Para resguardar el derecho a la salud mental

Nutrido por una gran variedad de experiencias y preocupaciones comunes, germina en Santa Fe el Colectivo en Defensa de los Derechos a la Salud Mental.

Aunque la lucha lleva largas décadas, extensos debates, dos leyes aprobadas –una provincial y otra nacional– y cientos de trabajadores, usuarios, familiares y ciudadanos involucrados en cambiar el paradigma manicomial, se conformó recientemente en Santa Fe el Colectivo en Defensa de los Derechos a la Salud Mental. El movimiento se constituye a partir del valor y reconocimiento que se le otorga a Ley Nacional de Salud Mental 26.657 –aprobada en 2010 y reglamentada en 2013–, su reglamentación, los históricos recorridos y trayectorias en diversas geografías que dieron origen a la misma y las adecuaciones actualizadas en el nuevo Código Civil. El dato saliente es que la iniciativa se replica en otros puntos del país y sus miembros buscan estar en contacto entre sí.

En un documento abierto, los integrantes del colectivo integrado por trabajadores de Atención Primaria de la Salud, cárceles e institutos privados entre otros, señalan que “decidimos encontrarnos en un espacio público y abierto con el fin de difundir y trasmitir lo nuevo que esta ley nos trae y nos atraviesa a todos los ciudadanos en la construcción de nuestra cultura. Difusión implica informar y recordar la historia de su camino, la ligadura fundamental en que se basa en función a los derechos a la salud, basado en los Derechos Humanos y la transformación en las prácticas profesionales que implica tratamientos, abordajes y modos de atender a las personas con padecimiento mental, orientados a reconocer allí una persona con derechos, a ser escuchada y agotar las instancias previas a las decisiones de internación, como también establece las adecuaciones de las condiciones necesarias en los casos de internación, tratamiento y egreso. También abarca transformaciones en las prácticas profesionales, en las lógicas conceptuales que implican las revisiones histórico sociales y de los planes de estudios universitarios”.

Una de las afirmaciones de la Ley Nacional de Salud Mental implica hacer lugar a una nueva lógica respecto a las prácticas manicomiales, que se basa en la tendencia a trabajar en la autonomía y responsabilización de los sujetos, apelando a la menor imposición posible en los abordajes de atención, evitando los excesos medicamentosos y las prácticas de encierro y estigmatización.

Para la concreción de estas metas, la ley promueve dispositivos alternativos al encierro como los son las casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas, a la vez que modifica el Código Civil para impedir las internaciones de personas por su peligrosidad.

[quote_box_left]La nueva ley "implica tratamientos, abordajes y modos de atender a las personas con padecimiento mental, orientados a reconocer allí una persona con derechos, a ser escuchada y agotar las instancias previas a las decisiones de internación"[/quote_box_left] Cabe señalar que la reglamentación de la ley provincial 10.772 de Salud Mental (aprobada en diciembre de 1991) es anterior a la sanción de la ley nacional 26.657, lo que convierte a la provincia de Santa Fe en una de las pioneras en lo referido a la reforma del sistema de salud mental. “Entendemos que la sustitución del manicomio como apuesta supone algo más que el cierre de los edificios en los que éste se enclava; supone algo más que habilitar un lugar fuera del manicomio para las miles de personas que los habitan; supone también, y fundamentalmente, reinventar un nuevo modo de entender y abordar el sufrimiento mental, a la vez que un nuevo lugar social para el mismo. Por lo cual, este colectivo se configura con el espíritu de intentar hacer conocer e instalar ésta lógica en la comunidad. Si bien contamos en el Estado con dependencias públicas responsables de poner en funcionamiento esta ley y aplicarla, consideramos también que todas las instituciones, tanto públicas como privadas y los ciudadanos que las habitamos, somos responsables tanto de los modos de enfermar de una comunidad como de los modos y condiciones que cada comunidad dispone para el alivio o cura de los padecimientos mentales”, amplían los trabajadores en el documento.

“El colectivo va mas allá de lo gremial porque intenta impactar en la cultura, en los modos de pensar y ver al otro, en tratar de despertar que el otro nos constituye, transmitiendo un discurso más amistoso e inclusivo”, sintetiza la psicóloga Silvina Carmona.

