Las luchas en la tierra arrasada

El especialista en extractivismo Darío Aranda detalla el panorama ambiental argentino y la resistencia de los pueblos a la sojización, las pasteras, la megaminería y Vaca Muerta.

El periodista Darío Aranda estuvo en Santa Fe para presentar su libro Tierra arrasada. Petróleo, soja, pasteras y megaminería: radiografía de la Argentina del siglo XXI. Organizado por la Asociación Civil Capibara, el evento tuvo lugar el 25 de agosto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. La convocatoria fue masiva y Aranda cautivó con la sencillez de sus palabras, la precisión de los datos que maneja y su coherencia ideológica.

Redactor de Página/12 y colaborador de distintos medios alternativos, como la cooperativa La Vaca, el periodista dijo que su libro analiza “la extracción de recursos naturales con amplias consecuencias ambientales y sanitarias”. En ese sentido, fue trazando un mapa del extractivismo en Argentina, cuyas actividades principales, aunque no las únicas –aclaró– son el petróleo, la soja, las pasteras y la megaminería. En segundo término, realizó un mapeo de las luchas, las resistencias y los triunfos frente al extractivismo. “Cuando ven un monte, un río o un territorio, las empresas, los economistas y los funcionarios los llaman recursos naturales. En los últimos años la academia los empezó a denominar como bienes comunes. Y los campesinos y los pueblos indígenas dicen que los ríos, los volcanes y las montañas son nuestra vida; es la denominación que más me identifica y me hace entender por qué hay férreas luchas en defensa de esos territorios”, comenzó.

Petróleo hasta el fin

“El Estado moderno argentino se forma sobre un genocidio literal de los pueblos indígenas, que sufrieron en campos de concentración, robo de bebés, torturas y desapariciones, y a la dirigencia le cuesta mucho reconocerlo. Ahora los pueblos indígenas de Argentina tienen una legislación de avanzada: hablando de derecho, el Estado en sus distintas instancias debe consultar y obtener el consentimiento libre, previo y formado sobre lo que afecta a los pueblos indígenas. Una petrolera no puede entrar hoy a un territorio y avasallar derechos, tiene que realizar un protocolo de consultas que puede llevar años, pero en Argentina nunca se aplicó el derecho a la consulta. O sea que las petroleras ingresan y no respetan los derechos de los pueblos”, indicó.

Seguidamente, seleccionó hechos históricos para explicar la explotación que hace estragos en extensos territorios: en primer lugar el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, en 1907; luego el desguace durante el menemismo y finalmente la extensión de los contratos con las petrolíferas más importantes en 2006. “Desde hace 15 años se experimenta un corrimiento de la frontera petrolera, sobre todo en Salta y Formosa”, dijo Aranda y puntualizó que esta actividad afecta a 16 comunidades mapuches en diversas cuencas.

Como los recursos se están agotando en todo el mundo, las petroleras recurren a la técnica experimental de fractura hidráulica, más conocida como fracking: perforan la roca madre que contiene el hidrocarburo verticalmente y luego horizontalmente, con agua y químicos a presión. “Según las empresas, Vaca Muerta está entre las tres primeras formaciones de petróleo e hidrocarburos no convencionales. En 2012, los titulares de La Nación y Página/12 decían que debía ser una causa de todos porque en estos temas cierran filas los gobiernos, los partidos políticos y los medios de comunicación. Lo que por lo general no se dice de esta técnica es que genera contaminación del agua subterránea, del agua y la tierra superficial, ni acerca del sobreconsumo y agotamiento de fuentes de agua que produce”, precisó.

“Estas industrias muchas veces requieren legislaciones a medida, que sí se respetan a rajatabla, como el Decreto 929/2013 de Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, un traje a la medida de Chevron que omite el derecho ambiental y da plazo a la explotación hasta 45 años, eso en la jerga petrolera es hasta agotar recursos. En Neuquén hubo una enorme movilización para evitar que se apruebe el acuerdo entre Chevron e YPF, y la respuesta del gobierno fue represión con balas de goma. A los tres días el gobernador neuquino fue recibido por Oscar Parrilli en Casa de Gobierno con bombos y platillos para celebrar que finalmente Chevron se instalaba en Vaca Muerta, empresa condenada por Ecuador, en 2011, a pagar 9 mil millones de dólares por contaminación. Algunos periodistas me decían que el fracking no va a contaminar y yo les respondía que ya estaba contaminando. Hace dos años explotó un pozo de YPF en Vaca Muerta, ¿en cuántos medios vieron esta noticia publicada?”, preguntó Darío Aranda mientras exhibía fotografías del desastre tomadas por una comunidad mapuche que va registrando lo que ocurre en su territorio.

