Cuestionan en la Legislatura al defensor Gabriel Ganón

En una nueva ofensiva de la Legislatura contra el el defensor general de la provincia Gabriel Ganón, el senador radical Lisandro Enrico (departamento General López) presentó un pedido de destitución contra Ganón con nueve motivos que “configuran causales de mal desempeño”.

Las causales son “actuación indebida e ilegítima en diversas causas penales”, “Parcialidad política incompatible con el cargo” (Ganón milita en el Movimiento Evita), “Privación del derecho de defensa a los agentes policiales”, “Manifestaciones públicas indecorosas, agraviantes e impropias de su cargo (contra el titular de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Rafael Gutiérrez, que motivaron un dictamen del Inadi).

Los otros motivos que enumera Enrico son: “Impartir instrucciones violatorias del Código Penal y del Código Procesal Penal”, “Intervención procesal indebida siendo defensor general”, “Actuación procesal indebida en una causa de Justicia de Menores”, “Uso del tiempo de la jornada de trabajo para fines ajenos a su función” y, por último, la designación “irregular” del criminólogo rosarino Enrique Font en la Defensoría General.

Es la segunda vez que la Legislatura intenta remover a Ganón. La primera fue en 2014, cuando 17 de los 19 senadores provinciales firmaron una nota para pedirle a la Comisión Bicameral de Acuerdos que destituya al funcionario judicial (los únicos que no lo hicieron fueron Ricardo Kauffmann y Cristina Berra). En aquella ocasión, la movida no prosperó porque no estaba aún reglamentado el procedimiento para la gestión de denuncias y trámites de remoción de fiscales y defensores.

El 19 de mayo de este año la Legislatura convirtió en ley ese reglamento. Ahora, la Comisión Bicameral de Acuerdos debe analizar la denuncia de Enrico, luego convocar al defensor general para escuchar su descargo y, por último, deberá emitir un dictamen para ser tratado en Asamblea Legislativa. El plazo es de seis meses.

El pedido del senador radical lleva las firmas los diputados Norberto Nicotra (PRO) y Oscar Pieroni (PS). Según Enrico, “este no es un proceso administrativo sino político. La Legislatura tiene que decidir y analizar las causales de remoción. Esta Legislatura le dio el voto de confianza al funcionario y es la misma Legislatura la que debe analizar este pedido de remoción”.