El contraproyecto de los carreros

Piden que el gobernador Lifschitz retire el proyecto que prohíbe la tracción a sangre y proponen que se declare como “servicio público” la recolección diferenciada de residuos.

El debate quedó planteado desde el momento en que el gobernador Miguel Lifschitz envió a la Legislatura un proyecto para prohibir la tracción a sangre en toda la provincia con el objetivo de “avanzar en una política de priorización de la salud animal”. A partir de allí surge la pregunta: ¿a quién debe cuidar el Estado, al caballo o al carrero?

El proyecto del gobernador está argumentado desde “la inseguridad vial que esta práctica representa”. Los carreros y cartoneros que dependen de sus caballos para la subsistencia diaria se oponen a la iniciativa y sostienen que nunca fueron consultados.

Como alternativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y las cooperativas que integran la Federación de Cartoneros y Recicladores (FACyR) presentaron a través de los diputados del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade y Mercedes Meier, un proyecto por el cual se declara a la gestión social de recolección diferenciada como “servicio público”. Consiste en lograr la reglamentación, con protección del Estado, del cirujeo como práctica laboral.

El proyecto presentado por el Frente Social y Popular “supone el aprovechamiento económico de los residuos sólidos urbanos fracción seca” (papel, cartón y otros elementos “pasibles de ser revalorizados”), lo que implicará la “generación de empleo en condiciones óptimas de salubridad”, con énfasis en la situación de los carreros y cartoneros en tanto “recicladores urbanos”.

La iniciativa ingresada el 30 de junio en la Cámara de Diputados –con una manifestación de carreros en la explanada de la Legislatura– determina que el sistema público de gestión social para la recolección diferenciada deberá integrar a los recicladores que ya se encuentren desarrollando esa tarea en forma individual o a través de cooperativas, como la Asamblea de Cirujas en Lucha de Villa Oculta y Santa Rosa de Lima, formada a mediados de 2013.

El proyecto de Meier y Del Frade parte del reconocimiento de la preexistencia de cada reciclador urbano. Y dispone que el gobierno provincial diseñe un programa de separación domiciliaria de residuos, como el que funciona en la ciudad de Santa Fe desde 2009, que se deberá aplicar en todos los municipios de la provincia.

También se establece que la recolección diferenciada estará a cargo de las cooperativas de carreros y cartoneros, que prestarán el servicio “en la totalidad del espacio público de la provincia de Santa Fe”. Y define que los residuos “son propiedad intransferible del gobierno provincial, quien cede a los recicladores urbanos la fracción seca”.

Además, a través del proyecto se crea el programa Santa Fe Recicla que tendrá cuatro etapas de implementación: la recolección diferenciada con inclusión social (con reconocimiento formal por parte de cada municipio, además de salarios, uniformes y seguros para cada carrero), la logística para grandes generadores de basura (con subsidios para atender los costos de traslado), los centros verdes (donde se clasificarán los residuos) y la reinserción de los recicladores que trabajan en los basurales.

El proyecto indica que la provincia tiene que garantizar el presupuesto para hacer frente a los salarios de los recicladores y los gastos operativos. Y garantizar además el traslado definitivo de los residuos rechazados hacia los centros de disposición final, además de obligar a los grandes generadores (comercios, empresas y fábricas) a ceder en forma gratuita los residuos sólidos urbanos a las cooperativas registradas.

Por último, el proyecto establece que los recicladores “podrán circular en el período de transición con carros que cuenten con las medidas de seguridad y de funcionamiento correctas que limiten el esfuerzo que deba realizar el animal”, con herraduras y siempre que cuenten con una certificación sanitaria extendida por médicos veterinarios. Y también dispone que el control de los carros sea realizado por empleados municipales, nunca delegado a empresas ni a organizaciones sin fines de lucro.

Servicio ambiental

“Nosotros cumplimos un servicio ambiental, sin reconocimiento y en condiciones de trabajo miserables”, explicó Mónica Crespo, referente del MTE, en la conferencia en la que se presentó el contraproyecto de los carreros. “Necesitamos generar un sistema de gestión social del reciclado que reconozca el trabajo de los cartoneros, financiado por las empresas que contaminan y con presencia del Estado. Esto es lo que propone nuestro proyecto de ley”, definió.

El diputado Del Frade hizo hincapié en el sistema mixto de gestión de residuos sólidos, que reunirá a las cooperativas de cartoneros y al Estado provincial. “De esta manera, los residuos se dividirán en húmedos y secos, siendo el segundo gestionado por los trabajadores cartoneros, trabajo que actualmente es realizado todos los días sin ningún reconocimiento por parte del Estado, en malas condiciones y con constante persecución por el uso del caballo”, argumentó el legislador.

Según Del Frade, en la provincia hay “un vacío legal” sobre el tema de la tracción a sangre; por eso entiende que el proyecto de ley “es una herramienta idónea y necesaria para promover la inclusión económica y social de los recicladores urbanos”.