Las invisibles niñas madres

En el país, cada año más de 3.000 niñas menores de 14 años son forzadas a ser madres, tras soportar abusos y sufrir la culpabilización.

La presentación del balance regional “Niñas madres. Embarazo y maternidades infantiles forzadas en América Latina y el Caribe”, a cargo de la abogada Susana Chiarotti, del Consejo Asesor del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los derechos de las Mujeres (Cladem), aportó datos sobre una problemática difícil de visualizar y, sobre todo, contabilizar. La jornada, realizada el 22 de junio en la Facultad de Derecho de la UNL, contó con la participación de miembros del Equipo de Educación Sexual de la Provincia y del Programa de Género, Sociedad y Universidad.

El objetivo del estudio que elaboró Cladem fue recoger evidencias que permitan visibilizar la situación por la que atraviesan las niñas menores de 14 años embarazadas, en la mayoría de los casos producto de violencia sexual. Asimismo, busca fomentar el debate instalando conceptos “claros y contundentes” sobre la maternidad infantil forzada. El balance fue realizado en 14 países de la región –Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay– entre 2010 y 2014, y pretende contribuir a diseñar estrategias de incidencia para su inclusión en la agenda pública nacional, regional e internacional, además de promover la exigibilidad de los derechos humanos de las niñas de la región.

“Iniciamos este balance por reacción y por bronca porque vimos un montón de casos por todos lados. Los resultados fueron impresionantes y los presentamos en marzo en la Comisión del estatus de las mujeres de la ONU. También nos impresionó que no hubiera respuesta estatal para esta cuestión”, dijo Susana Chiarotti al iniciar la presentación.

El estudio considera embarazo infantil forzado cuando una niña menor de 14 años queda embarazada sin haberlo buscado ni deseado y se le niega, demora u obstaculiza la interrupción de ese embarazo. En los países relevados sólo se encontraron las cifras de partos, pero no figuraban los datos de cuidados prenatales ni los de abortos realizados. Para 2012, el número de partos mostraba que 60.690 niñas menores de 14 se habían convertido en madres en la región analizada. Entre 2010 y 2014 no hubo disminución de ese número. “O sea que si se implementó una política, ésta no fue efectiva”, reflexionó Chiarotti.

De protocolos y estigmas

En diálogo con Pausa, la representante de Cladem afirmó que “es una problemática que decidimos visibilizar porque estaba totalmente escondida en la bolsa de los embarazos adolescentes. Quisimos mostrar la gran diferencia que hay entre el embarazo de una niña menor de 14 años y otra entre 14 y 19. En los embarazos adolescentes, la mayoría se producen por iniciación sexual temprana, mientras que en las niñas es por violencia sexual en la mayoría de los casos. Y no hay que olvidarse de las consecuencias: una chica de 17 años ya tiene el piso pélvico formado, el cuerpo desarrollado y todo el calcio que necesita, mientras que para una niña que no ha terminado de crecer, los riesgos para su vida y su salud son altísimos”.

“Al abordar embarazo y maternidad infantil vimos algo gravísimo: el estigma de haber quedado embarazada y de haber sido abusada recae sobre la niña. Entonces al embarazo y a la maternidad sucede aislamiento social, que es también muy grave desde el punto de vista afectivo. Hemos constatado que muchas de ellas, además de todos los riesgos personales, caen en tendencias al suicidio y a la depresión”, agregó Susana Chiarotti. Y apuntó: “Lo que hace más visible este tema en las clases sociales más pobres es la falta de recursos porque van a los hospitales, pero trabajamos con mujeres y atendemos casos de abuso sexual que ocurren en todas las clases sociales. En la clase alta van directamente a una clínica, interrumpen el embarazo, luego van a un psicólogo, a un médico privado, se hace minimización de riesgos y reducción de daños de la manera más callada posible. Tanto en los casos de niñas pobres como en los de indígenas hay que hacer un análisis intersectorial porque se cruza la idea de que finalmente es costumbre entre ellos, y es una forma de naturalizar y justificar el abuso sexual. Tenemos que trabajar muy duro en eso y una forma de empoderar a las niñas es darles educación sexual integral y enseñarles qué tipo de cosas no les gustan y denunciarlas. Pero esto sucede en todas las clases sociales porque es un problema cultural”.

