“A la mayoría de los argentinos nos pareció que había una cantidad de delitos importante cometidos por Sala, y que ameritan las causas que tiene abiertas. Es importante que esta información sea compartida con el mundo”. Se espera que la Justicia, como poder, está constituida para ir más allá de los pareceres de las mayorías –aun si son tales–, de acuerdo a las evidencias y el apego de la ley. Eso debería defender un presidente, al menos en sus declaraciones, si de calidad institucional y división de poderes se habla. “No he visto que refuten una de las razones, de las causas, que han hecho que tengamos procesos judiciales y que tengamos presa a Milagro Sala”, dijo el gobernador Gerardo Morales en una temeraria primera persona del plural, ante la poca multitud que logró congregar delante de la Casa de Gobierno jujeña, a pocos días del asesinato –presentado como suicidio– de Nelson Cardozo, un joven que se había vinculado a Sala en una causa armada.
La Justicia es un poder y, como tal, es gestionado de acuerdo a los intereses en juego. La independencia de la Justicia no existe ni puede existir, en ningún contexto, jamás. La defensa de cualquier supuesta autonomía judicial sólo sirve a los efectos de esconder su dependencia concreta de las fuerzas políticas, económicas y sociales: la detención de Milagro Sala el 15 de enero es la prueba más sólida. La justicia jujeña no vio absolutamente nada antes del cambio de gobierno, con el cambio de gobierno las causas se suceden una detrás de la otra, encadenadas y fogoneadas por TV.
Pero el escarnio sobre Sala chocó de frente con las requisitorias internacionales que demandan su libertad inmediata y que obligan al Estado nacional a responder a la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Un escándalo. A los ojos de mundo y para la vergüenza republicana, Argentina será un país que nuevamente pasará la Navidad con presos políticos.