El Estado y las organizaciones, por los derechos de las mujeres

La Subsecretaría de Políticas de Género y las organizaciones de mujeres iniciaron el diálogo. Nuevas medidas para atacar un viejo problema.

El 2015 fue un momento bisagra en la lucha que, desde hace muchos años, vienen llevando adelante las organizaciones de mujeres de manera casi solitaria. Las plazas de casi todo el país se llenaron el 3 de junio pidiendo el Ni Una Menos, diciendo basta a los femicidios.

Pero la sola visibilización de la problemática no conduce a su directa resolución, de hecho los crímenes no han parado y cada año parece querer superar al anterior en cifras. Sólo en Santa Fe, el año pasado se registraron el triple de femicidios que en 2014, 30 muertes contra 10.

Estas muertes son la cara más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero hay mucho más: en Argentina las mujeres ganamos en promedio un 27,2% menos que los varones; solo el 7% de los altos cargos ejecutivos en empresas están ocupados por mujeres; y, en Santa Fe, las ocupaciones que tienen que ver con actividades en el hogar y no diferenciadas de los hogares como producción de bienes y servicios para uso propio, son en un 96% realizadas por mujeres.

Canalizar esfuerzos

Organizaciones sociales en todo el territorio provincial vienen trabajando, muchas desde hace décadas, para que estas desigualdades sean cada vez menores. Pero sin la decisión política desde los estados, los enormes esfuerzos de estas mujeres de a pie se diluyen en eso, en casos aislados.

La gestión de Miguel Lifschitz en esta temática comenzó con la jerarquización del área que atiende la problemática de manera específica: la Dirección de Políticas de Género es ahora una Subsecretaría, lo que, entre otras cosas, significa mayor presupuesto. Al frente de la misma se encuentra Gabriela Sosa, del Movimiento Libres del Sur, una activista feminista de larga trayectoria.

Desde allí se convocó a las organizaciones de la provincia a un primer encuentro en el cual Sosa expuso algunos ejes de su gestión y recogió las inquietudes y demandas de las más de 60 mujeres representantes de una treintena de organizaciones de Santa Fe, Coronda, San Javier, Villa Ocampo, Rosario, Vera, Reconquista, Carlos Pellegrini, San Justo, Rafaela y Cañada de Gómez.

Indicadores provinciales

Entre las propuestas y ejes de trabajo enumerados por Sosa, se encuentra la creación de indicadores que permitirán relevar con claridad las situaciones de violencia y desigualdad de las mujeres en el territorio provincial, una exigencia de la ley que hasta ahora no se había cumplido y que venía siendo reclamado por las organizaciones.

[quote_box_right]Si bien “muchas veces la mujer no va y hace la denuncia enseguida”, el registro de violencia hacia las mujeres contabilizará el caso. [/quote_box_right]

Los tres indicadores que ya comenzaron a desarrollarse son: el Registro Único de Violencia hacia las Mujeres (RUVIM), en el cual se cargaran las denuncias y anoticiamientos de situaciones de violencia de género. “Esto es porque muchas veces la mujer no va y hace la denuncia enseguida, quizás fue a atenderse al centro de salud y le comentó a la enfermera, esto se va a cargar también porque de esa forma vamos a poder hacer el seguimiento, ver el recorrido que hizo esa mujer por los diferentes lugares, saber dónde se atendió, dónde denunció, las características del agresor, entre otras cosas”, explicó Sosa. Las fuerzas de seguridad, las escuelas, los efectores de salud, serán algunos de los espacios que tendrán acceso a las cargas en este sistema.

El otro indicador será el de Participación de las Mujeres (IPM), para el cual ya se proyectó la firma de un convenio marco de cooperación con la Universidad Nacional de Rosario, y que apunta a registrar el porcentaje de participación femenina en ámbitos sindicales, empresariales, políticos, educativos, culturales, entre otros.

Por último, se confeccionará un mapa en el cual la subsecretaría cargará sus acciones para monitorear, entre otras cosas, las zonas de la provincia con mayor y menor demanda de intervención, y evaluar las situaciones particulares de cada región. Este mapeo también incorporará las casas de amparo, comisarías de la mujer y las redes de organizaciones que estén trabajando con la temática en cada lugar.

Políticas de género

Al momento de tomar la palabra, las activistas evidenciaron la necesidad de que las políticas de género atraviesen todos los ámbitos del Estado. La inclusión desde el deporte, la educación sexual integral, el patrocinio legal, el correcto y rápido accionar de la justicia, garantizar la aplicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, políticas que incluyan a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, el monitoreo de las gestiones municipales y comunales en la temática y sanciones a los agentes públicos que incumplan con sus funciones a la hora de atender las situaciones de violencia, fueron algunos de los puntos mencionados como urgentes.

Al respecto, Sosa comentó que se está avanzando en la creación de dispositivos que permitan, en un primer momento, capacitar a los agentes públicos en una perspectiva de género. En este sentido, mencionó que se está trabajando en el diseño de una plataforma virtual de aprendizaje, para posibilitar las capacitaciones sobre género a distancia en todo el territorio provincial.

La incorporación de un material de estudio con perspectiva de género en el instituto de formación policial y  la concientización y el acercamiento de herramientas de abordaje ante las problemáticas de violencia hacia las mujeres para trabajadoras y trabajadores del 911, son algunas de las primeras acciones tendientes a capacitar a los agentes de diversos ámbitos del Estado. “Consideramos fundamental retomar el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, para lograr la creación de políticas tendientes a la igualdad de hombres y mujeres desde los distintos ministerios, esto es importante porque no sólo desde el poder punitivo podemos avanzar sobre la violencia, tenemos que ir generando una mirada más estratégica y de articulación entre los diversos actores del Estado, y entre el Estado y las organizaciones sociales”, finalizó Sosa.

Publicada en Pausa #168, miércoles 16 de marzo de 2016