El largo ocaso de los dictadores

En ocho juicios realizados en la ciudad (17 en la provincia) quedó probado el circuito de la represión ilegal. Policías y militares presos y una deuda pendiente: la complicidad civil.

Desde 2009, se realizaron en la provincia 17 juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura: ocho de ellos en la ciudad de Santa Fe, siete en Rosario y los otros dos en Reconquista. Militares, policías, jueces y espías fueron condenados. Pero aquellos que auspiciaron, sostuvieron y se beneficiaron con el golpe, aún no fueron sentados en el banquillo de los acusados: una cuenta que la democracia no supo –o no quiso– saldar.

El proceso más importante, por la cantidad de hechos que involucra, se está desarrollando actualmente en el Tribunal Oral Federal. Incluye denuncias presentadas por víctimas y familiares desde 1984, archivadas durante la vigencia de las leyes de impunidad. Reabiertos los juicios, se acumularon en una sola causa, la “megacausa”. Las víctimas son 52: en su gran mayoría fueron asesinadas y desaparecidas.

Entre otros hechos, en la megacausa se investigó la masacre de Ituzaingó y Las Heras, donde el Ejército ejecutó a cuatro dirigentes de Montoneros y a una docente que vivía en el departamento contiguo. También se indagó sobre la matanza de calle Castelli, donde fue raptada la beba Paula Cortassa, luego adoptada por la familia Guallane con el nombre María Carolina (el primer caso de supresión de identidad juzgado en la provincia de Santa Fe).

El juicio oral comenzó el 10 de abril de 2015, se estima que la sentencia llegará en este mayo. Son juzgados el ex juez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti (por el caso Guallane), los tenientes coroneles retirados Domingo Morales y Jorge Roberto Diab, el coronel retirado Carlos Enrique Pavón y el comisario retirado Juan Perizzotti, que cumple dos condenas por causas anteriores.

Las otras dos patas

Entre todas las materias pendientes, hay una que sobresale por la escasa atención que le prestó la Justicia: la complicidad del poder económico. Salvo excepciones, como la condena al empresario Marcos Levín (ver aparte), ni la apropiación de empresas ni la colaboración directa del sector privado con los operativos de secuestro y desaparición han sido investigadas a fondo.

A nivel nacional, se estima que en el período 1976-1983 más de 600 empresas fueron apropiadas ilegalmente por el terrorismo de Estado. Un grupo de diputados nacionales, encabezado por Héctor Recalde (Frente para la Victoria), presentó un proyecto para la creación de una comisión bicameral investigadora de las complicidades del poder económico con la última dictadura, pero nunca se trató en el Congreso.En Santa Fe los diputados provinciales del Frente Social y Popular, Carlos del Frade y Mercedes Meier, elaboraron un proyecto similar basado en “la necesidad de investigar la complicidad civil desde la Cámara de Diputados para evitar casos como el de Juan Carlos Mercier, que no solamente fue funcionario durante el terrorismo de Estado sino que luego fue ministro y senador en democracia”. La iniciativa propone la creación de una comisión investigadora con el objetivo de identificar las complicidades civiles que permitieron perpetrar delitos de lesa humanidad en territorio santafesino.

Otro proyecto de Meier y Del Frade plantea retrotraer a la fecha de implantación del estado de sitio (6 de noviembre de 1974) la actual pensión para quienes estuvieron detenidos “como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo parapolicial”.

La participación civil en el golpe es uno de los capítulos más oscuros. Hay evidencia histórica irrefutable que apunta a las grandes empresas del sur provincial, que colaboraron en la identificación y persecución de trabajadores. Esa faena empezó antes del golpe, la represión contra los obreros de Villa Constitución, en marzo de 1975, es una prueba.

Si la pata económica de la dictadura nunca estuvo en tela de juicio, la pata política mucho menos. En la sesión especial realizada por la Cámara de Diputados de la provincia para conmemorar los 40 años del golpe, Gabriel Real (Partido Demócrata Progresista) pidió “no tener una memoria selectiva sino completa” y señaló, citando un libro del diputado Del Frade, la cantidad de intendentes y presidentes comunales que aportaron los partidos: 318 la UCR, 169 el PJ y 102 el PDP. “Nadie lo aplaudió al final de su discurso”, consignó Darío Schueri en El Litoral.

En el país

Entre 2008 y marzo de 2016, hubo 795 condenas a represores en 131 juicios realizados en todo el país, según un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Otros 15 juicios por delitos de lesa humanidad se están desarrollando en la Argentina. Uno de los más importantes, en Capital Federal, investiga a 59 represores acusados de haber cometido 789 delitos en la ESMA. Están acusados ocho aviadores navales y de la Prefectura por los “vuelos de la muerte”. Otro de los juicios que se desarrolla en Buenos Aires es por los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor: un acuerdo entre las dictaduras de la región para perseguir a opositores fuera de sus propios países. Alfredo Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez son algunos acusados.

En Córdoba se está llevando adelante el juicio de La Perla, uno de los mayores centros clandestinos. También hay procesos abiertos en Mendoza, Jujuy, San Luis, La Plata, La Rioja y Mar del Plata.

Publicada en Pausa #169, jueves 31 de marzo de 2016