Una represión que todavía duele

Durante el último encuentro del Colectivo en Defensa de los Derechos a la Salud Mental, realizado el 1º de febrero en el extremo oeste del Puente Colgante y que reunió a una treintena de personas de Santa Fe y Paraná, el psicólogo Sebastián Mariani contó a Pausa que comenzaron a reunirse a fines de 2015, preocupados por la posible designación de Andrew Blake como nuevo director nacional de Salud Mental y Adicciones. “Éste fue el disparador para volvernos a encontrar y dialogar sobre cómo nos íbamos a posicionar ante esa situación, teniendo en cuenta que hablamos de la persona que se desempeñaba como coordinador de Redes Integradas de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en abril de 2013, cuando se permitió el ingreso de la Policía Metropolitana al Hospital Borda, desatándose la represión que todos recordamos. Además, Blake presentó un recurso de amparo para que en la Ciudad de Buenos Aires no tenga efecto el Órgano de Revisión dispuesto por la ley y que regula las prácticas de salud mental. Esta no es una situación menor, por eso los trabajadores de salud mental de la provincia nos estamos agrupando, procuramos estar en contacto y movernos colectivamente ante la posibilidad de que este tipo de asunción y el pronóstico que presenta la nueva gestión lleve a un retroceso muy significativo de tantos años de trabajo. Nosotros no queremos solamente seguir con la efectivización del cumplimiento de la ley, sino también cuidar la década de laburo de muchísima gente para que hoy la salud mental empiece a cambiar hacia un sentido más saludable”, añadió el profesional que se desempeña en el SAMCo de Rincón.

“Entre los puntos que conforman la ley nacional, está contemplado desde el tipo de práctica y el modelo de atención hasta el monitoreo y la organización del trabajo. Ampara básicamente los derechos humanos que décadas atrás se violaban sistemáticamente en los hospitales psiquiátricos. Esta ley es el resultado de muchísimos años de trabajo para desarticular esta situación”, explicó Mariani respecto a la ley 26.657. En cuanto al cumplimiento efectivo de la legislación nacional, señaló: “Si bien es una ley nueva, muchos ya veníamos trabajando con otros modelos y luchando para que las alternativas a las formas obsoletas se vayan legitimando. La implementación y el cumplimiento van de la mano de quienes trabajamos con esta perspectiva de salud. O sea que se cumple en ese sentido y también desarticulando las corporaciones que de alguna manera tienden a la privatización del sistema de salud, con la consecuente discriminación de mucha gente”.

[quote_box_right]"La sustitución del manicomio como apuesta supone algo más que el cierre de los edificios en los que éste se enclava; supone algo más que habilitar un lugar fuera del manicomio para las miles de personas que los habitan; supone también, y fundamentalmente, reinventar un nuevo modo de entender y abordar el sufrimiento mental, a la vez que un nuevo lugar social para el mismo".[/quote_box_right] Consultado sobre la situación en el resto de las provincias, Sebastián Mariani especificó que “no hay tanto avance en relación a este tipo de cumplimiento de derechos. En algunos lugares sigue imperando la lógica neoliberal de la salud, viéndola como un mercado. El centro norte del país sigue siendo un mercado muy fuerte y con mucho poderío económico, por lo tanto con mucho poder de decisión. Sabemos que hay gente de las provincias de Corrientes y Chaco que se están organizando. En Rosario las convocatorias también son fuertes y hacen encuentros semanales”, detalló.

Desde el Colectivo en Defensa de los Derechos a la Salud Mental consideran imprescindible que “a cinco años de la promulgación de la ley nacional 26.657 la pongamos en circulación con el respeto y la apertura necesaria para registrar e inscribir en la trama social y cultural sus efectos a favor de la construcción de la salud que impacta directamente en las posibilidades de la creación de lazos sociales inclusivos”. Por tal motivo, invitan a la ciudadanía a su próximo encuentro abierto que se realizará el lunes 15 de febrero en la Plaza Pueyrredón a partir de las 19.00.