Un defensor que apuesta al contragolpe

Acusaciones políticas y desenlace incierto para el pedido de remoción del defensor público Gabriel Ganón.

El proceso de destitución contra el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, entra en su última etapa con final incierto. El senador de la UCR Lisandro Enrico, como acusador, tiene los votos necesarios en la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura para lograr dictamen. Pero la decisión final la tomarán ambas cámaras por mayoría simple en sesión conjunta. Más allá de lo que dictamine la comisión, se evaluarán la acusación de Enrico, el descargo realizado por Ganón y la conveniencia de remover a un funcionario de otro poder –la Justicia– cuando faltan menos de cinco meses para el final de su mandato.

Cuando Enrico presentó en el Senado, el 28 de julio, el pedido de remoción del defensor provincial dejó en claro que se trata de “un proceso político”. Según el senador por General López, “este no es un proceso administrativo sino político. La Legislatura tiene que decidir y analizar las causales de remoción. Esta Legislatura le dio el voto de confianza al funcionario y es la misma Legislatura la que debe analizar este pedido de remoción”. Ganón puso a su favor el argumento: denunció “hostigamiento” y “persecución política” en su contra, capitaneados por sectores del Frente Progresista y de Cambiemos.

En su presentación inicial Enrico enumeró nueve motivos de “mal desempeño” de Ganón: actuación indebida e ilegítima en causas penales; parcialidad política incompatible con el cargo (milita en el Movimiento Evita); privación del derecho de defensa a los agentes policiales; manifestaciones públicas indecorosas, agraviantes e impropias de su cargo (contra el titular de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez); impartir instrucciones violatorias del Código Procesal Penal; intervención indebida siendo defensor general; actuación procesal indebida en una causa de Justicia de Menores; uso del tiempo de la jornada de trabajo para fines ajenos a su función y, por último, la designación “irregular” del abogado Enrique Font en la Defensoría Pública.

El 21 de septiembre, la Comisión Bicameral votó el inicio del proceso de remoción de Ganón. A favor se expresaron los diputados y senadores del Frente Progresista y de Cambiemos; el PJ votó en contra (resultado final: 6 a 2). A partir de entonces, comenzó el procedimiento sancionado por la Asamblea Legislativa el último 19 de mayo (por no contar con esa herramienta, fracasaron los dos intentos anteriores de destituir al defensor, en 2014).

[quote_box_right]Para Rondina, Ganón “tuvo que defenderse de denuncias promiscuas, confusas, contradictorias y no de una acusación concreta”.[/quote_box_right]

Ganón contragolpeó de entrada al denunciar irregularidades en el proceso de remoción: planteó que se trata de “una situación estructural, por eso quieren una defensa sometida, dócil, que no reclame y por eso mismo nos han reducido el presupuesto más del 70%”. En caso de prosperar la destitución, adelantó que apelará ante tribunales internacionales y desafió a Enrico –y a los legisladores que lo lo apoyen– a responder con su propio patrimonio si la provincia resulta condenada.

El nudo de la defensa de Ganón cuestiona el reglamento aprobado en mayo y remarca que las nueve acusaciones de Enrico nunca fueron presentadas ante la comisión como una denuncia formal. Por lo tanto, en lugar de responder punto por punto, el funcionario elegido por concurso bajo el nuevo sistema penal, hizo una exposición sobre la actuación del Ministerio Público de la Defensa desde su puesta en marcha en 2011.

Ganón dividió su descargo en tres partes: comenzó el miércoles 2 de noviembre con una exposición de más de cinco horas, continuó al día siguiente durante dos horas más y cerró su descargo el martes 8 a la noche. El miércoles 9, los integrantes de la Comisión de Acuerdos notificaron a los abogados de Ganón –Domingo Rondina y Leandro Corti– la decisión de tomar declaración a partir del miércoles 16 a los testigos por la defensa: víctimas y familiares de víctimas de violencia institucional, referentes de organismos de derechos humanos y expertos en derecho local e internacional.

En la última jornada de declaraciones, el martes 8, el senador Enrico no estuvo porque se encontraba en la elecciones de Estados Unidos junto a otros legisladores. El faltazo fue interpretado como un “obstáculo” al proceso por parte de Rondina: “Su ausencia le impidió escuchar nuestra defensa, con lo cual no tuvimos la oportunidad de conmover la acusación ni de que él ofrezca nuevas pruebas”. Rondina también sostuvo que se vulneraron los derechos de Ganón en cuanto al cumplimiento del debido proceso, su derecho de defensa y la falta de una acusación formal. Si bien reconoció que es “la primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe que se realiza” un proceso de este tipo, el letrado manifestó que el reglamento fue elaborado “a los tropezones porque la ley procedimental es muy defectuosa”.

Según Rondina, hay “un montón de errores de procedimiento y de afectaciones directas al derecho constitucional de defensa. En todos estos procedimientos de remoción política, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que deben respetarse como mínimo los principios establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en este trámite hay un montón de aspectos no considerados que no se tienen en cuenta”.

Ganón “tuvo que defenderse de denuncias promiscuas, confusas, contradictorias y no de una acusación concreta”.