Del Estado de derecho a la ley del más fuerte

“Estoy orgulloso de representar a un país que impulsa avances en materia de derechos humanos y la solución pacífica de los conflictos”. Mauricio Macri. Discurso ante la ONU, martes 20 de septiembre de 2016.

Desde que tenemos registros históricos, la violencia está presente en las relaciones humanas. La solución pacífica de los conflictos es una quimera; para ello, con el paso de los siglos, las distintas comunidades lograron construir instituciones que favorecieron la mediación entre los individuos. El Estado es una de esas instituciones; la división de poderes asigna a la Justicia la tarea de resolver los conflictos que se producen en una comunidad.

La noción de Estado de derecho –aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones– es relativamente nueva: el primero que la utilizó fue Robert von Mohl en su obra La ciencia de política alemana en conformidad con los principios de los Estados de derecho (1832-1834). Sin embargo, la mayoría de los autores alemanes ubican el origen del concepto en la obra del filósofo Immanuel Kant (1724-1804).

El Estado de derecho es la superación del absolutismo. Las naciones que adoptaron esta doctrina –Argentina es una de ellas– deben procurar, a través de la acción pública de sus Estados, el cumplimiento con una serie de mandatos. El más importante: todos los seres humanos son iguales ante la ley. Nuestro joven país tiene apenas dos siglos, pero la consolidación del Estado-Nación se dio –del mismo modo que en otros países de la región– recién a fines del siglo XIX. En comparación con otros países, aún somos novatos en la materia.

¿Y a qué viene esta introducción, esos nombres alemanes y tantas fechas remotas?

Con la reinstalación en la agenda pública del debate por la mal llamada justicia por mano propia –una noción que se contrapone al concepto de Estado de derecho y aún al mero concepto de Justicia–, en la Argentina parece que hay sectores interesados en retornar a la barbarie de la ley del más fuerte, del el sálvese quien pueda. “Ellos o nosotros” es el slogan.

Un Estado de derecho supone la continuidad en el tiempo de un cuerpo normativo –las leyes y la Constitución– que no es estático pero que surge siempre de un amplio consenso social. Aquí no importan las coyunturas políticas, no importa si gobiernan conservadores o liberales, peronistas o radicales: todos tienen la obligación de aplicar sus programas dentro de los límites que establece la Constitución.

En el violento siglo XX, nuestro país quebró su propio orden legal –el Estado de derecho– con cada una de las dictaduras que desalojaron del poder a los gobiernos constitucionales: en 1930, 1955, 1966 y 1976. Recuperar la democracia y la Constitución no supuso, de ningún modo, que se garantizaran con plenitud los derechos de cada uno de los argentinos. Pero, por fuera de ese orden, es imposible la sola idea de que somos iguales ante la ley.

Dos casos ocurridos en Buenos Aires –el médico que mató de cuatro balazos a un ladrón en la puerta de su casa y el carnicero que persiguió y chocó con su auto a un asaltante, que murió luego de una golpiza colectiva– reavivaron un debate que aún no fue zanjado, mal que les pese al alemán Kant y a los constituyentes argentinos de 1853.

A esos hechos cabe unir otros dos, de índole discursiva, porque el discurso también produce efectos. Decir es, en sí mismo, un hecho, no menos tautológico que una paliza o un balazo. En primer lugar, las palabras del presidente Mauricio Macri sobre el carnicero de Zárate: “Debería estar con su familia, tranquilo, más allá de lo que determine la Justicia”. En segundo lugar, un extenso texto publicado en Facebook por la profesora María del Valle Basail Buschiazzo, abogada y docente de la Facultad de Derecho de la UNL.

Sobre las palabras de Macri no cabe demasiado análisis. En su campaña prometió respeto por la división de poderes, pero ya en el gobierno cedió a la tentación de inmiscuirse en la competencia de la Justicia. Una promesa incumplida que, en todo caso, los ciudadanos sabrán sopesar en las urnas. Un análisis más fino de la ideología que subyace en sus palabras excede, por mucho, el alcance de este artículo. Pero cabe agregar que una semana más tarde, en las Naciones Unidas –y ante un auditorio más preocupado por la crisis en Siria que por las cuestiones domésticas del Cono Sur–, el presidente remarcó el impulso de nuestro país a lograr “la solución pacífica de los conflictos”. ¿A cuál de los dos hay que creerle?

