El Estado argentino ante la ONU por la violencia de género

Un equipo del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), con su presidenta Fabiana Túñez a la cabeza, rindió cuentas el 1° de noviembre respecto de la política nacional en materia de derechos de las mujeres ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en ingles), en la sede la Organización de Naciones Unidas en Ginebra.

En su alocución, según informó Telam, Túñez indicó que "la erradicación de la violencia contra la mujer es política de Estado" en la Argentina y, ante la consulta respecto del movimiento #NiUnaMenos, afirmó que "varias de las medidas que reclamábamos en esa primera marcha se cumplieron en estos diez meses de gestión del gobierno de Mauricio Macri".

Entre las medidas a las que la presidenta del CNM hizo referencia, estaba el tratamiento de proyectos de ley para garantizar paridad de género en los diversos poderes del Estado; la puesta en marcha del Plan para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y que el presupuesto para el área se estaba “fortaleciendo en un 30%”. Vale aclarar que este plan al que hace referencia Túñez, presentado en julio, recién comenzará a implementarse efectivamente en 2017.

El Comité también señaló que los recortes de presupuesto "pueden generar una regresión”.#ArgCedaw

— Amnistía Argentina (@amnistiaar) 1 de noviembre de 2016

Cuestionamientos y recomendaciones

“La mortalidad materna sigue siendo elevada”, afirmó Túñez, al ser consultada sobre el tema, reconociendo además que una de las principales causas de dicha mortalidad son los abortos clandestinos. Al respecto, el Comité consultó cuáles eran las medidas que se estaban tomando para evitar esta problemática y sugirió “legislar para no penalizar a las mujeres que abortan”. Además, indagó sobre la marcha atrás de la provincia de Buenos Aires respecto del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo e hizo referencia a "presiones del sector conservador del gobierno y de la Iglesia" para dicha situación.

El Estado argentino no respondió qué está haciendo para garantizar el acceso al aborto no punible en todas las provincias.#ArgCedaw

— Amnistía Argentina (@amnistiaar) 1 de noviembre de 2016

Ante la consulta sobre la implementación de la Educación Sexual Integral, Túñez explicó que "la Argentina es un país federal. Hay algunas provincias donde la aplicación de la ley es más fácil y concreta y otras donde resulta más complicado".

Entre otras cosas, el Cómite también pidió respuestas al Estado argentino por la “detención arbitraria” de Milagro Sala; cuestionó que sólo haya tres mujeres al mando de los ministerios; e insistió con la necesaria articulación entre el "gobierno federal y las 24 jurisdicciones".

El informe general de la auditoría realizada por la CEDAW, basado en el examen de los informes y de los datos transmitidos por el Estado, estará listo el 21 de noviembre.

$4.45 por mujer

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), junto a otras organizaciones, realizó una jornada en el Anexo de la Cámara de Diputados, con el fin de analizar el presupuesto del próximo año para las diversas áreas implicadas en las políticas para la erradicación de la violencia contra la mujer, haciendo referencia a algunos de los puntos expuestos por el CNM ante la CEDAW.

Según especificaron: “El cálculo en términos reales nos muestra que el Consejo Nacional de las Mujeres tendrá 8% menos de presupuesto si se tiene en cuenta la inflación prevista por el propio Poder Ejecutivo Nacional. Para todo 2016, el CNM sufrió un recorte de casi 4 millones de pesos y solo puede destinar un presupuesto de $3,85 por cada mujer. Para 2017, será de $4,45 por mujer, para todo el año. La cifra es irrisoria si se compara con otras áreas. Por ejemplo: durante 2016 el gasto por día en Prensa y Difusión de actos de gobierno equivale a 17 veces el total de presupuesto diario del Consejo Nacional de las Mujeres”.

Por otro lado, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), analizó las partidas presupuestarias para dos programas clave: el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. “Sobre el primero encontramos datos publicados, pero sobre el segundo fue imposible acceder a información destallada porque no está desagregado por el Ministerio de Educación”, expresaron, y detallaron los montos destinados a la compra de métodos anticonceptivos, mostrando las diferencias entre el presupuesto asignado y el efectivamente utilizado año a año.