En disputa por los recursos

Provincia y Nación reeditan la polémica, ahora con nueva composición política. De la deuda, ni noticias.

Los primeros 100 días del gobierno de Cambiemos presagian una relación tormentosa entre la provincia y la Nación. El Frente Progresista esperaba un cambio respecto de la década K, en la que Santa Fe quedó relegada de la inversión pública nacional por cuestiones políticas. Con Mauricio Macri en la Casa Rosada, la relación parece encaminarse hacia la lógica de los negocios. La postura de los diputados del socialismo en el Congreso Nacional es un botón de muestra: si la provincia pretende obras y recursos, primero deberá apoyar las leyes que el gobierno nacional considera indispensables, como el acuerdo con los buitres.

[quote_box_right]La postura de los diputados del socialismo en el Congreso Nacional es un botón de muestra: si la provincia pretende obras, primero deberá apoyar las leyes del gobierno nacional. [/quote_box_right]

Los mandatos de Macri en la Nación y de Miguel Lifschitz en la provincia comenzaron con una serie de demandas planteadas por el socialista: entre las más importantes se encuentra la devolución de la deuda histórica por la detracción indebida del 15% de la coparticipación, destinada a financiar la Ansés. Santa Fe comenzó a recibir, en diciembre, las sumas correspondientes por ese rubro sin el descuento, pero de la devolución de la deuda ni noticias. El monto acumulado es de 20 mil millones de pesos a valores históricos y el plazo para llegar a un acuerdo, según el fallo de la Corte Suprema fechado el 24 de noviembre de 2015, es de 120 días. La fecha límite se acerca y en la Casa Gris nadie sabe si esa deuda se va a recuperar en dinero, en obras o si, directamente, no se va a recuperar nunca.

Pero esa no es la única demanda. La provincia necesita del aval del gobierno nacional para acceder a financiamiento externo para obras de infraestructura. En febrero, el gobierno central dio su conformidad a la negociación de un préstamo internacional con el Fondo de Abu Dhabi, por 100 millones de dólares, que le permitirá concluir el acueducto Desvío Arijón, destinado a llevar agua desde el río Paraná hasta la ciudad de Rafaela.

La conformidad de la Nación no es la garantía final, sino un primer paso. Cada semana de demora implica retrasar el inicio de una obra clave para el oeste de la provincia. Con el visto bueno de la Nación, Santa Fe encaró el proceso final de la negociación. Una vez que las condiciones del préstamo estén acordadas, el gobierno de Macri deberá dar su conformidad definitiva, en su calidad de garante de la provincia.

Algo similar ocurre con el Plan Belgrano, mediante el cual la Nación pretende invertir 16 mil millones de dólares en las provincias el norte argentino, en los próximos diez años, destinados a infraestructura. Desde su anuncio, el gobernador Lifschitz pidió que se incorporen a los departamentos del norte provincial (General Obligado, Vera y 9 de Julio) dentro del plan; de momento, todo lo que se consiguió fue una promesa, comunicada por el titular del Plan Belgrano, el tucumano José Cano, al santafesino Gustavo Marconato, ex diputado nacional y actual secretario de Hacienda de la Nación.

La coparticipación, otro día

Tres veces se vieron las caras Lifschitz y Macri desde sus asunciones. La primera fue el 12 de diciembre, en la reunión que encabezó el presidente con los 24 gobernadores en Olivos. Allí hablaron de reforma electoral y de coparticipación. La segunda fue la semana pasada, en el encuentro que encabezó el ministro Rogelio Frigerio con todos los mandatarios provinciales, cuando Macri pasó “a saludar”, según narraron los protagonistas. La tercera fue el lunes 14 en Rosario, durante la visita del presidente para la inauguración del año académico en la UNR, acto al que siguió un almuerzo con empresarios en la Bolsa de Comercio.

De esos encuentros se pueden sacar pocas conclusiones. Frigerio pateó para adelante la discusión por un nuevo esquema coparticipación y  prometió, a cambio, compensar a las provincias con obras públicas. Lifschitz pidió un trato equitativo pero además reclamó que se contemple la situación particular de Santa Fe, beneficiada por el fallo de la Corte que solo alcanza a tres provincias (las otras son San Luis y Córdoba) pero que la Nación, por necesidad de apoyo político, pretende extender a todas las jurisdicciones.