La justicia argentina investigará la muerte de García Lorca

A 80 años de la detención y asesinato del gran poeta y dramaturgo español, la jueza María Servini de Cubría aceptó investigar este crimen a petición de la denuncia que le fue presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), entidad que trabaja para recuperar los restos de desaparecidos durante el franquismo, entre los que se encuentra Federico García Lorca.

La magistrada argentina envió un exhortó a la justicia española para que le remita toda la documentación existente sobre la detención y el asesinato de Lorca, con particular interés en un documento de la Policía de Granada, con fecha del 9 de julio de 1965, dirigido al gobernador civil de esa provincia y que relata las últimas horas del poeta. La ARMH obtuvo una copia de este texto de forma anónima, pero sospechan que el original se encuentra en los archivos del Ministerio del Interior español.

En el documento, las autoridades identifican a Lorca como socialista, masón y homosexual, además de narrar dos allanamientos realizados a su domicilio y la posterior detención, situada entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936. En la lectura del texto, también se constata que el escritor fue detenido en la casa de unos amigos, donde se había refugiado luego de las requisas a su domicilio, y que una vez efectuada la detención fue trasladado a los calabozos del Gobierno Civil. Finalmente, el documento da cuenta de que el escritor "fue pasado por las armas" en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande y "enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco (...) en un lugar que se hace muy difícil de localizar".

La ARMH decidió recurrir a la justicia argentina luego de que el juez español Baltasar Garzón fuera inhabilitado y expulsado de la carrera judicial.

La justicia argentina se declara competente para investigar este crimen a través del principio de jurisdicción universal que habilita a cualquier país a investigar siempre que no lo esté haciendo el país donde se cometió.