La reclaman la industria semillera y Monsanto; ayer se anunció el acuerdo firme y hoy el Estado se volvió el garante del cobro de regalías para las multinacionales.

El gobierno nacional afirma que tiene listo el proyecto para reemplazar la actual ley de semillas, de 1973. No lo hizo público porque quiere que el texto esté consensuado por los sectores de la cadena agroexportadora (entidades rurales, industria semillera, multinacionales) antes de darlo a conocer. “Queremos que cuando llegue al Congreso pase como por un tubo. Si empiezan a hacerse cambios en las comisiones va a demorar en sancionarse”, dijo a Pausa Néstor Roulet, secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Ayer, el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile dio cuenta del acuerdo alcanzado con las semilleras.

El apuro en la sanción de la ley es solucionar lo antes posible un conflicto entre Monsanto, los acopiadores de granos y productores rurales por el cobro compulsivo de regalías por las modificaciones genéticas introducidas en las semillas de soja.

La actual ley de semillas N° 20.247 permite al productor agrícola guardarse granos de su cosecha para utilizarlos como semilla en la próxima campaña en forma gratuita. De este modo, el productor puede comprar bolsas de semilla una vez y luego continuar sembrando durante años sin volver a comprar.

Lo que no permite la ley es que el agricultor venda a otro productor la semilla que se guardó. En ese caso, la semilla pasa a ser ilegal y se la conoce como de “bolsa blanca” (porque no tiene ningún rótulo).

Tanto la reserva de semilla para uso propio como la venta ilegal son rechazadas por la industria semillera y por Monsanto porque el productor paga sólo una vez la tecnología. Como la modificación es genética y pasa de generación en generación, pretenden cobrar una regalía cada vez que se siembra, en proporción al volumen cosechado.

El proyecto de ley del Gobierno, de acuerdo a lo que declararon varios funcionarios, permitiría el uso gratuito de semilla pero “acotado” a pequeños productores.

“Tenemos lista la ley”, dijo el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, en una entrevista con Canal Rural, a fines de mayo pasado. “Queremos garantizar que la industria cobre por la tecnología (…) El productor no se niega (a pagar). Nadie discute que hay que pagar. Lo que estamos discutiendo es cómo. Ni siquiera estamos discutiendo cuánto, porque entendemos que las distintas industrias competirán”.

Esta posibilidad, que refuerza la legitimación por parte del Estado del cobro de regalías, puso en alerta a las organizaciones que defienden la soberanía alimentaria.

El control de Monsanto

Como la ley de semillas permite el uso propio gratuito y, por otro lado, el Estado no tenía hasta ahora mecanismos para detectar la utilización de bolsa blanca, Monsanto puso en práctica un sistema privado de control. El objetivo fue cobrar de manera compulsiva regalías por su último evento biotecnológico introducido en la soja: Intacta.

El sistema funciona así: en el momento de la venta de la semilla se hace un contrato en el que el productor acepta pagar regalías y que se le controle el grano una vez cosechado. A su vez, Monsanto hizo acuerdos con las empresas acopiadoras y exportadoras que reciben los granos para realizar allí controles de las cargas. Si se detectan granos con la tecnología Intacta y el productor no ha pagado la regalía, se le descuenta de manera automática unos 15 dólares por tonelada y/o se retiene la carga, paralizando el comercio. Para hacer esto, la multinacional dijo ampararse en la legislación que protege las patentes.

El control fue repudiado por la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Granos y por entidades rurales, como la Federación Agraria Argentina, que denunciaron a Monsanto por abuso de posición dominante ante la Comisión Nacional de Defensa de la competencia y también, ante la Justicia.

El gobierno nacional de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri permitieron el control de Monsanto hasta que, en abril pasado, el Ministerio de Agroindustria emitió la resolución N° 140 por la cual prohibió la aplicación de cualquier tipo de fiscalización que no fuera homologada por las autoridades nacionales. Como respuesta, Monsanto amenazó con retirarse del país. Ante esto, Buryaile retrucó: “Monsanto quiere manejar el comercio de granos en la Argentina. Pero el comercio de granos en la Argentina lo maneja el Estado argentino, no una empresa privada”.

Pese a estas declaraciones públicas, el gobierno ahora se apura para sancionar una ley de semillas que le permita a Monsanto cobrar su canon. Mientras tanto, está por implementar un sistema de control de granos a través del Instituto Nacional de la Semilla (INASE). La resolución 207, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que el Estado deberá controlar que no se filtren granos provenientes de semillas ilegales y habilita a Monsanto a hacer el reclamo para cobrar las regalías.

Control provisorio

A grandes rasgos, el mecanismo que implementaría el INASE tiene dos etapas. Por un lado, el productor debe declarar el origen de la semilla que utilizará en la campaña y si reservará para uso propio. Por el otro, el Estado hará controles sobre los granos, similares a los que implementó Monsanto, para verificar si corresponden a semillas de origen declarado o si, en cambio, provienen de semilla ilegal o bolsa blanca. En este último caso, se aplicarán multas. Así lo explicó Guillermo Bernaudo, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria. De acuerdo a las resoluciones 187/2015 y 149/2016, quedarían exceptuados los pequeños productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura familiar.

Con la información sobre quiénes usaron semilla ilegal o de reserva propia, Monsanto podría, luego, hacer demandas para cobrar el canon. Pero en este caso sería una instancia judicial en la que el productor podría defenderse, según remarcó el gobierno de Macri.

¿Y la soberanía alimentaria?

Hace 20 años, Monsanto comenzó a introducir cambios genéticos en las semillas de soja, maíz y algodón con el supuesto objetivo de hacerlas resistentes a la plagas y aumentar el rendimiento. En 1996 se introdujo en la Argentina la soja de Monsanto Round Up Ready (RR). Esta semilla tiene una modificación genética que la hace resistente al herbicida glifosato, comercializado por Monsanto bajo la marca Round Up. El cultivo se pulveriza con el herbicida, que mata a todas las malezas, menos a la soja. El glifosato fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno y acumula denuncias en todo el mundo por sus efectos negativos sobre la salud y el ambiente.

Lo que Monsanto desarrolla es el evento biotecnológico, es decir, la modificación genética. Esos eventos son comprados por las industrias de semillas, como Nidera y Don Mario, que desarrollan distintas variedades, por lo que se las denomina obtentoras de variedades.

En su web, Nidera ofrece 20 variedades de semillas de soja. Todas contienen el evento tecnológico de Monsanto RR. Seis de ellas tienen el evento Intacta. A medida que las semilleras introducen los eventos biotecnológicos en las semillas, van “obligando” al productor a comprar esa tecnología.

Monsanto sostiene que al aplicar biotecnología a las semillas inventa algo nuevo que no existía. Y que, por lo tanto, le corresponde una patente de invención. Con esa patente pretende cobrar regalías o canon tecnológico. En la Argentina, Monsanto no cobró regalías por la tecnología RR durante más de una década. Pero ahora sí patentó el evento Intacta e ideó el sistema para cobrarlo.

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