Privadas de libertad y de derechos

En medio de una vieja puja presupuestaria entre Nación y Provincia, mujeres presas federales de Santa Fe son trasladadas de sopetón a otras lejanas prisiones del país.

“Es importante remarcar, aunque ya debería saberse, que el único derecho que se limita en el encarcelamiento es el derecho a la libertad ambulatoria, todos los otros derechos tienen que ser garantizados”, comentaba Carolina D’Amelio, del Programa Educación Universitaria en Prisiones de la UNL, en un panel en el cual se expuso la problemática de las mujeres encarceladas.

Este programa busca que personas que se encuentran privadas de su libertad puedan acceder a una carrera universitaria. En ese contexto, en la Unidad Nº4 de la cárcel de mujeres de la ciudad, nueve reclusas formaban parte de dicho programa. La vinculación se da a través del espacio virtual de la UNL, en la modalidad a distancia, y quienes integran el programa asisten semanalmente a las comunidades penitenciarias para realizar diversas actividades con las reclusas, las cuales van desde enseñarles a usar la computadora y la plataforma virtual, hasta negociar con el servicio penitenciario horarios para que lleven a las estudiantes al aula, según comentaron.

Pero una particular situación viene dándose con las internas de dicha unidad: desde julio de este año hasta la fecha, ya fueron trasladadas 10 reclusas federales a los penales de Ezeiza y La Pampa. “En julio, las estudiantes nos comentan que habían querido trasladarlas a otras unidades penitenciarias del país y, sólo por una cuestión operativa, esto no se había llevado a cabo”, explica Guillermina Barukel, coordinadora del programa. “En ese momento, entre otras cosas, nos planteaban qué iba a suceder con sus estudios si las trasladaban. Porque fue muy difícil conseguir los papeles para la inscripción, y todo lo que significa cursar, hacer trabajos y rendir exámenes estando en la cárcel. De las nueve estudiantes que había en ese momento, cinco eran presas federales que podían ser trasladadas”.

Trasfondo político

La provincia de Santa Fe no cuenta con cárceles federales en su territorio, por lo cual posee un convenio con la Nación para alojar en sus penitenciarías una cierta cantidad de reclusos y reclusas federales. Ese convenio implica el envío de fondos, por parte de la Nación, para mantener a estos presos y presas. Pero, según viene denunciado la Provincia desde 2011, la última vez que se recibieron dichos fondos fue durante el gobierno de Jorge Obeid, por lo cual se estima que la deuda asciende a los 90 millones de pesos.

Ante esta situación, en abril de este año la Secretaría de Asuntos Penitenciarios de la provincia le comunicó al Servicio Penitenciario Federal que iba a reducir de 100 a 50 el cupo de presos federales (aunque hay más de 300), y que el resto debería ser desalojado antes de julio. La Nación debía determinar quiénes quedaban en Santa Fe y quiénes serían relocalizados y eligió, entre otros, a mujeres con buena conducta. En aquel momento, Pablo Cococcioni, titular de la Secretaría, comentó a LT10: “parece un gesto de viveza criolla. Parece que hubieran elegido qué traslado perjudica más. Mientras tanto, hubo que hacer gestiones de las más arduas para que se lleven a uno de los líderes de Los Monos y casi no lo reciben. Es la meritocracia al revés. A los más peligrosos se los premia dejándolos en Santa Fe y a estas detenidas no”.

En medio de esa puja quedaron estas 10 mujeres. “La mayoría de estas presas federales estaban vinculadas a delitos por la comercialización de drogas ilegales, y son, generalmente, los eslabones más bajos de las redes de narcotráfico”, comentó Barukel.

Sin respuestas

Desde el momento en que familiares y las integrantes del programa se enteraron de que iban a realizarse estos traslados, comenzó el peregrinar por organizamos e instituciones en busca de frenarlos.

