A seis años del crimen de Silvia Suppo

La testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad fue asesinada con saña, en Rafaela, el 29 de marzo de 2010. Sus hijos buscan a los autores intelectuales del crimen.

Silvia Suppo fue apuñalada con ensañamiento en su local comercial de Rafaela, el lunes 29 de marzo de 2010, a las 9.30 de la mañana. Murió horas después en el hospital local. Tenía 51 años.Era militante política y social, y había sido víctima de brutales crímenes durante la última dictadura cívico-militar. Con el retorno de la democracia se convirtió en una importante testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe.

Al asesinarla no sólo acallaron a una de las testigos clave del juicio que condenó al ex juez federal Víctor Brusa a 21 años de prisión, junto a cinco policías. También mataron a una de las principales impulsoras de la causa Hattemer, el caso por el que se juzgará a cuatro ex policías de Santa Fe por crímenes cometidos contra siete militantes de Rafaela. La causa lleva el nombre de quien en 1977 era el novio de Silvia, Reinaldo Hattemer, y ya fue elevada a juicio. Ahora se espera la fecha del debate oral.

A seis años del crimen de Silvia Suppo, continúa el reclamo por Justicia. “Falta que se investigue a fondo,  que se investigue el móvil político del asesinato, que se aperciba y se enjuicie a los policías que cometieron irregularidades y delitos durante la investigación”, sostuvo en diálogo con Pausa Marina Destéfani, hija de Silvia, que lleva adelante una incasable lucha junto a su hermano, Andrés, y los integrantes de la organización Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo.

Por el asesinato están condenados a cadena perpetua Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, de 28 y 24 años. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe los encontró culpables de homicidio agravado cometido con alevosía para procurar su impunidad por un robo. La sentencia se conoció el 31 de marzo del año pasado, luego de tres meses de debate, y estuvo a cargo de los jueces María Ivón Vella, Luciano Lauría y José María Escobar Cello.

Sin embargo, la familia de Suppo y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ambos querellantes en el juicio, descartaron que el asesinato haya sido por un robo. Si bien Cóceres y Sosa se llevaron elementos y dinero (en el local se vendían artículos de cuero y bijouterie), tienen indicios de que los jóvenes no actuaron solos. Y que robaron para encubrir lo que, consideran, fue el verdadero motivo del asesinato: evitar que Silvia continúe impulsando causas y declarando en los juicios.

Por su parte, la Fiscalía Federal no pudo descartar por completo el móvil político del crimen, aunque consideró probado que se habían robado elementos del local: “Si bien es cierto que la prueba no logra demostrar absolutamente que el crimen no está relacionado con causas de lesa humanidad, tampoco puede cuestionarse que hubo un apoderamiento ilegítimo de pertenencias”, sostuvo en su alegato el fiscal Martín Suárez Faisal.

Causa paralela

La hipótesis del crimen por encargo sigue en investigación en el juzgado Federal N° 2 de Santa Fe. La causa está a cargo de Marcelo Bailaque desde mediados de 2013, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario apartó del caso al juez Reinaldo Rodríguez a pedido de las querellas.

Los imputados son Miguel Ángel Mendoza y Emiliano Rodríguez, ambos señalados por un testigo de identidad reservada que declaró en 2010. El testigo vinculó la muerte Silvia con el fin de evitar que declare contra policías y militares en causas por violaciones a los derechos humanos. Este hecho  motivó que, en 2011, la Corte Suprema de Justicia ordene que la causa Suppo pase a ser investigada por el fuero federal.

Mendoza y Rodríguez están imputados pero con falta de mérito desde 2013. El juez Rodríguez los había sobreseído pero la Cámara de Apelaciones revocó esa medida el 8 de abril de 2013 y, en su lugar, dispuso una falta de mérito.

Una testigo dijo haber visto a Rodríguez cerca del local de Silvia el día que la mataron. Según su declaración en sede policial, lo había reconocido en un cien por ciento. Pero después, en el juicio, dijo que ella le había dicho al policía que no reconocía a nadie de las fotos que le habían mostrado.

Emiliano Rodríguez está preso por el homicidio de Cristian Krohlinng, ocurrido en abril de 2010 en Rafaela. Le dieron ocho años pero está cerca de salir por buena conducta.

El juez Rodríguez fue repudiado por el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo por no avanzar en la investigación y por haber dividido la causa en dos: por un lado los autores materiales, ya condenados, y por el otro, la posibilidad de un móvil político del crimen.

Un juicio cuestionado

El juicio que condenó a Cóceres y Sosa fue objetado desde el primer momento por la querella, formada por la familia de Silvia y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que consideraron que los autores materiales no tendrían que haberse juzgado hasta no agotar toda la investigación.

