Más de dos mil femicidios en siete años

El dato surge del trabajo de ONGs y diversos grupos que siguen los casos que llegan a tomar estado público. La falta de estadística oficial es la primera no-política en el tema.

La ley 26.485, sancionada en 2009, es considerada una ley de avanzada en materia de derechos y en pos de la erradicación la violencia contra las mujeres. El desglose de su articulado permite ver un abordaje integral, enfocado tanto en la atención primaria y urgente de las víctimas como en el trasfondo cultural y social de la problemática.

[quote_box_left]El desafío para 2016 será lograr que el Consejo Nacional de la Mujer comience a funcionar para los fines con los que fue creado, generando datos y articulando con los estados y organizaciones de todo el país, que son las que conocen las particularidades de cada lugar. [/quote_box_left]

Uno de los puntos presente en el artículo 9 de la normativa, el cual detalla las acciones que deberá llevar adelante el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), organismo competente, es el de “analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres”. El observatorio se creó, efectivamente, pero nunca difundió datos estadísticos sobre los femicidios en el país. El único registro que figura en su página web oficial fue publicado en 2015 y da cuenta de hechos de violencia que fueron denunciados o por el cual las mujeres solicitaron algún tipo de asistencia ante organismos estatales. Se presentan datos como edades de las mujeres, nivel educativo, actividad laboral, vínculo con el agresor y tipo de violencia, pero nada dice sobre la cantidad de mujeres muertas ante este panorama de violencia que detalla.

Tener estadísticas oficiales y confiables es clave para realizar diagnósticos de la situación y accionar en consecuencia. Es decir, si no sabemos lo que sucede, difícilmente podamos hacer algo al respecto.

Ante este escenario, las organizaciones de la sociedad civil tomaron, como en tantos otros casos, el lugar que debería ocupar el Estado y comenzaron a llevar sus propios registros, los cuales siempre son parciales ya que se desprenden del seguimiento que estos equipos hacen de los casos que toman estado público, que se publican en los medios de comunicación de todo el país.

La Casa del Encuentro es una de las asociaciones civiles que más activamente ha llevado adelante este trabajo desde 2008. Según los datos que han podido recopilar, entre ese primer año y octubre de 2015, 2.041 mujeres murieron en el país a causa de la violencia machista y 2.448 hijas e hijos quedaron sin madre, la mayoría de ellos menores de edad, víctimas colaterales del femicidio.

Datos desde Santa Fe

En nuestra provincia, siguiendo la metodología de registrar los casos mediáticos, el equipo de género de la concejala rosarina Norma López (FPV) presenta regularmente sus resultados. Según los datos recabados, se informó que en 2015 se registraron 287 femicidios en todo el país, ocupando los primeros lugares la provincia de Buenos Aires con 111 crímenes, Santa Fe con 31 y Córdoba con 20. El número que ostenta tristemente la provincia triplica los casos registrados, según este equipo, en 2014, donde fueron 10, y nos retrotrae a 2013, donde se cometieron 30 femicidios.

Además, respecto a 2015, se detalló que 16 de las víctimas tenían menos de 24 años y seis más de 45. En cuanto a la modalidad empleada por los femicidias, en 13 casos se usaron armas de fuego, en 10 golpes o ahorcamiento y en cinco armas blancas; en tres casos los agresores quemaron a sus víctimas. En el territorio provincial, Rosario fue la ciudad donde más femicidios se cometieron: 16.

Al respecto del relevamiento y los crímenes que ubican a Santa Fe en el segundo lugar a nivel nacional, López manifestó: “Debemos exigir no sólo el cumplimiento de leyes y políticas públicas urgentes para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, debemos hacer una nueva construcción desde los simbólico porque aún la sociedad entiende que los agresores no tienen castigo y eso se refleja como impunidad. Necesitamos medidas urgentes, concretas y de impacto para evitar más asesinatos y garantizar la vida sin violencia de nuestras mujeres”.

Primeros números oficiales de la Corte

En noviembre de 2015, uno de los poderes del Estado, el Judicial, mediante la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, presentó el primer Registro de Femicidio de la Justicia Argentina. Dicho informe, el primero que podría considerarse oficial, da cuenta de los crímenes cometidos durante 2014, donde se contabilizó un total de 225 víctimas y al menos 144 niñas y niños huérfanos de madre por esta situación. Además se informó que en el 57% de los casos el vínculo de la víctima y el imputado fue de pareja, el 12% familiar, 6% conocidos y el 7% extraño –en el restante 18% no hubo datos.

Si bien la información se publicó con cierto retraso, son datos de 2014 dados a conocer en diciembre de 2015, y la misma no fue confeccionada por el organismo que la ley prevé, el Consejo Nacional de la Mujer, el registro fue recibido de buena manera por las asociaciones que trabajan en pos de los derechos de las mujeres, ya que el mismo dio cuenta de que al menos desde algún ámbito oficial se estaba trabajando en estas estadísticas.

El desafío para este 2016 será lograr que el Consejo comience a funcionar según los requerimientos y para los fines con los que fue creado, generando datos, articulando con los estados y organizaciones de todo el país, que son las que conocen las particularidades de cada lugar, y generando a partir de allí políticas claras y concretas tendientes a erradicar la violencia de género.

[quote_box_right]El Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres se creó, efectivamente, pero nunca difundió datos estadísticos sobre los femicidios en el país. [/quote_box_right]

Las perspectivas en este sentido, siguen siendo inciertas. Mientras por un lado, la designación de Fabiana Tuñez, reconocida activista y ex presidenta de La Casa del Encuentro, al frente del CNM fue recibida de forma positiva y alentadora, por el otro, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que borró, o vació, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que, entre otras cosas, proveía de anticonceptivos variados a adolescentes, mujeres y personas vulnerables a una concepción no deseada. Esta modificación salió publicada en el Boletín Oficial el 12 de enero, el mismo día en que el presidente recibió en Casa Rosada a las familias de Ángeles Rawson, Adriana Zambrana y Wanda Taddei, y donde se mostró preocupado ante la avanzada de los femicidios en el país.

Marta Dillon, periodista y activista, señala al respecto: “¿Es posible decir que la violencia de género está en la agenda de este gobierno cuando se sabe que las mujeres son todavía más vulnerables frente a esa violencia cuando no pueden decidir sobre sus cuerpos? ¿Cuál es la ética de mostrarse acompañando el dolor cuando lo que efectivamente se hace es dejar a la intemperie a todas? La violencia de género no es un evento aislado de otras políticas de empoderamiento y protección de los Derechos Humanos. La violencia de género, o mejor, la violencia patriarcal, se alimenta de estos gestos, crece y se envalentona cuando se repone el cuerpo de las mujeres como máquinas reproductoras. Son tantos los testimonios de mujeres víctimas de violencia que dan cuenta de cómo tenían o tienen que tomar los anticonceptivos a escondidas porque los machos agresores las prefieren envases de su descendencia que no hace falta demasiado para ligar una cosa con otra”.