El estilo republicano del ingeniero

UN AÑO DE MACRI | Anécdotas sobre el apego a la ley del gobierno que iba a traer la calma y las buenas formas.

Injertada con taladro percutor, la cuestión de la República –verbalizada por Elisa Carrió y el grueso del radicalismo, que por ella es conducido– fue central en el aglutinamiento de reclamos frente a las desprolijidades, contumacias, atropellos y corruptelas del kirchnerismo y en la construcción de un lavado de cara –nivel mascarilla cosmética de soda cáustica– sobre Mauricio Macri, un candidato multiprocesado, con una historia judicial tan turbia –gran contratista de la dictadura, primero, contrabandista en la democracia naciente, luego, y vaciador del Correo Argentino, para rematarla– que hasta ocupa su lugar como tal en la más conservadora bibliografía histórica. La última perla antes de su borrado total de prontuario: en plena campaña tuvo que bajar a su candidato a diputado nacional por Buenos Aires, Don Niembraaa, debido a una serie de onerosos contratos à là Majul para servicios inexistentes labrados con el Ejecutivo que el mismo Macri comandaba.

[quote_box_left]Una extrema necesidad de poder político real lleva a sostener tanto tiempo el injustificado encarcelamiento de Milagro Sala en Jujuy. El escándalo llegó a las dos máximas instituciones globales: la ONU y Amnistía Internacional. [/quote_box_left]

Calidad institucional, independencia de los poderes, formas republicanas. Los tres términos apuntan a la misma cosa, el exilio de la conflictividad inherente a la política y de sus efectos: la transformación democrática las estructuras existentes del Estado. Obrando como guardián del apego a la norma, el reclamo republicano teme a la crítica democrática. Parodia de Mariano Grondona: la cosa pública es sólo para los dignatarios, que por definición nunca serán de la plebe. Mas, apegados a esos conceptos para evaluar el primer año de la gestión de Cambiemos, el resultado no puede ser más penoso. O esperable.

Desde el vamos

Con un golpe judicial al Poder Ejecutivo que instauró la presidencia de 12 horas de Federico Pinedo. Así de bananera fue la fundación republicana de la gestión de Cambiemos.

La situación fue presentada con humor, la celebración en los medios concentrados no tuvo fisuras, hubo chanzas vía Twitter por parte de la serie de intrigas palaciegas House of Cards, a las que Pinedo respondió. Cuánta risa.

La máxima figura institucional de la Argentina recibió la mojada de oreja de un ignoto hipster yanqui administrador de redes sociales.

Y rapidito

Varias fueron las espadas republicanas que exigieron el fin de los decretos de necesidad y urgencia, incluso Laura Alonso, que está a cargo de la Oficina Anticorrupción porque modificaron –a su medida– los requisitos de nombramiento. Sin embargo, apenas asumió, Macri gobernó a fuerza continua de decretos. Para pagar sus deudas, reventó una de las leyes más debatidas en la democracia reciente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, iniciando uno de los períodos más vergonzosos y tristes en la historia del periodismo y los medios de comunicación. Ahora sí las voces disidentes se apagan y la pauta fluye a chorros hacia los amigos (ver aparte), que cubren prácticamente todo el espectro. Intentó nombrar dos jueces de la Corte Suprema a sola firma. También por decreto se puso en curso una implacable persecución política –que incluyó manoseos como el relevamiento de perfiles web– en combinación con un criterio preciso de desguace. Conectar Igualdad es un caso emblemático: desapareció el programa.

Violencia para todos

La represión de la protesta social nunca desapareció del pack básico de prácticas del Estado democrático. Pero hay una enorme distancia entre repudiarlas y generar políticas para evitarlas o contenerlas o festejarlas y elaborar protocolos de fomento de la bala de goma y el palazo. A poco del cambio de gobierno, la policía se puso brava y volvió el paisaje de humo y corchazos en las marchas de protesta. Hubo rociado del hidrante al jubilado. El “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” se sinceró en una antológica frase sobre el estado de excepción: los manifestantes deben acotarse a una “zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales”.

El verdugueo es explícito. Tanto el presidente como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dieron abiertos avales a un brote de asesinatos matanegros. Los uniformados leen con claridad esos signos y sienten renovado vigor al palpar cómo la ley toma la forma de sus manos, con aplauso de la TV y regurgitaciones en el Inicio de Facebook.

El otro Justin canadiense

[quote_box_right]Calidad institucional, independencia de los poderes, formas republicanas. Los tres términos apuntan a la misma cosa, el exilio de la conflictividad inherente a la política y de sus efectos: la transformación democrática las estructuras existentes del Estado. Obrando como guardián del apego a la norma, el reclamo republicano teme a la crítica democrática. [/quote_box_right]

Una extrema necesidad de poder político real lleva a sostener tanto tiempo el injustificado encarcelamiento de Milagro Sala en Jujuy. El escándalo llegó a las dos máximas instituciones globales: la ONU y Amnistía Internacional. Guste más o menos, son las voces más autorizadas en el maldito mundo sobre estos temas y coinciden sin matices: más allá del curso de sus procesos, Sala debe ser inmediatamente liberada. No sólo el Grupo de Detenciones Arbitrarias extendió su dictamen –que es vinculante y no una mera opinión–, sino que el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU le chantó la demanda en la propia cara al secretario de Derechos Humanos argentino, Claudio Avruj.

Peor la pasó el presidente Macri cuando el liberal progresista pendejo super canchero de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, le propinó una paliza diplomática al fungir de vocero de Amnistía Internacional y obligar a Macri a recular en público e invitar a la ONU al país para que sus funcionarios visiten Jujuy. Lo mismo hizo Avruj con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, James Cavallaro.

Muertos y degollados

La lista es interminable. Faltan los Panamá Papers en The Guardian y Le Monde, junto a los bolsos de plata de la vicepresidenta Felisa Michetti. También la intentona de imponer el voto electrónico, desmontada por el consenso casi unánime de académicos y especialistas. O el reciente revival xenófobo. Y, más atrás, las evidentes incompatibilidades de la mayoría de los nuevos funcionarios: banqueros que piden préstamos a sus bancos, petroleros que regulan las tarifas de sus petroleras, supermercadistas que controlan los precios de sus supermercados, y así...

Las comparaciones son imposibles en un terreno que genera emociones enervadas. Jamás habrá acuerdo en un ranking de corrupción y bastardeo de los límites republicanos, porque semejante clasificación es de por sí imposible: nadie es capaz de admitir cuánto olor a podrido viene de los muertitos que hay en el propio placard o de reconocer que otra fuerza ensucia menos los trapos o, para el caso, los lava mejor y, en un punto máximo, como se debe de acuerdo a la ley.

Pero los términos no son intercambiables. La democracia –el avance crítico, colectivo y plural en la transformación de las instituciones– no puede prescindir de la república. Pero la república puede ser también operada cortando lazos con la plebe, con la sola voz de los eminentes dignatarios. La plebe espera. En su murmullo se divisa una voz sonora pide que la kchorra vaya presa. Y, más pedaleando en la banquina, el miedo de los que quedaron frente la intemperie de un Estado, su Justicia y su fuerza.