El anunciado final de la ley de medios

El Congreso validó los decretos de Macri. El caso llegó a la CIDH.

Aunque distintas organizaciones civiles intentaron defenderla en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ley de medios audiovisuales ha muerto y sus sicarios no dejaron rastros.

Abril comenzó con muchos debates en torno a la regulación de los medios de nuestro país. La decisión Mauricio Macri de derogar, por Decreto de Necesidad y Urgencia, las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y Argentina Digital (LAD) en diciembre pasado generó interesantes discusiones tanto a nivel nacional como internacional. Por un lado, los diputados nacionales ratificaron la decisión presidencial y, por otro, representantes de la sociedad civil expusieron sus argumentos a favor de la ley ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Debate en el Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación ratificó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), el órgano que reemplazará a los organismos de aplicación de la Ley Audiovisual y de Argentina Digital.

El diputado macrista Pablo Tonelli defendió la “necesidad y urgencia” que llevó al presidente a dictar un DNU sin pasar por el Parlamento: “es que el decreto fue emitido durante el receso legislativo”. También aseguró que era “necesario y urgente superar los defectos y problemas que tenían estas dos leyes y sobre todo los desvíos en que estaban incurriendo los organismos encargados de aplicarlas”. Además, el legislador criticó a Martín Sabbatella, ex director de la Afsca, por ser un “notorio militante político”.

El diputado de La Cámpora Marcos Cleri afirmó que el decreto “es inconstitucional, ilegal, ilegítimo y viene a cumplir con quien lo acompañó a Macri en la campaña electoral, que es el Grupo Clarín y los grupos concentrados; viene a darle una sola voz, concentrada en la Capital Federal”.

La diputada socialista Alicia Ciciliani apuntó contra la “desastrosa aplicación de la ley” por parte del gobierno anterior: “fue usada a favor de uno y en detrimento de otros”, resumió.

El diputado massista Alejandro Grandinetti pidió que se redacte un nuevo proyecto que contemple llevar a “cinco años, prorrogables por otros cinco más” la prohibición para que las telefónicas accedan al servicio de televisión por cable. También dijo que el Estado tendría que ordenar la grilla de canales de la TV por cable y garantizar el acceso a la producción independiente.

Quién es quién

El decreto fue avalado por la cámara baja en una votación a mano alzada. De esta forma, es difícil saber quién votó a favor y en contra, no quedó registro.

La totalidad del bloque de Cambiemos votó a favor del decreto. Además, el Frente Renovador de Sergio Massa garantizó el apoyo numérico al oficialismo para poder lograr la mayoría. En contraposición, el rechazo fue encabezado por el Frente para la Victoria, el progresismo y la izquierda, mientras que el bloque Justicialista  se abstuvo.

No se sabe con certeza la decisión de cada legislador. Sin embargo, es posible hacer una reconstrucción del momento para tener un listado de cómo votaron los santafesinos.

Los que votaron a favor de derogar la LSCA son: Mario Barletta (UCR), Hugo Marcucci (UCR), Ana Copes (Demócrata Progresista), José Núñez (Unión PRO), Gisela Scaglia (Unión PRO), Lucas Incicco (Unión PRO), Luciano Laspina (Unión PRO), Ana Laura Martínez (Unión PRO), Ricardo Spinozzi (Unión PRO), Alejandro Grandinetti (Unidos por una Nueva Argentina) y Vanesa Massetani (Unidos por una Nueva Argentina).

Hermes Binner y Alicia Ciciliani votaron en contra del decreto, el Partido Socialista revalidó su apoyo a la ley, tal como lo hizo en 2009 cuando se aprobó. Marcos Cleri, Silvina Frana, Josefina González, Alejandro Ramos y Eduardo Seminara, todos del bloque del Frente para la Victoria, estuvieron ausentes al momento de la votación.

Vale agregar también que aunque el Senado todavía no se expidió al respecto, la sola aprobación por parte de los diputados deja ratificado el DNU.

Debate en la CIDH

El 8 de abril se desarrolló en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la audiencia pública sobre “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”. Se evidenciaron exposiciones desencontradas entre los representantes de la sociedad civil y los del Estado argentino.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Coalición por una Comunicación Democrática, representantes de medios comunitarios, cooperativos y comerciales, universidades y especialistas expusieron su postura favor de la vigencia de la LSCA.

El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, afirmó que “con el pretexto de las falencias en la aplicación de la LSCA, que muchos de nosotros hemos señalado, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”. El especialista en políticas de comunicación, Martín Becerra, recordó que “la Corte Suprema de Justicia argentina en 2013, con el aval de seis jueces contra uno, entendió que es obligación del Estado generar políticas públicas de estímulo al pluralismo y de restricción de la concentración” y remarcó “que la concentración excesiva de la palabra es una antítesis de la democracia”.

El representante de los radiodifusores privados, Osvaldo Francés, afirmó que “la nueva reglamentación hace desaparecer en los cableoperadores la obligación de los cables de transmitir señales producidas por terceros. Esta situación conlleva a la desaparición de estos canales locales y la pérdida de fuentes de trabajo en el corto plazo, hechos que ya se está produciendo”.

Los representantes del gobierno defendieron el decreto y prometieron “nuevo marco regulatorio acorde con el derecho internacional”. Expusieron su percepción respecto de la libertad de expresión previa a la asunción del gobierno: “Desde el 10 de diciembre, la confrontación con el periodismo ha terminado en Argentina”, afirmó Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos.

Asimismo, el Director Nacional de Protección de Datos Nacionales, Eduardo Bertoni, aseguró que “el nuevo marco regulatorio que se propone es acorde con el derecho internacional”, haciendo referencia al proyecto que el oficialismo está preparando para reemplazar la LSCA.

Publicada en Pausa #170, jueves 14 de abril de 2016.