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Anuario 2016 | De la presencia santafesina a las 30 offshores del presidente Macri.
Si el equipo de producción periodística de La Nación hubiera cumplido con su mandato principal –informar a sus lectores– las elecciones del año pasado hubieran tenido un condimento impensado y decisivo. En abril se publicaron los datos de las cuentas offshore de miles de personas en la mayor filtración de la historia, los Panamá Papers. La Nación ya sabía, durante la campaña electoral de 2015, que Macri, su familia y parte de su equipo aparecían como dueños de empresas en paraísos fiscales, que se crean de tal modo y en tales lugares para, básicamente, lavar guita. Cuestión de criterios. Y de nombres implicados.
Acá está lo que leen pero no citan: constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores pic.twitter.com/APCsOxS9e1
— @lauritalonso (@lauritalonso) 3 de abril de 2016
Antes que investigar aunque sea algo, la titular de la oficina anticorrupción, Laura Alonso, aclaró que tener empresas offshore no es ilegal. Los Panamá Papers, en otras latitudes, pusieron en jaque a gestiones enteras. Macri –junto a Vladimir Putin, por ejemplo– fue uno de los pocos mandatarios implicados. Con el paso de los meses, el diputado Darío Martínez profundizó la investigación y presentó judicialmente documentación sobre los movimientos millonarios de Fleg Trading –la empresa offshore del presidente–, que Macri había negado. Además, identificó otras 29 offshores vinculadas al presidente y unas 18 al equipo de gobierno.
Todo un ejemplo fiscal, que le da coherencia al decreto que, en contra de la ley, habilita a los familiares de funcionarios a blanquear su dinero fugado y por el que ya se encuentra imputado Macri, junto al ministro Prat Gay y el jefe de Gabinete Marcos Peña. Para el caso, el área que persigue el lavado, la Unidad de Información Financiera (UIF), está bajo el mando de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, cuestionados por su relación con bancos acusados de lavado por la propia UIF, como el HSBC. La guinda: la fuga de capitales en los primeros once meses de gobierno duplica la del mismo período de 2015, superando los 36.297 millones de dólares.
A nivel local, Pausa investigó la pata regional de los Panamá Papers: se localizaron en la provincia a 57 santafesinos, 38 domicilios, 33 empresas y una intermediaria relacionados con los paraísos fiscales. Particularmente en Álvarez, localidad a 17 kilómetros de Rosario, está el domicilio de funcionamiento de tres empresas offshore y la intermediaria, que creó esas tres empresas y otras cuatro más. En nuestra ciudad, hay seis personas y cuatro direcciones mencionadas en los Panamá Papers. Una pertenece a la Algarrobo Eco Ltd y las otras tres a Rubimore Business, propiedad de tres ejecutivos de frigoríficos Recreo.
