Frasean para no pelear

Pibes de los barrios postergados armaron un espacio de acción para combatir la violencia. Le apuntan a la Policía como gestora del delito.

Alto Verde, Loyola y Estanislao López son barriadas que sufren en primera persona el ejercicio de la violencia como una estaca que las atraviesa desde la cabeza de las instituciones hasta el último de sus vecinos. Juventud del Pueblo es, en ese marco, una “alianza” entre jóvenes de los propios vecindarios junto con estudiantes universitarios y profesionales que advierten una tendencia a violentar al otro en las relaciones interpersonales. Con una historia con sus lagunas pero que cada tanto vuelve a arrimar leña a su fuego, el colectivo trabaja sosteniendo el acompañamiento y la promoción de relaciones sanas canalizando las energías en el deporte, el arte y también siguiendo de cerca programas estatales que se ocupan de la problemática.

Distintas agrupaciones políticas dejaron en estos tres barrios personas, algunas ya sin las remeras, trabajando a favor de que los pibes construyan sus vidas despejando la agresión: “Poniendo un poco de atención nomás ya queda clarísimo que los asesinados siempre terminan siendo gente muy joven que se entrevera en episodios violentos. En ese escenario la Policía no hace ni de lejos algo de lo que se jacta, porque no es que no se ocupan de la prevención de los delitos y lo hacen mal, sino que directamente son los principales gestores del delito: protegen y fomentan a los narcos, ofrecen armas a los pibes y les dan vía libre; a ellos les conviene que se maten entre ellos. Y se construye sentido en los medios, donde dicen qué moto y qué teléfono tener para ser alguien, mientras recortan presupuestos, congelan salarios y suben los precios. Y al final, nos dicen que es la gente nuestra enemiga”, reflexionan desde el colectivo, a la vez que se preguntan cómo puede ser que siendo la figura estatal con más desarrollo territorial (una comisaría por barrio), no puedan hacer bien su trabajo: Santa Fe es la provincia con el porcentaje más alto de homicidios del país (12,2 víctimas cada 100 mil habitantes, lo que para la Organización Mundial de la Salud significa una epidemia), con un porcentaje largo de ataques con armas de fuego: según datos oficiales, siete de cada diez asesinatos en 2015 fueron a balazos.

La poesía de los pibes

“Sabemos que además de los brazos represivos del Estado, hay otras instituciones que tienen fallas como la escuela y la familia, que no colaboran para que un chico esté motivado en convivir armónicamente con sus pares”. Por eso es que en vez de invadirlos con propuestas e ideas ajenas, los que no son nativos de los barrios proponen pero no avasallan. Así ya se activaron copas de leche, canchas de fútbol y cuatro jornadas que los propios jóvenes idearon y organizan: el festival Basta de balas, en los que aprovechan para bajar su mensaje directamente a través de sus canciones. El estilo que gana entre las nuevas generaciones de músicos es el rap (nombre anclado a su conjunción de ritmo y poesía) y sus canciones referencian su contexto inmediato, configuran un testimonio crudo y que operan jaqueando al grueso del público en lo que tiene que ver con la hostilidad que le plantean, además de las situaciones de violencia propias y las recibidas, los prejuicios externos de la sociedad, de los políticos e incluso de propios vecinos.

Al fenómeno de los chicos de La Voz del Pueblo, se suman, también desde Alto Verde, Elián y Nahuel de Alto Vuelo, que en un gesto poético soberbio compararon los baches de las calles del barrio con los cráteres de la luna. Artistas salidos también con los problemas del barrio en la punta de la lengua, como Delfino Flow entre los que están más a mano, o el Melly de Fuerte Apache, que cantó con ellos el domingo 7 en Tribus Bar & Arte.

Demasiados sospechosos

Estudiosos de las cuestiones del derecho, algunos integrantes de Juventud del Pueblo tienen bien en claro que el abuso del artículo 10 bis de la ley Orgánica de la Policía provincial sirve como excusa para el maltrato y para consolidar prácticas represivas estigmatizantes y que cuadran en lo que en la teoría del derecho se conoce como “etiquetamiento”. La normativa en cuestión prevé que “sólo cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas, que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilicíto, podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad”.

La persecución no es una sensación: 2012 y 2013 fueron los únicos años en los que hubo registro acerca de la aplicación del 10 bis para averiguación de antecedentes. En el informe de 2012 se consigna que hubo 30 mil detenciones y que sólo el 3% fueron útiles para la Justicia; el año siguiente, la estadística se midió solamente de enero a septiembre, con una proporción similar. En suma, un flujo importantísimo de recursos se usa para averiguar antecedentes y (en comparación) uno ínfimo para procesos por delitos efectivos.

Problemas interpersonales, disputas entre bandas por territorio y por negocios varios (estacionamiento, trata, droga y los rubros siguen…) son algunas de las formas del conflicto que preocupan en los barrios y a los que desde espacios como Juventud del Pueblo se intenta hacer frente con los mismos chicos como protagonistas. Mientras, el nuevo jefe de la URI, Luis María Siboldi, admitió haber asumido un puesto cuyo campo de acción desconoce al declarar que recién “una vez que tengamos el conocimiento de la realidad vamos a poder diagnosticar y utilizar el remedio necesario”.