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Las prácticas de violencia y abusos de las fuerzas de seguridad en nuestra región, sobre todo en el caso de la Policía, son regulares –es decir, continuas y constantes– y sistemáticas. Sus blancos están cuidadosamente seleccionados: se meten con sujetos vulnerables (jóvenes varones pobres) y concentran su actuación en zonas caracterizadas por la pobreza y la exclusión social. Esas son las dos conclusiones principales que emergen de los datos de 2015 del Registro provincial de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, abuso policial, malas prácticas y demás afectaciones a los Derechos Humanos, un estudio estadístico que todos los años elabora el Servicio Público Provincial de la Defensa.
El martes 20 de septiembre en la sala de sesiones del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con una notable ausencia de funcionarios, autoridades y personalidades por fuera de los más próximos a la Defensa Pública, el defensor provincial Gabriel Ganón y su equipo presentaron el informe de 2015, que arrojó un total de 130 víctimas en el año pasado, las cuales sufrieron diferentes tipos de malos tratos físicos o psicológicos por parte de las agencias estatales represivas. En el 90% de las situaciones, los perpetradores pertenecen a la Policía de la Provincia.
Dar visibilidad
“La presentación de este informe es la forma para seguir creyendo que es necesario constituir una sociedad democrática con instituciones represivas del Estado que se apeguen a la ley, a la Constitución y al cumplimiento de la normativa e instrumentos internacionales”, destacó Ganón. La responsable material de confeccionar el Registro, Lorena Negro, señaló que “los contextos más violentos se producen en el primer momento en la vía pública y durante la aprehensión”. También tuvo la palabra el defensor regional de la 1era. Circunscripción Judicial, Sebastián Amadeo, quien enumeró las tareas que lleva adelante la defensoría, como habeas corpus correctivos y colectivos, inspecciones periódicas a los establecimientos de encierro y capacitaciones en materia de violencia institucional. El encargado de la Secretaría de Prevención contra la Violencia Institucional, Enrique Font, apuntó a la indiferencia o negación de las autoridades del Estado sobre estos hechos: “debemos confrontar estas formas de negación y hacerlas un fenómeno que sea reconocido y evidenciado”. Por su parte, la referente del Foro contra la Impunidad y Por la Justicia, Lucila Puyol, afirmó que “desde hace muchos años que no hay en la Provincia de Santa Fe una institución pública comprometida con los sectores más vulnerables”.
Ganón recordó que la resolución de la Organización de Estados Americanos del 14 de junio establece que la Defensa Pública tiene que llevar adelante este tipo de registros y representar y acompañar a las víctimas de torturas y afectaciones a los Derechos Humanos. “Los jueces y fiscales de Santa Fe están decididos a ignorarla porque quieren imponer que la Defensa Pública no patrocine a las víctimas de violencia institucional. Parece ser esquizofrénica esta decisión del Estado que se opone sistemáticamente a que defendamos a víctimas de tortura”.
Las cifras de la policía de palazo fácil
Del registro elaborado por la Defensa Pública se desprenden varios datos destacables sobre violencia institucional en 2015, en la primera circunscripción judicial:
Hubo 130 víctimas, repartidas en 17 localidades. En nuestra ciudad se acumulan 83 casos, en Coronda, 16. En 2014 se registraron 72 casos: los abusos crecieron un 80%.
El 98% de las víctimas son varones; el 78% tiene 28 años o menos; el 87% tiene estudios secundarios incompletos como máximo nivel educativo.
Sólo el 60% de las víctimas realizó la denuncia. Un 86% de quienes no denunciaron fundamentan su silencio en el temor a futuras represalias.
El 90% de los perpetradores son agentes de la Policía. Por sí mismos, un 57% de los casos son causados por personal de comisaría y un 22% por oficiales del Comando Radioeléctrico.
El 43% de los hechos se produce en la vía pública y un 38% dentro de las comisarías.
Las víctimas fueron objeto de 322 agresiones. El 94% fueron físicas, el 42% psicológicas y el 32% otro tipo de violación a sus derechos. Las agresiones se combinan.
Los golpes y las golpizas son las prácticas más frecuentes (160 casos). Hay que destacar ocho casos de balazos de goma, cinco de picana eléctrica y otros cinco de submarino seco.
En lo psíquico, el eje son las amenazas (52 casos). En 25 oportunidades se armaron causas falsas en contra de las víctimas.
Las comisarías más violentas en nuestra ciudad son la Subcomisaría 12ma (Las Lomas, Cabal, Acería), la Seccional 10ma (Villa Hipódromo, Las Flores, Los Hornos), y la Seccional 4a, (Santa Rosa, Roma, Villa Oculta).
