La Universidad apenas está gruñendo

La crisis salarial y presupuestaria que desató el gobierno jaquea a la educación superior.

Condensa las fantasías compartidas de la comunidad. Un futuro de libertad y justicia se le pide, no sin recelos: encarna la desigualdad propia del ascenso económico, las asimetrías de la vida social y las distancias del cambio cultural. Es la medalla, la victoria más límpida con la que una familia exhibe su probo esfuerzo y el de sus vástagos. A la vez, es una mole desconocida, tierra incógnita para quienes no la transitan, como esos padres que miran, extrañados, en qué tipo de monstruo ajeno muta su hijo.

La Universidad, el orgullo por el “mijito el dotor” y la maciza desconfianza con la que se enfrenta a la corporación de la ley, los abogados –los egresados certificados de las facultades de derecho– y su exclusivo luxury lupanar, la Justicia. La Universidad, la institución que produce los efectos sociales de una política del conocimiento, pero también la sede de las chanzas y los desprecios para con los intelectuales, chamuyeros, vagos, mantenidos desconectados de la calle, de la realidad... La Universidad, que tiene sus propias discusiones, quejas e internas, encerradas y a veces indescifrables o pavas, pero que es la responsable de que –todavía– la política de salud mental tenga algún rasgo al menos empático con quienes sufren la angustia y la locura, gracias a la victoria académica de los psicoanalistas sobre los empastilladores, en las principales carreras de psicología.

El modelo sojero y las carreras de agronomía y biotecnología van de la mano, la agroecología y las redes de pequeños productores también se abren su paso institucional. Imaginamos nuestro futuro en las aulas universitarias, en los consejos directivos de las facultades, en los consejos superiores, en el Consejo Interuniversitario Nacional, donde se sientan todos los rectores.

Un sueño colectivo no es una fiesta de la armonía. ¿Cómo podría serlo? Las contradicciones que nos cruzan se reproducen en la Universidad, los claustros inciden y, en el largo plazo, son determinantes en el desarrollo de los conflictos que mantienen viva a nuestra historia. En la interna universitaria, y en la Universidad como parte del gobierno educativo, la política late de un modo oblicuo, se calienta con formas propias, acaso fuera de sincronía, ajenas o paralelas a la dinámica circundante. Pero su gruñido puede llegar a resonar en todos los rincones. Y la Universidad apenas está gruñendo.

Insuficiente 3 (tres)

Tres trompadas le metió el gobierno nacional a la Universidad, que pudieron ser cuatro. La fallida fue la primera y no llegó al blanco por reclamo del radicalismo. El ministro Esteban Bullrich intentó designar a Juan Cruz Ávila en la Secretaría de Políticas Universitarias. Su experiencia en la Universidad fue forjada en la producción para TV de programas como Animales Sueltos, de Alejandro Fantino, El Show del Fútbol y Desayuno Americano, con Pamela David. “Seguramente hay otras personas idóneas y las vamos a invitar. Pero hay un problema que es la grieta y Juan Cruz es una figura neutral, visto por los dos lados de manera positiva”, justificó en su momento Bullrich. Tras el escándalo y los reclamos, fue designado el rector de la Universidad Nacional de Litoral, Albor Cantard.

La segunda trompada, y primer hit directo, fue la disolución de los convenios entre el Estado y las universidades, estipulada por el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, el comandante de los despidos en todas las áreas del Estado, con criterio de desguace en las más sensibles y vinculadas a las políticas y los derechos sociales. Su elección para la Universidad fue igual de precisa: al romper unilateralmente los acuerdos, miles de estudiantes perdieron becas. ¿Eran trabajadores precarizados? Sí. También eran necesarios y también necesitaban esos ingresos para sostener sus estudios. Pero, además, la ruptura de esos convenios hizo estallar el entrelazamiento entre las políticas públicas del Estado y la Universidad, una estrategia elaborada lenta y trabajosamente para ubicar a las altas casas de estudios en el centro de las acciones del Estado. Dicho de un saque: para que conocimiento, burocracia, gestión y política encuentren un espacio común donde enredarse y encontrar soluciones a los problemas comunes. Ibarra incineró esos puentes con un solo decreto.

