Los medios y el cambio

UN AÑO DE MACRI | Los grandes grupos de información y entretenimiento cobraron su botín: el derecho a la comunicación.

Una de las primeras medidas de Cambiemos fue derogar las leyes que regulaban los medios audiovisuales y las telecomunicaciones. El gobierno aprovecha el limbo legal para reestructurar el mercado, mientras promete la sanción de una nueva normativa. Concentración empresarial y convergencia tecnológica, las claves para entender la nueva política.

De un plumazo

Mauricio Macri pudo desarticular fácilmente la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009. Un proyecto discutido en foros en todo el país, aprobado por el Congreso Nacional y avalado por la Corte Suprema de Justicia fue derogado por el decreto presidencial 267/15.

Tal vez la ley nunca logró materializarse en cambios concretos y visibles. Quizás el empoderamiento ciudadano no era tal. Lo cierto es que el nuevo gobierno logró dejar sin efecto la normativa.

El anhelo de democratizar los medios audiovisuales quedó trunco. Por varios motivos. Por un lado, por la complicidad de un sector del poder judicial con las grandes empresas mediáticas. Por otro lado, por la obsesión de Cristina Kirchner por someter al Grupo Clarín y no mirar la totalidad del espectro. A esto se le sumó la ineptitud de Martín Sabbatella, un funcionario mediocre, sin antecedentes en el tema, que demostró ser torpe e incapaz de afrontar la tarea que le asignaron. Pero, fundamentalmente, no se pudo expresar a las grandes mayorías que la pluralidad de voces puede ampliar la agenda mediática y política. Es decir, abrir espacios de expresión a otros actores, temáticas y perspectivas puede contribuir a mejorar la vida cotidiana de las personas.

Perdimos. La legislación no se materializó en cambios significativos. Para la mayoría de la sociedad, la democratización mediática se quedó en artificios retóricos. Posiblemente por eso fue tan sencillo para Macri borrar con un simple decreto los vestigios reformistas de la normativa.

Despidos y precarización

A la derogación de leyes se añadió el vaciamiento de los grupos mediáticos ligados al kirchnerismo. Esto derivó en el cierre, achique y/o reconfiguración de varias empresas periodísticas y en la pérdida de fuentes laborales.

Se sucedieron múltiples despidos de trabajadores de los medios públicos (acusados de estar infectados con el virus K) perpetrados por Hernán Lombardi, el Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Y hubo una seguidilla de cierres y reconversiones de medios pertenecientes al zar del juego Cristóbal López y al nefasto dúo Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

El centenario diario Buenos Aires Herald se volvió semanario, la revista en papel Veintitrés estará solo en la web, los diarios Tiempo Argentino y El Ciudadano (Rosario) se quedaron sin dueño y recientemente los trabajados se conformaron en cooperativas. Los empresarios que crearon medios pauta-dependientes durante el kirchnerismo le soltaron la mano a los trabajadores con el silencio cómplice del Ministerio de Trabajo.

Mientras tanto, el canal comunitario Barricada TV todavía tiene intervenida su señal, las radios sin fines de lucro dejaron de recibir apoyo y eliminaron la señal TeleSur de la grilla de Cablevisión.

Frente a las dificultades, asoman como alternativas la autogestión y la asociación bajo esquemas solidarios y cooperativos de los medios que persisten en mostrar voces disonantes respecto de la comunicación estandarizada de los medios masivos y concentrados.

A pesar de las consignas del dialogo y pluralismo del gobierno, se percibe cierto interés por aplacar voces disonantes. El Grupo Clarín, el diario La Nación y el Grupo Prisa (Radio Continental) aumentaron la pauta oficial en 2016.

Cambiamos. Y el cimbronazo fue brusco en el mundo periodístico.

Más concentración

El fin de las leyes 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 y la 27.078 de Argentina Digital aprobada en 2014, le dio vía libre al Secretario de Comunicaciones, Oscar Aguad, para implementar cambios drásticos.

Veamos. A grandes rasgos, se puede decir que en Argentina existen dos grandes grupos de lobby en el sector info-comunicacional. Por un lado, las empresas que brindan tv por cable (léase, Cablevisión del Grupo Clarín) quieren participar en la distribución de contenidos y la telefonía móvil. Por otro lado, las empresas de telecomunicaciones (léase, Telefónica Movistar) quieren participar en la producción y comercialización de contenidos.

En este contexto, Clarín compró la totalidad Nextel y una parte de Telecom. La compañía estadounidense Viacom compró los nueve canales que manejaba Telefónica, entre ellos Telefé y Canal 13 de Santa Fe. Turner y Fox se disputan los derechos para la televisación del futbol local.

La voluntad de las empresas por expandirse se suma a la posibilidad técnica de que una misma red pueda brindar múltiples servicios de contenido. Y si el Estado no regula, esta convergencia tecnológica se traducirá en mayor concentración económica. Igualmente, ya se conoce la decisión salomónica de Aguad: que “todos puedan hacer todo” a partir de 2018.

Desafíos a futuro

Los próximos años también presentan dificultades. Por un lado, la perspectiva hacia mayor concentración mediática y el cierre de más empresas periodísticas atente contra los intereses y derechos de los trabajadores del sector. Por otro lado, la creciente influencia de las redes sociales, sumada a la crisis de credibilidad del periodismo a nivel mundial, parece indicar que el sistema de medios tal como lo conocimos entrará en una transformación irremediable.

El consumo de noticias es incidental; se accede desde las redes sociales. Fundamentalmente entre los jóvenes, el acceso a la información forma parte de la sociabilidad virtual. Esto obliga a medios y periodistas a repensar los modos de informar y sus estrategias de llegada al público. El reto es enorme.