La soja va por todo

Sobre el cultivo de la soja en Argentina, el autor de Tierra arrasada repasó que alcanza actualmente los 22 millones de hectáreas, es decir el 65% de la tierra cultivada, y siete grandes empresas manejan el 85% de la exportación. “Cuando fue el conflicto por la 125 –en 2008– se armaron dos grandes bloques, gobierno y Mesa de Enlace, y hubo un sector que pasó muy desapercibido: los grandes ganadores del modelo. El congreso de Aapresid, conformado por empresarios del agronegocio, dijo que quieren avanzar sobre cuatro millones de hectáreas en los próximos años. Las consideran hectáreas improductivas pero son muy productivas, hoy están en manos de campesinos, indígenas y agricultores familiares”.

“Entre 1988 y 2002 desaparecieron el 24% de las explotaciones agropecuarias, dándose mayor concentración de tierras en pocas manos. Con este modelo agropecuario hubo 200 mil familias expulsadas del campo y, según datos oficiales, se desmontaron 32 canchas de fútbol por hora en nuestro país. Bajo este modelo también se usaron 190 millones de litros de glifosato. Impulsar en un 60% la producción granaria mediante el Plan Estratégico Alimentario, implicó avanzar sobre nuevos territorios”, especificó.

Darío Aranda también se refirió al desembarco de las semillas transgénicas. Y resumió: “entre 2004 y 2015 se aprobaron, como nunca antes, 24 eventos transgénicos”. Y advirtió que el Estado no hace estudios propios sobre transgénicos y que los expedientes sobre este tipo de semillas son confidenciales.

Sobre las fumigaciones y el impacto en la salud humana, comentó que “los defensores del agronegocio dicen que no hay pruebas de lo que produce el modelo agrotóxico. Pero sólo en Argentina hay más de 100 estudios de universidades públicas que confirman los efectos de los agrotóxicos”.

Las luchas ganadas

“Cuando hablamos de extractivismo nos llaman ambientalistas de manera despectiva. Y nos referimos a política, a economía y fundamentalmente a derechos humanos. Sólo en Neuquén hay 350 mapuches judicializados, acusados de usurpadores por defender el territorio donde siempre vivieron. El modelo extractivo se aplica con represión. Y para los medios de comunicación hay represiones de primera y de segunda”, objetó Darío Aranda mientras citaba decenas de casos similares y comparaba la cobertura periodística de casos de represión y asesinatos en Capital Federal y en el interior del país.

Sobre la resistencia de los pueblos, citó como emblema de lucha al Mocase en Santiago del Estero y los fallos de recuperación de tierras en varias provincias. “El no a la mina en Esquel en 2003 fue un enorme triunfo, el segundo plebiscito de América Latina y primero de Argentina que iluminó luchas en los 5 mil kilómetros de cordillera: se reprodujeron asambleas y movimientos en todo el territorio argentino a imagen y semejanza. En 1996 hubo una votación en Misiones por la represa de Corpus Christi entre Paraguay y Argentina, el 96% de la población dijo que no quería otra represa: ya tenían a Yacyretá, el monumento a la corrupción, y a todos los desalojados. Otra lucha para remarcar es el juicio en Córdoba por las fumigaciones con agroquímicos: llevaron a la justicia a un productor y un fumigador que fueron condenados. Ahora fumigar en ciertas condiciones es delito. Y en Chilecito, en la provincia de La Rioja, echaron a cuatro mineras de su territorio”, agregó.

El desmantelamiento de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba), también fue señalado por el periodista como un triunfo popular: “vienen colegas de todas partes del mundo para ver cómo una pequeña localidad de Latinoamérica frenó un monstruo. No tomamos dimensión de esa enorme lucha, que no tiene nada de especial, son vecinos que sintieron que era demasiada la injusticia, se organizaron, dejaron diferencias de lado y vencieron”.

Y subrayó que en la academia también se dan luchas: “hay muchos científicos que trabajan para las corporaciones o el poder de turno y hay otros como Andrés Carrasco, que investigó y confirmó los efectos devastadores del glifosato en embriones anfibios, que acompañan las luchas populares. Y se instauró el 16 de junio como el Día de la Ciencia Digna en homenaje a Carrasco, esa también es una victoria. En cada lugar donde se han dado luchas, ha habido resistencias y triunfos. Cuando me avisaron que Monsanto finalmente se iba de Córdoba recordé una frase que escuché en una asamblea contra el fracking en Victoria: el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad”.

Finalmente, y en cuanto a la proyección a futuro, opinó que “el actual gobierno fomenta, es una continuación y profundización del extractivismo. Pero somos muchos los que creemos que las resistencias se van a multiplicar en todo el territorio por algo muy simple que dicen los pueblos indígenas: la tierra es nuestra vida y vamos a dar la vida por defenderla”.