El tercer golpe lo propinó el gerente de Shell en funciones, Juan José Aranguren, un paquidermo desbocado. Su mazazo tarifario no sólo descalabró los presupuestos universitarios: más allá de las industrias, todas las agencias públicas están en la cuerda floja. La descoordinación del “mejor equipo de los últimos 50 años” se prueba en la autonomía del ministro de Energía: ningún funcionario festeja que en sus propias dependencias sea dificultoso encender la luz.

Ante el reclamo de los rectores –el Consejo Superior de la UBA advirtió un próximo blackout–, el presidente anunció una ayuda de 500 millones de pesos. “Esto demuestra la importancia que tiene para nosotros el rol de la Universidad pública”, sentenció Macri; 34 rectores ponderaron esa afirmación en un comunicado lapidario: el monto representa “el 4,5% del presupuesto correspondiente a gastos de funcionamiento, lo que queda muy por debajo de la inflación acumulada en lo que va del año”.

Macri aludió también a la “pesada herencia” en este rubro. Apuntó a la corrupción y al 700% de inflación acumulada. No hay fortuna en el argumento: el presupuesto universitario se multiplicó, entre 2003 y 2016, mucho más que siete veces. Para las universidades se destinaban 1.800 millones en 2003 que ascendieron casi 52 mil millones en 2016: se multiplicó 28 veces el monto dedicado a las casas de estudio. En el camino, se abrieron 17 universidades nuevas y la educación superior llegó a las provincias donde los jóvenes sí o sí tenían que emigrar, como Río Negro o Tierra del Fuego.

Pero lo que despertó a la comunidad universitaria es el cuarto golpe: la devaluación salarial y una paritaria empiojada. Los docentes universitarios todavía están bancando la inflación con bolsillos retrasados. Las propuestas oficiales están por debajo de los aumentos para todos los otros niveles educativos y recién terminarían de efectivizar en 2017 un 31%.

Así, el gobierno logró la unidad en la acción de las dos principales centrales gremiales universitarias: Conadu y Conadu Histórica. Y entonces comenzaron los paros, las carpas docentes, las clases públicas y las movilizaciones.

Privatizar por demolición

La Reforma Universitaria o la resistencia en tiempo de bastones largos son jalones inevitables en una referencia a la acción política de la Universidad. Con menos fama y mayor proximidad temporal, la pateadura que recibió Ricardo López Murphy en 2001 tuvo una contundencia memorable. Las jornadas de lucha actuales no tienen el mismo ardor que entonces, el ajuste que impulsaba el ministro que duró 15 días era mucho más bestial, el humo de goma quemada se estaba volviendo corriente.

Hay una diferencia sustancial: el movimiento estudiantil organizado no dudó en enfrentar al economista. Fue la primera gran parada de carro a la serie de recortes de Fernando De la Rúa, nunca más pudo mostrar fortaleza, si cabe el término para sus gestos anteriores. Hasta los jóvenes de su propio partido le dieron para dejarlo groggy.

La Universidad gruñe, pero para que ruja necesita de la confluencia del movimiento estudiantil. Los reclamos salariales de sus profesores y los aprietes presupuestarios de sus rectores tocan de lleno a los estudiantes por partida doble. En un primer término, el recorte afecta a la extensión universitaria y los recursos para la investigación, las becas, la apertura de carreras y, directamente, las clases, ya sea por el paro o por el mero cierre de los horarios nocturnos (como en la Universidad Nacional de La Rioja). En segundo lugar, está la propia carrera académica en juego. Que los primeros cargos de la trayectoria docente tengan remuneraciones de empleado de call center es una invitación al abandono de los claustros. Todavía hoy, quienes tienen estudios de grado ganan dos veces más que quienes no, en términos generales. La Universidad necesita ofrecer buenos salarios para que los buenos profesionales del sector privado tengan interés en formar parte de la educación pública. Los salarios docentes son relevantes para el estudiantado en su horizonte laboral como egresados y en la excelencia de su presente formativo.

Es imposible saber si lo que aparenta como impericia e imprevisión política del gobierno va a devenir en que se sume el alzamiento estudiantil. Los tiempos apremian, los ritmos del conflicto se aceleran con el fin de cuatrimestre de un millón y medio de estudiantes, de sus familias que los soportan y sostienen, de sus esfuerzos para no quedarse dormidos después de tragar libros y trabajar. Los gremios están lanzados, en nuestra región hubo ya dos semanas de paro. Un gabinete de gerentes formados en las aulas de la universidad privada tiene que ofrecer la respuesta.

Publicada en Pausa #172, jueves 12 de mayo de 2016