En julio se realizó una primera movilización al Juzgado Federal, pero a la semana de la misma se efectivizaron los primeros traslados, llevándose a cinco detenidas a la cárcel de Ezeiza, una de ellas estudiante de la UNL. “Luego de esto se presentaron varias notas a diversos organismos estatales, a la Secretaría de Niñez; a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes; para que intervengan velando por los derechos de las mujeres y sus hijos; también el diputado Carlos Del Frade hizo un pedido de informe al Ejecutivo provincial, y se presentaron habeas corpus colectivos y preventivos”, comentó D’Amelio. Pero a pesar de los esfuerzos, el 22 de octubre se realizaron cinco traslados más, y las integrantes del programa se enteraron de la situación, pasada la misma, porque una estudiante estaba entre esas cinco. “Se hace todo de un día para el otro, ellas ni llegan a avisarle a sus familias, se las llevan a la madrugada y nadie se entera”, expresaba Barukel. “Acá se están violando, entre otros, el derecho a la educación, al trabajo, y a las relaciones familiares y sociales”.

“Alejarlas de sus familias, cortar con la educación que estaban teniendo, con los trabajos, ingresar a un nuevo penal con todo lo que eso significa, instalarse cuando tenían vínculos con las otras internas; todo esto va en contra del supuesto fin que persiguen las prisiones de resocializar personas”.

La mayoría de estas mujeres vienen de sectores humildes de ciudades y pueblos de toda la provincia, y ya en esa situación el contacto con sus hijos e hijas, con sus familias, es difícil. “Muchas veces no tienen los medios para llegar a la ciudad a visitarlas, es casi imposible que puedan mantener el contacto estando en La Pampa o en Buenos Aires. Esto muestra que a nadie le importan las mujeres presas, que los reclamos hechos por sus familias, todas humildes, no son tomados en cuenta, ni por la justicia, ni por los medios; por eso es importante estos espacios de debate, de encuentro y que la universidad se pronuncie y de su apoyo”, finalizó Barukel.

Comunicado ante los traslados

Los programas de Delito y Sociedad, Género y Educación Universitaria en Prisiones de la Universidad Nacional del Litoral, publicaron el siguiente comunicado –reproducido aquí parcialmente– luego de ser efectivizados los cinco nuevos traslados de presas federales:

“A tan sólo unos días de la masiva manifestación del 19 de octubre en la que denunciamos las violencias ejercidas contra las mujeres, nos encontramos frente a una nueva situación de violencia institucional contra las detenidas en la Unidad Nº 4 de la ciudad de Santa Fe, con el traslado coactivo de cinco mujeres a la Unidad Federal Nº 13 de la ciudad de La Pampa.

Estos traslados fueron realizados sin previo aviso y reflejan la persistencia de la decisión política de trasladar a las mujeres detenidas por causas federales a unidades del Servicio Penitenciario Federal ubicadas en otras ciudades del país. Esta decisión fue denunciada en el mes de julio frente al traslado de cinco mujeres a la cárcel de Ezeiza, situación que permanece sin respuestas ni modificaciones hasta la fecha.

De fondo se encuentra una puja política presupuestaria por el cobro de las sumas que la Nación debería pagarle a la provincia para el sustento de las personas detenidas dependientes de la justicia federal. Esta falta de acuerdo entre los poderes políticos acaba teniendo eco en el Poder Judicial, con sentencias que ordenan el traslado compulsivo de las mujeres, alejándolas de sus afectos, interrumpiendo sus trayectorias laborales y educativas, así como sus proyecciones de vida futura.

En aquel momento cuestionamos el accionar del Estado basándonos en las normas de derechos humanos que regulan la privación de libertad en nuestro país y en la existencia de medidas alternativas menos dañosas para las mujeres y más respetuosas de sus derechos. Esto teniendo en cuenta especialmente que estas mujeres se encuentran detenidas por delitos vinculados a la comercialización de drogas ilegalizadas, delitos de supervivencia y carentes de dañosidad social, mientras que –como sabemos– los grandes ganadores del comercio millonario del narcotráfico forman parte de los sectores políticos y económicos dominantes y gozan de una impunidad asegurada.

Consideramos que los responsables judiciales y políticos no pueden alegar desconocimiento o fundamentación de ningún tipo para justificar una medida que, por su repetición, puede calificarse como sistemática. Exigimos que todas estas medidas sean revisadas teniendo especialmente en cuenta la voluntad y el deseo de las mujeres trasladadas”.

El comunicado completo, aquí.