Que la salud mental sea para todos

El Colectivo en Defensa de los Derechos a la Salud Mental se afianza en Santa Fe con un gran pretexto: que la ciudadanía conozca las leyes específicas y que se hagan cumplir.

Un extenso y consolidado grupo de trabajadores de la salud mental lleva recorrido un largo camino, en una lucha que alcanza las tres décadas, extensos debates, dos leyes aprobadas –una provincial y otra nacional– junto a usuarios, familiares y ciudadanos involucrados en cambiar el paradigma manicomial que imperó hasta no hace mucho tiempo.

Dispuestos a dar un paso más, se conformó en Santa Fe el Colectivo en Defensa de los Derechos a la Salud Mental, que se constituye a partir del valor y reconocimiento que se le otorga a Ley Nacional de Salud Mental 26.657 –aprobada en 2010 y reglamentada en 2013–, los históricos recorridos y trayectorias en diversas geografías que le dieron origen –los derechos a la salud mental se fomentan y  protegen en el territorio– y las adecuaciones actualizadas en el Nuevo Código Civil.

El Colectivo defiende las bases de la ley, como el “Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado”.

Los integrantes del colectivo constituido por trabajadores del sistema de Atención Primaria de la Salud, cárceles, representantes de colegios profesionales, estudiantes, docentes y diversas instituciones de Santa Fe y la región, comentaron que “decidimos encontrarnos con el fin de difundir y trasmitir lo nuevo que esta ley nos trae y atraviesa a todos los ciudadanos en la construcción de nuestra cultura. Difusión implica informar y recordar la historia de su camino, la ligadura fundamental en que se basa en función a los derechos a la salud, con origen en los Derechos Humanos, y la transformación en las prácticas profesionales que implica tratamientos, abordajes y modos de atender a las personas con padecimiento mental, orientados a reconocer allí una persona con derechos, a ser escuchada y a que se agoten las instancias previas a las decisiones de internación. La ley también establece las adecuaciones de las condiciones necesarias en los casos de internación, tratamiento y egreso. También abarca transformaciones en las prácticas profesionales, en las lógicas conceptuales que implican las revisiones histórico sociales y de los planes de estudios universitarios”.

De esta manera, a fines de febrero miembros del colectivo caminaron por la Costanera junto a una murga, exhibiendo carteles con leyendas informativas y repartiendo volantes con distintas consignas tales como “derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado”, “menos etiquetas, más aperturas” y “no al exceso de medicación”, en una invitación a toda la comunidad para sumarse a los encuentros quincenales.

Una de las afirmaciones de la Ley Nacional de Salud Mental implica hacer lugar a una nueva lógica respecto a las prácticas manicomiales, que se basa en la tendencia a trabajar en la autonomía y responsabilización de los sujetos, apelando a la menor imposición posible en los abordajes de atención, evitando los excesos medicamentosos y las prácticas de encierro y estigmatización.

Para lo concreción de estas metas, la ley promueve dispositivos alternativos al encierro como los son las casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas, a la vez que modifica el Código Civil para impedir las internaciones de personas por su peligrosidad.

“Entendemos que la sustitución del manicomio como apuesta supone algo más que el cierre de los edificios en los que éste se enclava; supone algo más que habilitar un lugar fuera del manicomio para las miles de personas que los habitan; supone también, y fundamentalmente, reinventar un nuevo modo de entender y abordar el sufrimiento mental, a la vez que un nuevo lugar social para el mismo. Por lo cual, este colectivo se configura con el espíritu de intentar hacer conocer e instalar ésta lógica en la comunidad. Si bien contamos en el Estado con dependencias públicas responsables de poner en funcionamiento esta ley y aplicarla, consideramos también que todas las instituciones, tanto públicas como privadas y los ciudadanos que las habitamos, somos responsables tanto de los modos de enfermar de una comunidad como de los modos y condiciones que cada comunidad dispone para el alivio o cura de los padecimientos mentales”, agregaron los trabajadores de la salud.