Por este motivo, antes del juicio, habían presentado recursos ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia. “Al comenzar el juicio planteamos que no era adecuado que se lleva adelante sin que esos recursos estuvieran resueltos. Porque si nos dan la razón, todo quedaría anulado”, explicó a Pausa el abogado Guillermo Munné, quien junto a Lucila Puyol representan a los hijos de Suppo.

El Tribunal en cambio, sostuvo que el juicio debía concretarse porque Cóceres y Sosa llevaban demasiado tiempo privados de su libertad (cinco años) sin que se resuelva su situación.

La Policía y la Justicia

Durante el juicio, tanto las querellas como la defensa de Cóceres y Sosa objetaron con dureza los procedimientos realizados por la Policía y la Justicia de Rafaela tras el asesinato de Silvia. Degradación de rastros y pruebas en la escena del crimen, irregularidades en los allanamientos, desaparición de un video de la terminal de ómnibus de Rafaela y coacción sobre familiares de Cóceres y Sosa son algunas de las situaciones que pidieron que se investiguen. De todas las denuncias, el Tribunal hizo lugar a dos casos, en los que pidió que la Fiscalía Federal indague si se cometieron delitos contra los testigos Marcela Cóceres, concubina de uno de los condenados, y Juan Ramón Vázquez.

Marcela Cóceres denunció irregularidades en el allanamiento a su casa y en su detención en la comisaría. Vázquez, quien está preso por un homicidio cometido en Rafaela, denunció golpes y torturas por parte de policías de la ciudad para que se hiciera cargo del crimen. El joven de 24 años fue uno de los detenidos durante numerosos allanamientos tras el asesinato de Silvia. “Me llevaron para averiguación de antecedentes. Me pusieron una bolsa en la cabeza, me querían hacer cargo de algo que yo no hice. Estuve cuatro horas. Me pegaron”, dijo ante los jueces.

Pausa consultó a la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Santa Fe si se había avanzado en ese pedido del Tribunal, pero hasta el momento no obtuvo respuesta. Los abogados Munné y Puyol evalúan la posibilidad de constituirse en querellantes para activar esas investigaciones.

En sus alegatos, ambos abogados pidieron que se investigue el accionar del el juez rafaelino Alejandro Mognaschi y la fiscal Cristina Fortunato, actual jueza penal de primera instancia. También, al entonces jefe de la Unidad  Regional V de Policía, Juan José Mondino, hoy coordinador de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, y al ex subjefe de la Unida Regional V, Leandro Alberto Amaya, ahora comisario retirado, nombrado como asesor de Tránsito en la Municipalidad de Esperanza en mayo del año pasado. Asimismo pidieron que se investigue el accionar de quien en ese momento era jefe de orden público, Carlos Alberto Keller; al jefe de brigada de investigaciones, Horacio Luis Maidana, y al ex jefe de la Comisaría Primera, Dante Marcelo Giménez, hoy al frente de la Policía de Investigaciones de Rafaela.

El Tribunal no hizo lugar a ninguno de los pedidos. Evaluó que las “actuaciones policiales y judiciales cuestionadas han sido realizadas conforme a la normativa penal vigente para la justicia provincial”.

Lo mismo consideró la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal, que el 19 de febrero pasado rechazó la apelación de la condena que hizo el defensor de Cóceres y Sosa, Martín Gesino. El abogado había pedido que se anulen las pruebas contra los condenados porque consideró que se habían obtenido con métodos ilegales. Ante la consulta de Pausa, Gesino explicó que ahora será la defensoría de Casación la que recurrirá ese fallo ante la Corte Suprema de Justicia.

Deudas de la democracia

“Silvia estaba incomodando a mucha gente. Sobre todo a gente de la Policía provincial”, le dijo Hugo Suppo a los jueces Vella, Lauría y Escobar Cello durante el juicio. “En esas fuerzas de seguridad todavía perviven personas y prácticas de la dictadura”, remarcó. En 1977, Hugo fue preso político junto a Silvia. Logró escaparse del Hospital Cullen cuando lo internaron luego de una sesión de tortura. Desde entonces, vive en Brasil.

Los hijos de Silvia afirmaron que, si bien aún no se hizo justicia, en estos seis años hubo avances. “Hemos logrado que la causa sea más visible y que cuando se nombre Silvia Suppo se esté nombrando realmente lo que pasó, o sea, el asesinato político de una militante y testigo en democracia que aún no se investiga”, sostuvo Marina Destéfani. “También, que cuando se la nombra se están nombrando muchas deudas de la democracia y se vuelva a pensar qué pasó en Rafaela durante la dictadura y qué rol tienen las fuerzas de seguridad hoy”, afirmó.

Publicada en Pausa #169, jueves 31 de marzo de 2016