Nueva denuncia de abuso policial en barrio San Lorenzo

Tal como sucedió con el femicidio de Gisela Bustamante en febrero y la agresión al joven Matías Monzón en marzo, la Policía de Acción Táctica que actúa en el barrio San Lorenzo, vuelve a ser señalada en una denuncia por golpes y amenazas a vecinos del barrio.

El colectivo Antirrepresiva Santa Fe y el Centro Cultural y Social El Birri emitieron hoy un comunicado en el que se reconstruyen una serie de hechos sucedidos en la tarde del pasado domingo 24 de julio. En el texto puntualizan:

“Ariel, Adriana y sus nietos de 12 y 8 años volvían de pasar un domingo en familia. En la esquina de Jujuy y Juan Díaz del Solís, fueron testigos de cómo efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT), le gritaban y le pegaban patadas en las pantorrillas a un joven al cual estaban ‘requisando’. Ariel se dirigió a los policías: ‘no se abusen, trátenlo bien al pibe’. Al escucharlo, uno de los oficiales se dirigió a la pareja, los apuntó con su arma y les ordenó, amenazante, que no interfieran en el procedimiento. La nieta de 8 años rompió en llantos y Adriana le pidió al oficial que se calmara”.

Según el comunicado, la familia continuó caminando hacia su hogar y los efectivos de la PAT los siguieron. “En el momento en el que Ariel se disponía a entrar a su vivienda, uno de los policías lo vuelve a apuntar con el arma. Adriana, desesperada por el riesgo, se interpone entre su pareja y el arma, e intenta registrar con su celular esa situación de amenaza de muerte. ‘¡¿Qué filmas vos, vieja hija de puta?!’ le gritó y le quitó el teléfono. En ese momento alrededor de veinte policías de la PAT iniciaron una feroz golpiza sobre Ariel y Adriana, con patadas y golpes de puño en todo el cuerpo. Los golpes se extendieron hacia todos aquellos que intentaron interferir, incluida la hija de Adriana, quien está embarazada. Los agentes de la Policía de Acción Táctica se multiplicaron y se sumaron agentes de la Policía Comunitaria. Dispararon aproximadamente diez balas con perdigones de goma en contra de la gente, pero afortunadamente no hirieron a ninguno de los vecinos presentes, entre los cuales se encontraban varios niños. Adriana, que ya estaba arrodillada en el piso, fue golpeada por cuatro policías simultáneamente. Su pareja, desesperado, arrojó una piedra a los agentes intentando defenderla y golpeó a una policía mujer”.

Pero este hecho, tal como lo informan las organizaciones sociales, no habría terminado ahí, ya que una vez dentro del patrullero, donde la familia era trasladada hacia la Seccional 2da, y luego en el calabozo, recibieron amenazas y golpes por parte de la policía. “Les alumbraban las caras uno a uno, y prometían que la tortura no terminaría ese día: ‘Ahora sabemos quiénes son, los tenemos re fichados’. Después de estar 6 horas detenidos, al dejarlos en libertad, el oficial en ese momento máxima autoridad de la Seccional 2da, les dice: ‘La próxima vez que vean un procedimiento de requisa, cállense la boca y sigan adelante, como si no vieran nada’”.

A Ariel se le imputan los delitos de lesiones leves causadas a un agente policial, daño al móvil policial y resistencia a la autoridad. A Adriana le imputan resistencia a la autoridad y el intento de robo de un arma a un agente, según la versión policial.

Tanto la Antirrepresiva como El Birri, vienen denunciando este tipo de accionar de la PAT desde hace mucho tiempo. Los casos de Bustamante y Monzón, pusieron el accionar de esta fuerza, instalada en la entrada al barrio, que es además la única plaza y por donde constantemente pasan los niños, jóvenes y adultos de San Lorenzo, en el centro de los conflictos que se viven allí a diario.

Estas dos organizaciones sociales, radicadas en el barrio, exigen, entre otras cosas, “el inmediato pase a disponibilidad de los agentes involucrados en este hecho” y “poner en discusión la presencia de estas fuerzas de ocupación territorial no sólo en Barrio San Lorenzo; estamos obligados a denunciar que esta es la presencia del Estado en los barrios, y que es evidente el contraste con la falta de garantías al acceso a infraestructura y servicios básicos: vivienda digna, salud, educación, deporte, esparcimiento y actividades culturales”.