Del mismo modo que las palabras de Macri, el texto publicado por la profesora Basail Buschiazzo disparó un fuerte debate en una sociedad azuzada por cotidianos episodios de inseguridad. Aquí si cabe una reflexión más profunda. La docente de la UNL no es solo una ciudadana que apela a su derecho –humano y constitucional– de decir lo que piensa. Es, también, parte de la institución pública que forma a los abogados, los profesionales encargados de custodiar y hacer respetar las leyes, la Constitución y la vigencia del Estado de derecho.

Después de haber sufrido un intento de robo, Basail Buschiazzo escribió en su cuenta de Facebook que “hay ciertos seres que merecen la pena de muerte”. Y especificó: “La muerte más lenta y dolorosa posible”. Días después de la publicación original, cuando el caso ya había tomado estado público, la profesora explicó por el mismo medio: “Manifesté lo que en ese momento sentía”. Y se amparó en el “inalienable e indiscutible” derecho de la libertad de expresión.

El decano de la Facultad de Derecho de la UNL, Javier Aga, debió salir a aclarar la postura de la institución ante los dichos de la docente. Aga sostuvo que “expresan un desconocimiento absoluto del valor de la persona humana”, que son “impropias de una profesional del derecho” y que constituyen “un agravio a toda la ciudadanía”.

Pero Basail Buschiazzo no es solo una docente universitaria: también es abogada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Según publica Rosario/12 el su edición del martes 20 de septiembre, la designó el ex gobernador Antonio Bonfatti en el decreto 1365 –fechado el 28 de mayo de 2015– que refrendó también el ex ministro de Justicia Juan Lewis. Su cargo es asistente profesional en la Dirección Provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales: el organismo a cargo de promover la mediación como forma de descomprimir la tarea de los juzgados. La mediación es, justamente, una solución pacífica acordada entre las dos partes de un conflicto.

La Argentina abolió la tortura en 1813 y nunca adoptó la pena de muerte. Por supuesto: eso no impidió que ambas aberraciones se repitieran a lo largo de la historia, bajo dictaduras y también en democracia. Pero siempre que ocurran, son casos contrarios a la ley y deben ser penados.

[quote_box_right]Con la reinstalación en la agenda pública del debate por la mal llamada justicia por mano propia –una noción que se contrapone al concepto de Estado de derecho y aún al mero concepto de Justicia–, en la Argentina parece que hay sectores interesados en retornar a la barbarie de la ley del más fuerte, del el sálvese quien pueda. “Ellos o nosotros” es el slogan.[/quote_box_right]En un contexto de linchamientos, los discursos que emanan desde las instituciones no son inocuos. ¿Alentaron a la abogada santafesina las palabras del presidente sobre el caso del carnicero que algunos medios presentan como “justiciero”? Solo ella lo sabe. De algo no hay duda: la máxima autoridad del Poder Ejecutivo se muestra a favor de excepciones que se justifican por el mero humor social, fogoneado con irresponsabilidad por cientos de comunicadores sociales y de empresas periodísticas.

En abril de 2014, una turba mató a patadas a David Moreira, en Rosario, porque –según los propios asesinos– le había robado la cartera a una mujer embarazada (la versión de David ya no la vamos a conocer). No hay detenidos ni imputados por ese caso, que marcha rumbo a la impunidad. Dos años después, la imagen se repitió en las humildes calles de Zárate tras un fallido intento de robo: como David, el joven Brian González no tuvo derecho a la defensa y terminó muerto a patadas. Tampoco allí actuó la Justicia.

¿Somos todos iguales ante la ley? ¿Podemos hacer valer, por igual, nuestros derechos? El presidente pudo decirles, orgulloso, a sus pares en la ONU que vivimos en un país “que impulsa avances en materia de derechos humanos”. Brian González, David Moreira y una multitud creciente de jóvenes pobres apaleados en las calles o en las comisarías no tienen foros donde hacer oír sus versiones.