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El fiscal de Estado, Pablo Saccone, recibió este martes a la familia de la joven Ana María Acevedo, oriunda de Vera, para firmar un convenio de indemnización por su fallecimiento, ocurrido el 17 de mayo de 2007 en el Hospital Iturraspe. La rúbrica implica que la Provincia se hace cargo, mediante una compensación económica, del accionar de los médicos y autoridades del nosocomio, que se negaron a practicarle a la paciente un aborto terapéutico, y paralelamente a brindarle el tratamiento que necesitaba para combatir un cáncer maxilar.
La decisión administrativa significa una bisagra para el sector público de salud en lo que refiere a la postura estatal sobre la interrupción del embarazo, cuanto menos en aquellos casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal Argentino. Según confirmó Saccone, la resolución es avalada y fue propugnada por el gobernador Antonio Bonfatti, que en las próximas horas emitiría un decreto pidiendo disculpas por los sufrimientos infligidos a Ana María y sus seres queridos.
Asimismo, el dictamen podría sentar precedente y obligar a que se agilice la causa judicial abierta por la muerte de la joven, que desde junio de 2008 espera sentencia. Los procesados son el ex director del Iturraspe, Andrés Ellena, y los jefes de los servicios de Oncología y Ginecología del nosocomio, César Blajman y Raúl Musacchio, respectivamente; por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Con esa última acusación están también imputados el radioterapeuta Jorge Venanzi y dos autoridades del Samco de Vera: su titular Sandra Barbieri y José Manuel García, integrante del Consejo de Administración.
