. ¿Cómo es la situación a nivel federal? ¿Se
suceden estos conflictos entre bandas delictivas que siguen trabajando dentro
de la cárcel?

—Sí, por supuesto. Lo que sí hay es un
porcentaje de penitenciarios igual que el de detenidos. Hay más de 10.000
penitenciarios y 10.000 detenidos. En ese sentido es un poco más… No quiero
usar la palabra ‘seguros’, pero…

—Es un control casi personalizado.

—Exactamente, un control de uno a uno. Con
lo cual, si nos apuramos en el razonamiento, hasta diría que es peor, porque
vos tenés un control de uno a uno y se siguen sucediendo hechos muy similares
que en otras jurisdicciones donde no lo tienen, con lo cual también acá hay una
falencia muy grande.

—¿Y en cuanto a las condiciones en las que
están? Hace un tiempo atrás aquí en Santa Fe la Defensa Pública
del Sistema Penal hizo un informe bastante lapidario, en el que se hablaba de
hacinamiento, de violencia desmedida, de abuso de autoridad, de condiciones muy
malas en las cárceles de la provincia. ¿Cómo están evaluando ustedes el sistema
carcelario del país?

—La verdad que el sistema de Santa Fe es
uno de los más conflictivos y dos cárceles también muy conflictivas son la de
barrio San Martín en Córdoba, que ahora está cerrada, y la de Boulogne Sur Mer,
en Mendoza. Es donde hubo más peleas, más muertos, donde el nivel de violencia
entre penitenciarios y detenidos es muy grande. Son tres provincias y tres
unidades: Coronda, San Martín y Boulogne, que a mi entender son de las peores
cárceles que hay en el país.

—Con este panorama tan poco prometedor, ¿es
posible una cárcel que tienda a la reinserción?