En el país hay más de 100 mil nuevos desocupados en los dos primeros meses de 2016, la gran mayoría en el sector privado. Un cambio de 180 grados en el rol del Estado, que ya no protege al trabajador sino que fomenta despidos. Se desinfla el mito de los “ñoquis”.
Según un relevamiento de la consultora Tendencias Económicas, basado en datos de fuentes sindicales, en el país hubo 107 mil despidos desde que empezó el año: 42 mil en enero y casi 66 mil en febrero. Además de ponerle cifras concretas a la creciente desocupación, el informe desmiente el discurso sobre los “ñoquis militantes”: por cada despido en el sector público, hay otros seis en el sector privado. Así, se ratifican las hipótesis lanzadas desde el principio de la gestión de Cambiemos: los despidos en el Estado alientan y legitiman prácticas idénticas, pero más extendidas, en el sector empresarial.
En su discurso ante el Congreso, el 1º de marzo, el presidente Mauricio Macri dijo que hay 1.200.000 desocupados en el país. “Durante los últimos cuatro años no creció el empleo en la Argentina. Alrededor de 1.200.000 personas están hoy desempleadas”. Macri no explicitó ninguna fuente, ni oficial ni privada. Los investigadores del portal Chequeado indican que el dato es “engañoso” y citan estudios de la Fundación Fiel, cercana al macrismo, que observa que hay 1.350.000 desempleados en la Argentina.
Pero además, desde Chequeado remarcan que el último dato oficial disponible (1.005.000 desocupados, al cierre del tercer trimestre de 2015) es “el número más bajo” del período 2003-2015. “Al comparar los primeros trimestres, entre 2003 y 2007, la cantidad de desempleados se ubicó entre los 3 y 1,5 millones; entre 2008 y 2011 entre 1,3 y 1,2 millones; y durante los últimos cuatro años (2012-2015) se estancó en valores cercanos al millón de desocupados”.
La información difundida por Tendencias Económicas explica la diferencia entre el dato de Macri y el de la Fundación Fiel: más de 100 mil nuevos desempleados en el primer bimestre de 2016 a los que se deben sumar los despedidos en diciembre del año pasado. De acuerdo al informe de Tendencias Económicas, en febrero de este año hubo 65.799 despidos, una cifra 72 veces superior a la del año pasado. De ese total, algo más de 10 mil corresponden al sector público. Está claro que el ajuste es más fuerte en el sector privado que en el Estado.
Con el Indec en estado de “emergencia estadística”, no hay información oficial sobre desempleo (ni sobre otros indicadores). El último índice difundido fue el del tercer trimestre del año pasado: 5,9% de desocupación. Sobre una población económicamente activa de 19.540.451 personas, según estadísticas del Banco Mundial, el desempleo sería hoy del 6,14% (si se toma como válido el dato de Macri) y del 6,9% si se consideran las cifras de la Fundación Fiel.
Un Estado que se retira
En enero la CTA alertó que la ola de despidos en el sector público sería interpretada como “un claro mensaje al sector privado”, algo que se verificó en los primeros meses del año en mayor medida en el sector industrial. También el partido Pares, que forma parte del oficialismo provincial, advirtió que “la pasividad del Ministerio de Trabajo de la Nación frente a las situaciones de crisis son señales peligrosas para el ámbito laboral, que pueden legitimar comportamientos abusivos del sector empresario contra trabajadores”.
En la provincia hay preocupación entre los trabajadores por la sucesión de despidos y cierres de fábricas, algo que en un primer momento el gobierno de Miguel Lifschitz, a través del ministro de Trabajo Julio Genesini, interpretó como “situaciones puntuales”. En enero cerró la curtiembre Sadesa, en Las Toscas, pero finalmente la firma Arlei S.A. se hizo cargo y reincorporó a los 152 trabajadores despedidos. Distinto es el caso de la empresa Arzinc, con sede en Fray Luis Beltrán: a fines de febrero bajó las persianas y dejó a 420 empleados en la calle.
David Narciso publicó un artículo en El Ciudadano de Rosario en el que sostiene que “más allá de lo que pueda decirse de la anterior administración nacional, un cierre de estas características (Arzinc), así como el de la curtiembre Sadesa, en el norte provincial (con mejor suerte porque finalmente fue reabierta por Arlei S.A.), no hubieran sido tan sencillas de concretar antes del 10 de diciembre. El cambio de enfoque en este sentido fue de 180 grados: si Glencore no cerró Arzinc antes y Sadesa no hizo lo propio en Las Toscas fue porque se hubieran topado con la fuerte decisión política que hoy no está, de intervenir en custodia del frágil equilibrio que existe entre el objetivo de obtener renta del capital y el pasivo social que producen decisiones como las que tomaron. Éste fue uno de los aspectos que más rápidamente cambió la llegada del gobierno de Mauricio Macri. El empresariado entendió de inmediato que el Estado se retiró de ese lugar. El empleo ya no es un valor prioritario a cuidar desde la esfera oficial, sino el furgón de cola de la evolución de los negocios privados”.