Cayo Mecenas era más piola

El gobierno nacional impulsa una ley de mecenazgo que beneficia más a las empresas que a los artistas.

Una ley de mecenazgo por sí misma no debería ser algo para demonizar. Inclusive podría ser vista como una oportunidad, una versión posmoderna de Robin Hood donde la intención es promover las condiciones para que los ricos, en este caso las empresas, financien a los pobres, en este caso los artistas, históricamente considerados el sector más “improductivo” de la sociedad. Pero la situación no es tan simple. Tras el anuncio del presidente sobre la creación de una ley de mecenazgo llamada “Sistema nacional de desarrollo cultural”, en la Usina del Arte de Buenos Aires, se hicieron escuchar una gran cantidad de críticas y manifestaciones de rechazo, que afirman que esta ley significaría ceder funciones del Estado al sector privado.

Pausa dialogó con Gustavo López, abogado, especialista en legislación cultural y ex ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires (2003-2006).

López realizó un análisis pormenorizado sobre el texto y lo separó en dos partes: la parte resolutiva y la parte dedicada a la exposición de los motivos de la ley.

Qué impulsa la ley

Del lado de la parte resolutiva, el tema fundamental tiene que ver con los mecanismos de funcionamiento y selección de los proyectos culturales que luego serán puestos a consideración de las empresas. ¿Promueven el federalismo? Mauricio Macri, en el acto de presentación de la ley, dijo que busca una “reparación histórica: la Argentina federal que todos auspiciamos”. Con este objetivo, en el Capítulo II, denominado “Consejo Nacional de Desarrollo Cultural”, se hace referencia a la creación de un Consejo conformado por seis consejeros generales, tres elegidos por el Ministerio de Cultura, y tres desde el Congreso, por los bloques con mayor representación parlamentaria. El toque federal lo darán con los Consejeros Jurisdiccionales, representantes de cada una de las provincias, aunque cada consejero será elegido desde el Poder Ejecutivo Nacional, y no por los gobiernos provinciales. En palabras de Gustavo López “la metodología sobre la conformación del Consejo de la ley es una aberración, comparable solo con la Constitución de 1819 centralista y conservadora. La provincia debe mandar una terna para la conformación del Consejo Federal y es el Poder Ejecutivo quien finalmente elige quien representa de esa terna a la provincia. Si hay un Consejo Federal cada provincia debe ser quien elija a quien la va a representar. Desconocen el rol del federalismo en la Constitución” . Y continúa: “Hoy no existe ningún organismo de ningún tipo, donde la decisión de designar el representante provincial no la tome la propia provincia. El Consejo Federal de Cultura, integrado por los ministros de todo el país, que funciona desde el año 2008, es uno de los tantos ejemplos de esto”.

Para López, hay que dar un debate muy profundo para que se respete la Convención de la Unesco sobre Diversidad Cultural, y estén representadas todas las provincias y sean ellas las que elijan a sus representantes. Lo mismo ocurre con la evaluación de los proyectos según las diferentes disciplinas artísticas: “El Consejo debe garantizar la representación de todas las disciplinas a través de los sindicatos o asociaciones, ya que no puede reducirse sólo a dos Consejeros Artísticos como indica la ley. Hay que rediscutir todos los órganos de conducción”.

[quote_box_right]“La metodología sobre la conformación del Consejo de la ley es una aberración, comparable solo con la Constitución de 1819 centralista y conservadora. La provincia debe mandar una terna para la conformación del Consejo Federal y es el Poder Ejecutivo quien finalmente elige quien representa de esa terna a la provincia".[/quote_box_right]

Los ideólogos de la ley explican que para contrarrestar los efectos negativos de la concentración histórica de la producción, circulación y consumo cultural en Buenos Aires se ideó el artículo 20, que plantea unas alícuotas diferenciadas según el lugar del país donde se realice el aporte el patrocinador y el tipo de proyecto. Se destaca así una una importante reducción en la desgravación del impuesto a las ganancias, con un 50% para proyectos a realizarse en la ciudad de Buenos Aires; el 80% si son en el resto del país, y del 90% si se trata de iniciativas para zonas vulnerables o vinculadas a bienes patrimoniales. Pero para López éstas medidas no alcanzan para contrarrestar esta centralidad en los organismos de conducción (del Consejo).

Además, la experiencia de la ley brasilera de mecenazgo (la llamada Ley Rouanet, con más de 20 años de funcionamiento) logró una inyección de capitales privados en la cultura, pero muy lejos quedó de solucionar el problema de la concentración, generando un aumento de la centralización de la producción cultural en las ciudades más grandes del país, San Pablo y Río de Janeiro.