Llegan cambios

A comienzos de febrero, el psicólogo del Centro de Salud de Rincón, Sebastián Mariani, sostuvo que “la designación de Andrew Blake como nuevo director nacional de Salud Mental y Adicciones fue el disparador para volvernos a encontrar y dialogar sobre cómo nos íbamos a posicionar ante esa situación, teniendo en cuenta que hablamos de la persona que se desempeñaba como coordinador de Redes Integradas de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en abril de 2013, cuando se permitió el ingreso de la Policía Metropolitana al Hospital Borda”.

A principios de marzo, Mariani volvió a dialogar con Pausa y expresó que “ahora estamos en una especie de transición, con incertidumbre porque empezó una serie de despidos en el área de Salud Mental de la Nación. Y lo más alarmante es que se desarticularon áreas de trabajo territorial en Buenos Aires referidas a atención primaria de la salud. También en Córdoba se dio marcha atrás con la iniciativa de las Casas de Medio Camino, un programa de transición para salir del impacto de la institucionalización hacia una resocialización. En Santa Fe, al tener una ley provincial reglamentada, estamos con cierto resguardo porque la mayoría de los dispositivos sustitutivos y de atención primaria pertenecen a la Provincia y no a la Nación, por eso todavía no se está empezando a sentir el impacto que propone el nuevo director nacional de Salud Mental y Adicciones, que aparentemente tiene que ver con una vuelta a la centralización de la salud”.

“Si se desarticulan las estrategias extramuros se vuelve a la manicomialización de las personas”, advierte Mariani.

En este sentido, señaló: “Lo que tiene de iatrogénico, es decir el efecto no deseado del proceso de salud, la institucionalización, es que básicamente los pacientes se cronifican. La ley de salud mental es un logro porque enmarca y legitima prácticas sustitutivas a mecanismos obsoletos de tratamiento que no han sido efectivos, y además resultaron en caldo de cultivo de la mercantilización de la salud. Así se volvería al proceso neoliberal que se dio años atrás en Latinoamérica, que supuestamente otorgaba la posibilidad de elegir a quienes tenían recursos para pagar su salud, y para quienes no los tuvieran debían recurrir al Estado, dejando ver entre líneas que la salud estatal es para pobres”.

“Estas medidas implican un retroceso bastante drástico y van en contra de la ley, que en su letra contiene un plazo para que se desarticulen ciertas lógicas manicomiales. Y para eso son necesarias ciertas estrategias territoriales, que tienen que ver con la revinculación de las personas institucionalizadas al ámbito de la resocialización. Eso no solamente significa dar el alta a las personas y cerrar el manicomio, sino crear las condiciones necesarias para que vivan con los derechos que tiene cualquier ciudadano y que le estaban negados, por ejemplo volver a votar, o que las internaciones estén ordenadas por un equipo interdisciplinario y no por un juez. Pero si se desarticulan estas estrategias extramuros se vuelve al hospital monovalente y a la manicomialización de las personas”, cuestionó.

—¿Cuáles son los próximos pasos que dará el colectivo en Santa Fe?

—Seguir trabajando para que la comunidad conozca cuáles son sus derechos, y que ante una mala atención sepa que tiene el derecho a denunciar al efector que no respete o imposibilite el acceso a la salud. Si la gente no sabe esto, queda a merced de lo que decidan los servicios de salud. Trabajar con lógicas territoriales implica empoderar a las personas, y no es ingenuo que la gente esté desinformada.

“El supuesto de base con el que trabajamos es que la locura no es una enfermedad individual sino la voz de una problemática o malestar social. Por eso las estrategias de trabajo territorial son tan necesarias, porque el malestar se reproduce en los diferentes niveles y tipos de violencia social. La ley rompe con el paradigma de la culpabilización del enfermo sin analizar el contexto en el que vive. Y la ley no se acota al padecimiento subjetivo sino a lo que implica: hablamos no sólo de los locos de los hospitales psiquiátricos sino también de violencia de género, de abuso sexual infantil, de adicciones, de asesinatos y gente expulsada de la sociedad que no se aggiorna al aparato productivo”, finalizó Mariani.

Publicada en Pausa #168, miércoles 16 de marzo de 2016