Piden que se cumpla la ley de software libre

En diciembre deberían dejar de utilizarse programas pagos en dependencias del Estado. Especialistas afirman que es posible el cambio, pero denuncian la lentitud de la provincia.

La actividad denominada “Ley de Software Libre y Soberanía Tecnológica” se llevó a cabo el miércoles 26 de octubre en la Universidad Tecnológica Nacional. Contó con la participación de Martin Bayo, coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Software Libre de la UNL; Oscar Vallejos, miembro del Observatorio de Cultura Libre, y los diputados provinciales Carlos Del Frade y Patricia Chialvo.

Los expositores reclamaron al gobierno provincial que reglamente la ley N° 13.139 para que se pueda avanzar con la migración hacia el software libre en las oficinas públicas. La normativa fijó como plazo el 4 de diciembre de 2014 para que se deje de utilizar software privativo adquirido antes de su sanción y, además, estableció que el 4 de diciembre de 2016 tendría que dejar de utilizarse todo tipo de software privativo. “Esta fecha está muy cercana y la ley sigue sin ser reglamentada. Además, tampoco está siendo cumplimentada la migración en ninguno de los ámbitos de los tres poderes del Estado. Muchas de las áreas se resisten a pasar de un sistema a otro e incluso piden permisos para continuar en el software privativo. Por lo tanto, se corre peligro que la ley pierda fuerza”, aseguró la diputada Chialvo.

[quote_box_right]Vallejos: “la ley no se reglamenta porque las corporaciones de software privativo presionan a los funcionarios y evitan que la ley se aplique”. [/quote_box_right]

Al respecto, Vallejos sospecha que “la ley no se reglamenta porque las corporaciones de software privativo presionan a los funcionarios y evitan que la ley se aplique”. Esto se debe a que el Estado, como incumple con esta ley, destina actualmente muchísimo dinero en pagar licencias de software privativo. Por eso, “como hay mucho dinero en juego, las empresas que venden software privativo presionan a los funcionarios para que no reglamenten la normativa”.

¿Qué es el software libre?

Un software privativo no permite el acceso a su código fuente, ya que sólo está disponible para la persona o empresa que lo desarrolló y, por tanto, no permite su libre modificación, adaptación o incluso lectura por parte de un tercero.

En cambio, el software libre es aquel cuyo autor o desarrollador le permite a cualquier usuario ejecutarlo, distribuirlo y/o modificarlo sin costo adicional. Cualquier persona dispone del código fuente del programa o aplicación y, además, puede estudiarlo, operarlo y adaptarlo a sus necesidades de uso.

La ley vigente impulsa la migración de todas las órbitas del Estado hacia el software libre. Esta normativa sancionada en 2010 establece, por un lado, los lineamientos para la incorporación progresiva de software libre que garantice la integridad, confidencialidad, accesibilidad, interoperabilidad, compatibilidad de la información y, por otro lado, el resguardo y preservación de la información privada de la ciudadanía.

También la ley impulsa la creación de un laboratorio público de desarrollo de software. De acuerdo con Bayo, “esto beneficiaria no sólo al gobierno provincial, sino también a los municipios y comunas o hasta las provincias vecinas”. Y agrega: “lamentablemente vemos que el Estado no tiene una concepción de soberanía en este tema, sino que está apuntando a la adquisición de algunos tipos de software para resolver ciertos problemas sin reconocer su potencialidad para tener independencia tecnológica”.

Beneficios del software libre

Los panelistas detallaron algunos de los beneficios que tiene el desarrollo del software libre en nivel público.

Uno de ellos es el económico, porque como es más barato, y también al ser un sistema propio, se ahorraría dinero por la compra a empresas privadas y el consecuente pago de licencias.

Otro sería la conquista de una independencia tecnológica, ya que el gobierno dejaría de tener sus sistemas controlados por empresas privadas, que generalmente son extranjeras. También se obtendría mayor seguridad en el manejo y resguardo de la información pública.

Finalmente, otro beneficio sería el impulso a la industria local, porque habilita a los gobiernos a contratar profesionales locales para modificar o adaptar sus sistemas de gestión de información.

Soberanía tecnológica

Durante el debate, los panelistas coincidieron en que la soberanía tecnológica y el software libre son dos aspectos fundamentales para pensar las condiciones y formas de existencia en el presente. “Discutir la soberanía tecnológica es discutir qué tanto la propia ciudadanía es capaz de gobernar su destino en función de los recursos técnicos”, argumenta Vallejos.

Además plantearon que uno de los motivos por los que no se aplica la ley es que la ciudadana no percibe que la tecnología sea un elemento organizador de la vida ciudadana. En este sentido, Del Frade sostuvo: “para que haya soberanía tecnológica y popular tienen que ser populares las herramientas y los conocimientos que disponemos”.

Finalmente, Vallejos concluyó: “la discusión sobre la soberanía tecnológica no es tanto el problema de cómo el Estado organiza el aparato burocrático sobre un dispositivo tecnológico, sino cómo la ciudadanía se empodera y piensa cuál es la tecnología posible que les permita ejercer sus funciones de ciudadanos de la manera más plena”.

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Una ley de 2010

En 2004 fue sancionada la ley N° 12.360, que enunciaba que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos descentralizados y las empresas donde el Estado provincial posea mayoría accionaria, debían emplear en sus sistemas y equipamientos de informática preferentemente software libre. Si bien esta ley fue la primera de este tipo en todo el territorio nacional, volvió a ser discutida en la Legislatura.

En 2010 se aprobó por unanimidad, pero aún no fue reglamentada. Se prevén 180 días, luego, para la confección de un inventario de sistemas. Luego, 180 días más para diagramar un plan de migración. Sin reglamentación, no existe un plan integral de migración.

El 4 de diciembre se cumple el último plazo para que los tres poderes dejen de utilizar software privativo: quedarían en una situación de limbo legal.

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