Se propuso la formación de una comisión de reparación documental para desaparecidos y perseguidos políticos durante la última dictadura cívico-militar en el ámbito de la UNL.
Producto de la fuerza del movimiento de derechos humanos que lleva adelante los reclamos de memoria, verdad y justicia, la reparación documental es una de las iniciativas que se adoptaron en distintos ámbitos del Estado y universidades nacionales. En este sentido, se busca dar cuenta de la verdad histórica como modo de repudiar la persecución, honrar a quienes la sufrieron y fortalecer la memoria colectiva en los legajos personales de quienes sufrieron el terrorismo de Estado.
En Santa Fe, se materializó la propuesta de armar una comisión de carácter participativo en el ámbito de la UNL con el objetivo de “modificar las razones expuestas sobre las cesantías de quienes fueron perseguidos por su militancia política y rechazar su calificación como delincuentes. También, permitiría dar cuenta de esas persecuciones, de los secuestros, asesinatos y desapariciones, porque fueron esas las razones de la interrupción de la actividad de un militante en la institución y no el abandono de la misma”, explican desde ADUL y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia.
“Los archivos de la UNL son aportes a la memoria colectiva sobre las acciones del terrorismo de Estado y los daños que produjo a estudiantes, profesores y personal administrativo. Tenemos la responsabilidad de completar lo que esos documentos seguirán diciendo en la actualidad y hacia el futuro acerca de la persecución que se llevó delante contra quienes debían ser exterminados y suprimidos de la memoria a partir de una remodelación social autoritaria, disciplinadora, contraria a los pensamientos y prácticas críticos o desafiantes de las desigualdades y opresiones”, sostienen.
[quote_box_right]Está previsto estudiar los legajos de las personas que sufrieron persecución política. Se registrará la reparación de tales legajos consignando la causa real de interrupción de las actividades universitarias de la persona o corrigiendo su calificación cuando fueron cesanteados acusados de infracciones o ilícitos. [/quote_box_right]
Consultado por Pausa, Guillermo Munné comentó: “El año pasado realizamos la actividad “Memoria que no cesa” sobre la cesantía en el ámbito de la UNL, a la que concurrieron muchas de las personas afectadas. Allí expresaron sus experiencias y surgió la idea de promover un proceso de reparación documental que abarque a los cesanteados en ese grupo más amplio de perseguidos, además de los compañeros que sufrieron desaparición”. En cuanto a la presentación de la propuesta contó que fueron convocados por autoridades de la casa de estudios y se reunieron el pasado miércoles en la Facultad de Humanidades y Ciencias para brindar detalles de la iniciativa.
“Este dolor estaba en la memoria de todos y los antecedentes de la propia universidad fueron las comisiones de la memoria de las facultades homenajeando a estudiantes y docentes desaparecidos en la dictadura, con colocación de placas recordatorias como las que hay en Ingeniería Química y Ciencias Jurídicas y Sociales; también se hicieron reconocimientos en Ciencias Económicas. Esas experiencias, sumadas a los antecedentes de otras universidades, están referidas fundamentalmente a personas que participaron de la vida universitaria y terminaron desaparecidos”, expresó Munné.
El abogado aclaró que “nuestro proyecto es amplio y abarca a quienes vieron interrumpida su actividad universitaria por persecución, que fueron directamente cesanteados y acusados de delincuentes. Hubo gente que padeció este tipo de purgas a fines de 1975 y sienten que esa información debe conocerse para que se entienda lo que vivieron al haberse quedado sin trabajo y estigmatizados, expuestos a un peligro enorme. De hecho, en algunos casos terminaron siendo presos políticos”, añadió Munné.
Acerca del número estimado de casos, el abogado dijo que “tenemos material para comenzar a contabilizar cuántos son, el cálculo se saca en base a las listas de desaparecidos en las facultades. Después, dentro de los cesanteados, hay listados que se publicaron como resoluciones de cesantías masivas. Para reforzar esa estimación tenemos otro número relevante, al cual se va a tener que ir sumando lo que surja de episodios más desgranados. Los cesanteados de fines de 1975 suman otras cuantas decenas de personas que, junto a las listas de desaparecidos, superan la centena”.
El trabajo de reparación
La Comisión de reparación documental contra el terrorismo de Estado estará integrada por representantes de Rectorado de la UNL, los gremios de ADUL y APUL, la Federación Universitaria del Litoral y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe. Contará con el apoyo de los programas de la UNL relacionados con la promoción de los derechos humanos y la investigación de la historia universitaria; y conducirá la búsqueda de los datos personales de aquellos miembros de la comunidad universitaria de la UNL que cesaron en sus actividades universitarias como consecuencia de la persecución política durante el terrorismo de Estado o por ser víctimas de crímenes motivados en esa persecución.
[quote_box_left]Guillermo Munné: “Este dolor estaba en la memoria de todos y los antecedentes de la propia universidad fueron las comisiones de la memoria de las facultades homenajeando a estudiantes y docentes desaparecidos en la dictadura". [/quote_box_left]
Como parte de la tarea, está previsto estudiar los legajos de las personas que sufrieron persecución política. Se registrará la reparación de tales legajos consignando la causa real de interrupción de las actividades universitarias de la persona o corrigiendo su calificación cuando fueron cesanteados acusados de infracciones o ilícitos. Se archivará una copia digitalizada de los legajos estudiados para que formen parte de los archivos de memoria de la UNL. Finalmente, la reparación documental será comunicada a la persona afectada o a sus familiares, en caso de haber fallecido o estar desaparecido.
“Nuestra expectativa es que con la designación de los representantes, la comisión se pueda poner en funcionamiento a la brevedad. Los resultados pueden llevar bastante tiempo, pero es importante priorizar el trabajo de recolección de información de estudiantes y profesores desaparecidos. Como las facultades ya han trabajado en la reparación documental sobre los legajos de esos desaparecidos, ahí ya pueden verse algunos resultados. También está bastante clara la información de las personas cesanteadas de manera colectiva. Pero con eso no se cierra el trabajo, habrá que mantenerlo en el tiempo”, concluyó Guillermo Munné.
Publicada en Pausa #169, jueves 31 de marzo de 2016
TERROR???? ESTO ES TERROR!
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Miguel Bonasso
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