En el mismo acto de lanzamiento de la ley el Ministro de Cultura, Pablo Avelluto, manifestó que el programa podría “acrecentar la inversión cultural del país en dos mil millones de pesos anuales planificando que, a partir de su implementación, se podrían poner en marcha unos dos mil proyectos de un millón de pesos promedio cada uno”. Cabe entonces la pregunta: ¿están garantizadas las condiciones para que una gran empresa de Buenos Aires se interese en financiar una murga del barrio Barranquitas de Santa Fe, por ejemplo, un grupo de teatro independiente de Esperanza o de Reconquista?

Que las empresas tengan la potestad de seleccionar los proyectos que van a patrocinar con el 100% de los fondos, podría ir en desmedro de aquellos grupos que no tienen acceso ni correlación con las altas esferas empresariales. ¿Tendrán las mismas oportunidades frente empresas como Unilever o Coca Cola una expresión de la cultura barrial, un grupo de artistas independientes, o un colectivo experimental, que no se adapte a los requerimientos mercantiles ni los gustos hegemónicos? Todo indica que las empresas querrán relacionar su imagen o sus productos a las expresiones que les aseguren réditos publicitarios.

[quote_box_right]¿Están garantizadas las condiciones para que una gran empresa de Buenos Aires se interese en financiar una murga del barrio Barranquitas de Santa Fe, por ejemplo, un grupo de teatro independiente de Esperanza o de Reconquista?[/quote_box_right]

Gustavo López frente a esta problemática asegura que será necesaria la intervención del Estado para que, a través de este Consejo Nacional, no solo de decida qué proyecto se selecciona sino cómo se financia: “Si una empresa decide poner plata para un proyecto en particular, ese financiamiento no puede estar decidido solo por la empresa sino que la mitad tendría que ir a un Fondo que se constituya con el aporte de todos, para aquellos otros proyectos que no consiguen financiamiento”. Es decir, limitar la acción del privado para que no condicione la producción cultural según el gusto de los patrocinadores y de este modo evitar la autocensura del artista.

Para López, una mención aparte merecen los artistas individuales. El capitulo III sobre los “beneficiarios” hace alusión, a través del artículo 12, a los colectivos y asociaciones de todo tipo que podrán acceder al patrocinio, pero el artista individual queda de lado. Algo muy contradictorio con el espíritu de Cayo Mecenas, diplomático y escritor romano, protector de las artes que promovió a Horacio y Virgilio, y por quien pasó a la historia el nombre y la práctica del “mecenazgo”. Siguiendo la lógica de esta ley, la humanidad no hubiera conocido al genio de Da Vinci, financiado en sus principios por el visionario mecenas, Ludovico Sforza.

Cómo se fundamenta la ley

En los “considerandos”, el texto de la ley que antecede a los artículos, se exponen los fundamentos de la ley. Es ahí donde deben buscarse las concepciones sobre la cultura, los artistas, el mercado cultural y los conceptos que se ponen en juego. Según López, “la exposición de motivos deja de lado la consideración fundamental de que la cultura es un derecho humano básico y que debe inscribirse en el campo de los Derechos Humanos a partir todas las declaraciones internacionales y los debates de los últimos 30 años”.

La propuesta de López para reflejar la concepción de la cultura como un derecho humano básico implicaría plasmar en el artículo 1 de la ley de mecenazgo la aprobación anual como mínimo el 1% del presupuesto nacional para dedicar a Cultura (como lo establece la Unesco). Esta decisión política tendría el fin de garantizar y disipar cualquier duda sobre si esta ley tiene que ver con que el Estado se retire y deje a manos de los capitales privados la administración cultural del país: “La ley así como está, pone en evidencia que para este gobierno la cultura es un bien de mercado. En su momento el tarifazo dejó a cientos de teatros y centros culturales de todo el país al borde del cierre. Y luego la medida más importante que anuncian para el área cultural es una ley de mecenazgo que apunta a la privatización indirecta de los bienes y servicios culturales, porque se deja en manos de los privados la decisión de donde poner la plata, y de como hacerlo”.

Por otro lado, el ex-ministro, resalta un párrafo muy confuso de la ley que habla del arte y su relación con la política. El texto califica como “agónica” la lógica política-partidaria y da por sentado que esa lógica no tiene que ver con la “vocación” de los artistas: “Nadie puede meterse con la subjetividad de los artistas, ellos pueden y deben expresarse como quieran. Eso abre a discriminar según la filiación partidaria o la pertenencia al cubismo, por ejemplo. Eso es censura. El arte no se puede censurar. Y no se trata de una opinión, están violando la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Diversidad Cultural de la Unesco, además del Pacto de Derechos sociales, económicos y culturales que son parte de nuestra Constitución”. Según su concepción, “esta ley tiene una profunda ignorancia acerca de lo que es la cultura y la libertad de expresión del artista”.