Crónica de una inundación anunciada

Media provincia bajo agua, pérdidas millonarias en el campo y un nuevo endeudamiento son las primeras consecuencias de El Niño. Las disputas políticas demoran las respuestas.

La inundación de 2016 es la crónica de una catástrofe anunciada. Y deja, al menos, dos enseñanzas. La primera: apostar todo a un pleno –la soja en este caso– es suicida en cualquier economía. La segunda: en momentos de crisis, los tironeos políticos sólo contribuyen a agravar la situación de las personas afectadas.

“Los servicios meteorológicos nacionales e internacionales prevén la continuidad de las condiciones climáticas, estimando los organismos técnicos que la situación tendería a agravarse con la presencia del fenómeno de El Niño en la región”. La frase se puede leer en el decreto 3137, firmado el 21 de septiembre de 2015 por el ex gobernador Antonio Bonfatti, por el cual se declaró el estado de emergencia hídrica en la provincia.

El pronóstico se cumplió. A fines de diciembre los ríos Salado y Paraná llegaron al primer pico de la crecida, alimentados por las lluvias en Brasil y en el norte del país. Desde entonces, algo más de 1.500 santafesinos debieron ser evacuados de sus hogares en distintas localidades de la costa (Santa Fe, San Javier y Santa Rosa de Calchines, las más afectadas).

El verano transcurrió en una tensa alerta, sin mayores complicaciones, hasta que las lluvias de abril –pronosticadas por los especialistas desde enero– dejaron media provincia bajo agua. El fenómeno se extendió por 20 días consecutivos y castigó con mayor fuerza a las zonas históricamente postergadas en materia de obras de infraestructura: cayeron 1.000 milímetros en algunas localidades de San Javier y por encima de 800 milímetros en los departamentos del norte y del oeste.

El lunes 18 de abril el gobernador Miguel Lifschitz firmó un nuevo decreto de emergencia, que esta vez abarca a 18 de los 19 departamentos de la provincia (el de Bonfatti alcanzaba solo a los de la costa). Para entonces ya había mil evacuados más en la provincia: al cierre de esta edición superaban los 2.500, la mitad en el departamento La Capital.

Inercia de la Nación

El gobierno nacional recién tomó nota del problema cuando se cumplían tres semanas ininterrumpidas de lluvias. El presidente Mauricio Macri aterrizó en Rafaela el sábado 23 con pocas respuestas concretas: pidió “que deje de llover” y “que la gente sepa que su dolor es nuestro dolor”.

El gobierno provincial ya había dejado de lado, para ese entonces, las normas protocolares. “No alcanza con venir a la provincia de Santa Fe a teorizar sobre el cambio climático; se necesitan ayudas concretas”, reclamó el ministro de la Producción de la provincia, Luis Contigiani. Lifschitz también pidió “ayuda” para las economías regionales, los productores y los pequeños empresarios. “Vamos a tener un impacto económico muy importante”, vaticinó.

[quote_box_right]Apostar todo a un pleno –la soja en este caso– es suicida en cualquier economía[/quote_box_right]El 20 de abril Macri envió al ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile a anunciar un fondo de 41 millones de pesos para subsidiar a los productores santafesinos afectados, mientras el ministro de Defensa Julio Martínez se comprometía, en nombre del presidente, a ejecutar “las obras de infraestructura que hagan falta para enfrentar estos fenómenos climáticos”.

Un día después, la vicepresidenta Gabriela Michetti llegó a Santa Fe para dejar asentada “la preocupación del gobierno” ante la crisis, pero –a diferencia de los ministros Martínez y Buryaile– ni siquiera se animó a hacer promesas. El clima no estaba para palabras de paz y alegría y así se lo hicieron saber los inundados del centro de evacuados de La Tablada.

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Finalmente, el sábado 23 Macri apareció en Rafaela con el objetivo de serenar los ánimos: “Ahora tenemos un muy buen equipo a nivel nacional para estudiar todo este problema de los desagotes y el manejo hídrico del país. Este equipo está comprometido a trabajar con sus pares provinciales, ya que cada gobernador debe fijar cuáles son sus prioridades y nosotros estamos para acompañarlos y ayudarlos”.

La situación del sector agropecuario es “catastrófica”, según la Sociedad Rural de Santa Fe. Este año se perderán, solamente en la provincia de Santa Fe, entre 3 y 4 millones de toneladas de soja. “Hay 7 millones de hectáreas comprometidas por las lluvias, lo que representa más del 50% de la superficie de la provincia”, graficó el ministro de la Producción.

Pérdidas millonarias

“Nos agarra la cosecha de soja con apenas el 20% levantado y el otro 80% en los campos”, aportó Lifschitz. “La soja era donde teníamos las mejores expectativas y ahora está muy comprometida”. Recién cuando bajen las aguas se podrán hacer cifras concretas, pero es un hecho que las expectativas planteadas por el mandatario santafesino –alimentadas por la rebaja de las retenciones y la liberación del precio del dólar– no se cumplirán, con el consiguiente impacto fiscal.

“Esto está produciendo un impacto fuerte sobre todas las economías de la provincia, sobre el sector agropecuario, y esta problemática se traslada directamente a los trabajadores que dependen de la actividad rural”, agregó el gobernador. “Son 363 localidades en la provincia que dependen de eso”, por lo que vislumbró “un impacto tremendo económico y social para Santa Fe”.

Por lo pronto, a la espera de una respuesta tangible de la Nación, el gobierno provincial enviará a la Legislatura un pedido para ampliar la autorización de endeudamiento y así encarar las obras de infraestructura necesarias. El monto será superior a los 500 millones de dólares –alrededor del 7% del presupuesto total para 2016– y esos fondos se destinarán a la reparación de rutas, caminos rurales, desagües y obras de defensa contra las inundaciones en las localidades más postergadas.

Publicada en Pausa #171, edición de 28 de abril de 2016.