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Por descuentos irregulares, la Nación le debe a Santa Fe 30 mil millones sin contar intereses.
Desde fines de 2015, la provincia de Santa Fe recibe de la Nación la coparticipación completa, sin los descuentos antes realizados a favor de la Anses y la Afip. No está en claro cuánto representan esas cifras concretas: para el gobierno provincial son entre 400 y 500 millones de pesos al mes, que no estaban presupuestados; para otros observadores, como el diputado socialista Rubén Giustiniani, son 700 millones mensuales, que a fin de año habrán alcanzado la nada despreciable suma de ocho mil millones: la mitad del endeudamiento que el Ejecutivo gestiona ante la Legislatura.
El fallo de la Corte Suprema, que ordena el cese de esas detracciones, también establece que el gobierno de Mauricio Macri debe devolver a la provincia la deuda acumulada entre 2006 y 2015. Son casi 30 mil millones de pesos a valores históricos.
El Senado de la provincia aprobó el jueves 19 de mayo, por unanimidad, un proyecto de declaración en el cual se insta a la Nación a convocar a las autoridades santafesinas “con premura y celeridad” para determinar el monto y la forma de pago de la deuda por las detracciones de la coparticipación a favor de la Anses y la Afip, a la que los senadores quieren agregar los recursos que dejó de enviar el gobierno central a partir de 2006 para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.
El proyecto fue impulsado por el senador de la UCR Felipe Michlig (departamento San Cristóbal) y allí se especifican, en base a datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, los montos de la deuda histórica (sin actualizar): 18.835 millones de pesos por el 15% descontado a favor de la Anses y 4.644 millones por el 1,9% retenido para el Fondo de Autarquía de la Afip. Entre ambos conceptos suman 23.479 millones de pesos. Pero el Senado, además, pretende que la provincia reclame alrededor de 6.000 millones más por el déficit de la Caja de Jubilaciones, lo que llevaría la deuda histórica de la Nación a una suma cercana a los 30 mil millones de pesos: un tercio del total del presupuesto provincial para 2016 y el doble del endeudamiento que ya votó la Cámara de Diputados, de mil millones de dólares (casi 16 mil millones de pesos a cotización actual).
El 24 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Santa Fe en el reclamo iniciado, en 2010, por el entonces gobernador Hermes Binner por las detracciones irregulares realizadas por la Nación sobre la coparticipación correspondiente a Santa Fe. Ese fallo establece que ambos gobiernos tienen que ponerse de acuerdo en el monto (es decir, actualizar la deuda histórica en función de los intereses y la inflación) y, a partir de ese punto, corre un plazo de 120 días para definir la forma y los plazos de pago.
Las negociaciones entre la provincia y la Nación aún no comenzaron, por eso el Senado busca acelerar los tiempos con la declaración avalada el 19 por todos los espacios políticos en la que se pide determinar “a la brevedad, acotando los plazos previstos en dicha sentencia (en referencia al fallo de la Corte), la forma y modalidad de pago”.
Frigerio, "a mediano plazo"
En diálogo con LT10, el ministro del Interior Rogelio Frigerio señaló: “Las arcas del Estado no están en condiciones de pagar esa deuda en este momento, por lo cual vamos a ver a qué arreglo llegamos para que, en el tiempo, podamos cumplir con esa promesa a mediano y largo plazo”.
Frigerio dio los motivos de la postergación: “Hemos recibido un país con uno de los déficits fiscales más altos de la historia y el compromiso del presidente Mauricio Macri es que al final de su mandato tengamos equilibrio fiscal, y cuando la Nación cuente con esos recursos, en algún momento, vamos a honrar los compromisos que tenemos con Santa Fe”.
La fijación del monto y la forma de devolución de la deuda histórica fue postergada por la Nación. El lunes pasado el gobernador Miguel Lifschitz dijo que iba a “esperar unas semanas más”, a petición del propio Frigerio, antes de retomar la vía judicial, es decir: pedirle a la Corte Suprema que disponga cómo y cuándo se va a pagar la deuda.
