El derecho a las verduras frescas

Casi al mismo tiempo que el Senado de la Nación convertía en ley un proyecto que promueve el desarrollo humano integral de pequeños productores, comunidades campesinas e indígenas y trabajadores de la agricultura familiar, el Consorcio La Verdecita llegaba a la Legislatura santafesina con una iniciativa para regular la situación de las familias agricultoras de nuestra provincia.

Traducida en cifras, la agricultura familiar representa el 20% del PBI del sector agropecuario nacional, el 20% de tierras productivas y el 27% del valor de la producción. Comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65% del total de productores. La actividad constituye el 53% del empleo rural.

El Consorcio La Verdecita, integrado por cerca de cien familias del departamento La Capital, presentó el proyecto a fines de 2014, que ingresó a la Cámara baja a través del diputado Leandro Busatto. “Este año no tuvo tratamiento, pero mientras tanto nos hemos encontrado con otras organizaciones de productores para seguir trabajando la idea de abrir un instituto de agricultura familiar en nuestra provincia, donde mujeres y hombres estarán en paridad de condiciones en su consejo de administración. En Santa Fe se perdió muchísima tierra para horticultura porque no hubo políticas destinadas a proteger este sector y con este proyecto –cuya redacción consta de 41 artículos– intentamos defenderlo. La idea es poder producir alrededor de las ciudades, donde los pequeños productores han desaparecido”, indicó Chabela Zanutigh, miembro de la granja agroecológica La Verdecita, ubicada en el límite norte de nuestra ciudad.

Respecto al panorama general, destacó que “en esta última etapa el gobierno nacional ha tenido un cierto empuje a la agricultura familiar. Es tarde pero no está mal porque somos visibles y hace diez años casi no existíamos. Seguimos teniendo muchos problemas como el del acceso a la tierra, que es fundamental y básico”.

El primer artículo de la ley llama a “promover el desarrollo rural integral y equitativo de la agricultura familiar en el territorio de la provincia de Santa Fe, estableciendo un régimen jurídico especial de protección y fomento de los procesos sociales y productivos mediante políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra, recursos económicos y naturales, tecnología, capacitación, justicia y derechos humanos a los sujetos, priorizando a la mujer como destinataria de las mismas y destacar su rol indispensable en el sostén de la familia como unidad productiva”.

“Nuestra provincia es tan diversa y tiene tantas regiones y particularidades de producción que hay que atenderlas. En los últimos 20 años se ha acrecentado la enorme concentración de quienes distribuyen el alimento y hacen valor agregado del alimento, hablo de las industrias agroalimentarias multinacionales que compraron a las firmas nacionales: cuatro o cinco empresas son las que producen alimentos en nuestro país, con lo cual no se puede hablar de soberanía alimentaria”, analizó la representante de La Verdecita.

La soberanía no es verso

Sobre la agricultura, el comercio y las condiciones económicas actuales, Zanutigh dijo: “Tenemos una enorme dificultad para que los políticos propongan algo y la soberanía alimentaria no es un discurso. Teniendo en cuenta la concentración de las tierras, la industria alimentaria y de la distribución del alimento, que también se hace a través de las cadenas de supermercados, ha quedado un stand by económico en el sentido de que estamos en la cuerda floja: ante cualquier inestabilidad, tenemos los alimentos en manos extranjeras. Estamos tratando de recuperar una cuestión económica fundamental para nuestra zona y el país”.

Y recordó: “Quienes pasamos por las crisis de 1989 y 2001 sabemos qué pasa cuando se termina el alimento, cuando las grandes productoras cierran la canilla porque saben que con eso la volatilidad de los precios se transforma rápidamente en volatilidad en las calles. El circuito aparentemente virtuoso de comprar en el supermercado mañana puede no existir y no tenemos manera de garantizar eso. Lo vivimos en el 2008, cuando los productores de soja cortaron las rutas y no dejaron pasar los camiones de leche, fruta y carne: hubo una estampida de precios que tuvimos que bancar todos los argentinos”.

Otro de los artículos del proyecto insta a desarrollar políticas de comercialización que garanticen la colocación de la producción local en mercados de diversa escala, como proveedores del Estado y promoviendo la formación de cadenas cortas de comercialización mediante ferias y mercados para los productos de la agricultura familiar. “Queremos que esto también se discuta en los sectores urbanos porque estamos hablando del alimento. Entonces quienes compran en supermercados de grandes multinacionales tienen que darse cuenta que los precios pueden llegar muy alto en donde ha desaparecido la agricultura y se vende un paquete de acelga a 30 pesos. Eso nos va a pasar si no defendemos que un alimento sano, barato y soberano esté en nuestra mesa porque nos lo merecemos. La soberanía alimentaria es una cuestión concreta, es el plato de comida arriba de la mesa todos los días. Nuestro proyecto tiene que ver con empezar a defender y reconocer que quienes producen el alimento tienen una trazabilidad social y económica en el alimento, y ellos son los productores”, afirmó Zanutigh.

La mujer y el desamparo legal

Consultada por el apartado especial dedicado al trabajo femenino y el enfoque de género que se le imprimió al proyecto, Chabela Zanutigh expresó: “La agricultura es el último bastión donde la figura sigue siendo el productor, como si las mujeres no estuvieran en la producción. En el caso de la agricultura familiar, la mujer trabaja a la par del hombre en las chacras y muchas veces es la que sostiene el alimento de la familia con otros productos cuando se pierde la producción por sequías o lluvias. El acceso a la justicia para ellas también es difícil, están desamparadas. Nuestro proyecto busca que se visibilice y se reconozca económicamente el trabajo que aporta la mujer a la producción de alimentos”, sintetizó.

La iniciativa presentada en la Legislatura también busca que las mujeres figuren en los registros porque “en muchos casos se registra al productor y la familia, con lo cual se pierde el valor de todo lo que aportan esas mujeres. Y ellas, al no estar registradas como productoras, no reciben subsidios. Además, algunos estudios relacionados a la producción familiar demuestran que son destinatarias de los trabajos más pequeños, como fabricar dulces o hacer tejidos, pero hay mujeres que quieren créditos para criar animales o hacer cosas distintas a lo que hicieron siempre, para tener las mismas posibilidades que los varones”, concluyó Zanutigh.

Sin desalojos por tres años

Menos del 20% de la superficie cultivable de nuestro país está en manos de agricultores familiares. En este sentido, la ley nacional Nº 27.118 declara de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y crea un régimen de reparación histórica. La norma, que considera a la tierra como bien social y crea un banco de tierras para el desarrollo de emprendimientos productivos que promuevan el arraigo rural, en su artículo 19 suspende por tres años los desalojos. En esta línea, fomenta la creación de una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural. También se impulsa la creación del Centro de producción de Semillas Nativas con el objetivo de promover su utilización, acopio, producción y comercialización.

El organismo tendrá a su cargo la tarea de promover la investigación y la preservación de las variedades que forman parte del proceso de selección realizado por pueblos originarios, comunidades campesinas y pequeños
agricultores.