“Después del embarazo y sus riesgos viene la maternidad infantil forzada, que dura toda la vida. Entendemos que el deseo de la niña de interrumpir el embarazo es el indicador de que fue forzada. En estos casos ya hay tres violaciones a los derechos humanos de una niña: la primera habiéndole impuesto una relación sexual forzada, la segunda al obligarla a llevar a término un embarazo que no buscó y la tercera obligarla a ser madre contra su voluntad cuando no está preparada para eso. Las consecuencias es que se transforma para siempre la vida de esa niña, altera sus posibilidades de educación y pierde el círculo social que tenía al ser culpabilizada por haber quedado embarazada”, analizó la profesional.

En esta línea, la abogada afirmó que no existen protocolos hospitalarios para atender a las niñas embarazadas porque “las tratan como si fueran jóvenes. Y no es así, requieren un trato especial. Desde la última vez que presentamos este informe, el hospital provincial de Rosario empezó a trabajar en un protocolo para atender a estas niñas, es muy alentador. Esperamos que estas denuncias realmente redunden en nuevas políticas públicas”, reconoció.

La comparación entre países

Consultada por la situación en Argentina, Susana Chiarotti dijo que “podría estar mejor. Tenemos un número de alrededor de 3.100 niñas que se convierten en madres por año, lo ideal sería que ese número no existiera. Si comparamos Colombia con nuestro país, vemos que tienen el doble de niñas madres, probablemente la violencia allí esté más potenciada por las secuelas del conflicto armado. Brasil tiene 27 mil embarazos de niñas por año, un dato relacionado a la cantidad de población. Uruguay no llega a los 200 casos por año, por ejemplo. En el sur de México y Guatemala, por cuestiones culturales, a las niñas de comunidades indígenas las casan entre los 11 y 13 años. Desde el Estado están tratando de combatirlo y llevar las edades mínimas de matrimonio a 18 años”, comparó.

[quote_box_right]Para Chiarotti hay “un índice de impunidad muy acentuado en Argentina, Chile, Bolivia, Honduras y El Salvador”.[/quote_box_right]

En referencia a la provincia de Santa Fe, la especialista puntualizó: “Cuando hicimos el relevamiento en 2010, encontramos que el departamento San Javier era donde había más niñas madres. Eso tenía que ver con el turismo sexual y la forma en que se considera a las niñas en ese territorio”.

“Nuestro estudio plantea por qué las niñas madres se embarazan y encontramos un montón de cuestiones: el abuso sexual incestuoso y la impunidad. El 97% de los casos no son denunciados, lo cual es muy grave. Si la violación vino de un familiar, la diferencia es muy grande a la de un abuso ejercido por un extraño: la niña que vivió un abuso sexual incestuoso puede vivir una crisis familiar muy grande si el abusador es un personaje importante dentro de la familia. Cuando es abusada por un extraño, se une toda la familia para defenderla, pero en el caso de incesto puede dividirse el núcleo familiar, exigirle silencio a la niña o ejercer aún más violencia sobre ella. En Reconquista una niña le contó a su madre que era abusada por el padre y le dieron una paliza que la dejó tres días en cama”, contó.

En la investigación, Cladem solicitó conocer qué porcentaje de procesos y sentencias había en relación al abuso sexual. “Ahí saltó un índice de impunidad gravísimo, muy acentuado en Argentina, Chile, Bolivia, Honduras y El Salvador. Los números que se denuncian son mínimos, no tienen relación con el número de partos: si acá toda relación sexual con una niña menor de 13 años es violación, tendría que haber 3.000 denuncias. Y no hay 3.000 mil denuncias ni 3.000 procesos ni 3.000 sentencias, se cuentan menos de 200. Entonces nos preguntamos para qué estudiamos derecho y qué está haciendo el sistema de justicia”, concluyó Chiarotti.